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A partir de este miércoles, las rutas nacionales 12 y 14 , claves para el comercio regional del Mercosur , pasarán nuevamente a gestión pública tras el vencimiento del contrato con Caminos del Río Uruguay SA (Crusa) ., Vialidad. De esta manera, Vialidad Nacional. asume de forma transitoriaasumir de forma transitoria las tareas de mantenimiento y operación de este corredor, que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, hasta que se define una nueva concesión privada.
El contrato original con Crusa había comenzado en 1990 y fue prorrogado en múltiples oportunidades. Su finalización formal debía concretarse en octubre de 2023, pero mediante un fallo judicial se otorgaron extensiones sucesivas que concluyen este 9 de abril. A la espera de un nuevo llamado a licitación —previsto ahora para septiembre de 2025 , según fuentes oficiales—, Vialidad Nacional se encargará de los trabajos esenciales: bacheo, corte de pasto, señalización, atención al usuario y seguridad vial .
Desde el sector privado, Crusa alegó que el congelamiento y posterior atraso en las tarifas de peaje —con aumentos del 1493% frente a una inflación acumulada del 4095% en seis años— impactaron en su capacidad operativa. Sin embargo, el Gobierno argumenta que la empresa incurrió en incumplimientos contractuales reiterados, por los cuales ya se labraron multas por al menos $60.000 millones . La situación está judicializada: Cruz reclama US$300 millones porpor supuestos incumplimientos estatales.
Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a los 500 trabajadores de la concesionaria , quienes desde la semana pasada dejaron de cobrar pesos como medida de protesta, e incluso cortaron carriles en la autopista Ricchieri . Vialidad Nacional aclaró que no asumirá responsabilidades laborales , ya que los vínculos contractuales eran exclusivos de Cruza.
Las rutas 12 y 14 constituyen el corredor troncal del Mercosur , facilitando el tránsito de cargas entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. En su momento, el contrato de concesión representó una de las primeras experiencias de privatización vial en el país. Hoy, su finalización ocurre en un contexto de reevaluación del modelo concesionario , con una gestión nacional que, pese a promover privatizaciones, se ve obligado a intervenir ante la falta de reemplazos inmediatos.
Mientras se define el nuevo esquema, la falta de obras de gran magnitud en este corredor genera incertidumbre sobre su futuro mantenimiento, ya que las últimas intervenciones significativas datan de 2019-2020, antes de la pandemia. Vialidad Nacional deberá ahora garantizar condiciones mínimas de transitabilidad y seguridad , en una de las rutas más transitadas y estratégicas del país.
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