Reparto de Obras Públicas en Mendoza
El gobierno de Mendoza ha presentado un ambicioso plan de infraestructura para el año 2025, el cual distribuirá 79.000 millones de pesos en diversas obras públicas a lo largo de la provincia.
Este plan, que representa el 12% del presupuesto provincial total, se enfoca principalmente en la construcción y mejora de escuelas, comisarías, centros de salud y otras infraestructuras clave.
Los principales ganadores y perdedores de esta distribución son:
- Ganadores: Ciudad, San Rafael y Las Heras son las comunas que recibirán el mayor número de proyectos, destacándose por su inversión en educación, seguridad y salud.
- Perdedores: Tupungato, General Alvear y Malargüe son los departamentos que no cuentan con obras públicas contempladas en este plan inicial. Sin embargo, el gobierno ha aclarado que estos departamentos se beneficiarán de obras continuas y proyectos financiados por el Fondo de Resarcimiento, como la construcción de residencias de cuidados alternativos y mejoras en infraestructura hídrica.
Puntos clave del plan:
- Foco en la educación: El Ministerio de Educación es el que más proyectos concentra, lo que demuestra la importancia que el gobierno le otorga a la educación.
- Infraestructura diversa: Además de las escuelas, se construirán comisarías, centros de salud, residencias de cuidados alternativos y se realizarán mejoras en rutas y sistemas de riego.
- Financiamiento: El plan se financiará con el presupuesto provincial y con fondos del Fondo de Resarcimiento, provenientes de la cancelación del proyecto de la represa Portezuelo del Viento.
- Distribución equitativa: Aunque algunos departamentos se benefician más que otros, el gobierno asegura que todos los departamentos recibirán beneficios de manera directa o indirecta a través de proyectos regionales.
En resumen, este plan de infraestructura representa una inversión significativa en el desarrollo de Mendoza, con un enfoque en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de servicios públicos. Sin embargo, la distribución desigual de los proyectos ha generado debate y preguntas sobre cómo se determinaron las prioridades y cómo se garantizará que todos los departamentos se beneficien equitativamente.
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