El Gobierno interviene Corredores Viales

En un movimiento clave dentro del proceso de privatización de empresas estatales, el Gobierno nacional intervino la empresa Corredores Viales SArojo , operadora de la red vial nacional con peaje. Esta medida, en principio temporal hasta fines de junio, busca reordenar su estructura y avanzar en un plan de disolución que permita una futura concesión privada. La intervención se enmarca en la Ley Bases, y podría convertirse en modelo para otras empresas del Estado en proceso similar.

La compañía administra importantes corredores de la red nacional, varios de ellos con visibles signos de deterioro. Según un informe de la Dirección Nacional de Vialidad, se detectan falencias graves en el mantenimiento, como baches, deformaciones de calzada, rotura de lasas de hormigón y falta de reposición de defensas y barandas. Vialidad había intimidado en múltiples ocasiones a Corredores Viales para que ejecutar obras básicas de conservación sin obtener respuesta, lo que motivó la intervención con carácter urgente.

La gestión de la empresa recaía en José Luis Acevedo, y ahora pasará a manos de Anastasia Adem, exgerente de la Casa de Moneda, con el objetivo de auditar su situación financiera, administrativa y operativa. Aunque la firma mantenía sus cuentas equilibradas y un saldo operativo positivo, la falta de respuesta ante los requerimientos técnicos y la parálisis en proyectos licitados encendieron las alarmas del Ministerio de Transporte.

A esto se suma el inminente vencimiento del contrato de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), concesionaria del corredor Mesopotámico y del puente Rosario-Victoria. La concesión no será renovada y pasará a una administración estatal transitoria bajo control de Vialidad Nacional. Durante este lapso, se levantarán las cabinas de peaje, con la expectativa de re-licitar la operación hacia septiembre bajo nuevas condiciones.

Dentro del proceso de reforma del sistema vial, el Gobierno analiza fusionar la Vialidad Nacional con otras áreas como la Agencia de Seguridad Vial y Corredores Viales, bajo una nueva estructura institucional que está siendo definida por decreto. La reorganización busca cortar con el viejo esquema de concesión de rutas en manos de contratistas que también operaban los pesos, a favor de un modelo en el que se separa la construcción de la operación y el financiamiento.

La intervención de Corredores Viales no solo revela una crisis estructural en el mantenimiento de rutas nacionales, sino que también expone una disputa de poder en torno a quién controlará la “caja” de la obra pública vial. Mientras tanto, el deterioro de la infraestructura avanza, y el desafío para el Gobierno demostrará que el nuevo esquema permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad con eficiencia y transparencia.