Marcha atrás con el gasoducto a El Calafate

También iba a abastecer a Río Turbio; fue descartado por inconveniencia económica

El gobierno de Mauricio Macri le pondrá fin al proyecto para construir un gasoducto de $ 2500 millones para abastecer a las localidades de El Calafate y Río Turbio, en Santa Cruz, una de las iniciativas más polémicas que decidió Cristina Kirchner apenas dos semanas antes de abandonar la Casa Rosada. Así se lo confirmaron a empresarios relacionados con el sistema gasífero funcionarios de primera línea que rodean al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

En la nota 12.212 del Enargas, con fecha del 16 de noviembre, el interventor en ese organismo, Antonio Pronsato -un hombre cercano al ex ministro de Planificación, Julio De Vido-, indicó la conveniencia de construir un gasoducto de 30 pulgadas que una el San Martín (un ducto troncal que pasa por la parte este del país) con el yacimiento Campo Boleadoras, para de ahí asegurar el suministro a El Calafate y Río Turbio hasta el año 2033. Pese al apuro, los números que maneja el Enargas indican que ambas localidades no tendrán problemas de abastecimiento por varios años.

La misma nota requería la instalación de ampliaciones (loops, como se denominan en el sector) paralelas a los gasoductos existentes para garantizar el «comportamiento hidráulico del sistema».

Aunque la ley del gas indica que el Enargas es un ente autárquico, fue intervenido el 22 de mayo de 2007. Desde ese momento, Antonio Pronsato conduce al organismo. La primera intervención estipulaba un plazo de 180 días, pero se mantuvo por más de siete años. Su propuesta siguió muy de cerca las recomendaciones de Distrigas, la distribuidora de gas de Santa Cruz. El gobierno de Macri aún no confirmó oficialmente quién será su reemplazante, pero fue anunciado al sector que su puesto quedará en manos de David Tezanos, un ejecutivo histórico que hasta ahora se desempeñó en YPF. De hecho, era el presidente de Metrogas, la distribuidora que es propiedad de la petrolera estatal.

El Calafate y Río Turbio son localidades cercanas al corazón de la familia Kirchner. En el primer caso, porque allí se encuentra la mayor parte de sus negocios inmobiliarios y la residencia que la Presidenta utilizaba con frecuencia los fines de semana y en su tiempo libre, y a la que ahora seguramente visitará más seguido. En el segundo, porque se construyó una central eléctrica a carbón que, pese a lo que su nombre indica, y a las desmentidas que De Vido les dispensó a quienes decían lo contrario, necesitará gas, según muestran al menos tres documentos oficiales que vio LA NACION. La nota 43.779 de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), con fecha 22 de enero de 2015, lo explica en un título cuya referencia es paradójica: «Abastecimiento de gas natural a la obra «construcción, bajo la modalidad llave en mano, de una (1) central termoeléctrica a carbón»». La carta llevaba la firma de Miguel Ángel Larregina, coordinador de YCRT.

Aunque aún no definió el proyecto final, el Gobierno intentará tomar un gasoducto que une al yacimiento denominado Boleadoras con El Calafate y le cambiará la dirección del suministro para que tome el hidrocarburo del San Martín, un caño de mayor porte.

Al menos dos documentos internos que elaboraron asesores de la entonces secretaria de Energía, Mariana Matranga, recomendaban con vehemencia no tomar la propuesta del Enargas por su inconveniencia económica. En cambio, recomendaron hacer un ducto más chico, algo que fue rechazado por el organismo que conduce Pronsato.

Una de las notas lamenta que «la provincia de Santa Cruz/Distrigas presentaron como única alternativa» la construcción de un gasoducto de 30 pulgadas de diámetro, algo que distintos técnicos consultados por LA NACION consideraron excesivo. El mismo informe, que fue elevado al entonces secretario de Combustibles, Gastón Ghioni, critica que esa propuesta no consideró de ningún modo los «aspectos financieros y económicos» del proyecto. Pero va más lejos: «La mayor falencia del análisis reside en no haber considerado como alternativa para resolver la vinculación al gasoducto existente propiedad de Petrobras [luego pasó a manos de CGC, que compró esos activos]».

Otro informe, del 18 de febrero, volvió a criticar que el ente regulador no haya tenido en cuenta la infraestructura existente. También cuestionó que la obra propuesta por el Enargas era más extensa de lo necesario. «Considerando que los tramos a reforzar suman 333,2 kilómetros, resulta inexplicable que los modelos 3C y 3D contemplen la instalación de 383,5 y 1062,1 kilómetros de cañería de refuerzo, respectivamente», sostuvo.