Licitación con polémica: Ruta del Mercosur
El gobierno nacional ha decidido relicitar la concesión de la principal autopista del Mercosur, actualmente operada por Caminos del Río Uruguay (CRUSA), generando una controversia legal. Esta decisión se oficializó a través del Decreto 28/2025, que inicia el proceso de licitación de la «Red Federal de Concesiones», incluyendo el Corredor Vial 18, que comprende las rutas nacionales 12 y 14, y el Puente Rosario-Victoria, abarcando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
El Corredor Vial 18, operado por CRUSA, abarca 668 kilómetros, incluyendo 135 kilómetros de autovía y 532 kilómetros de ruta de una sola mano. Esta arteria es considerada crucial para la circulación en el Mercosur, conectando el litoral argentino con Brasil y Uruguay. La nueva licitación busca un nuevo operador para este importante trazado.
El gobierno argumenta que esta relicitación, que incluye la privatización de rutas actualmente gestionadas por la estatal Corredores Viales, busca reducir el gasto público en aproximadamente 6.100 millones de dólares en un período de 15 a 20 años. Se busca un esquema sin subsidios estatales, a diferencia del sistema anterior que se considera deficitario. Vialidad Nacional supervisará los contratos, asegurando el cumplimiento de las condiciones y la calidad del servicio.
Para atraer inversores, se establecieron tarifas tope máximas y se condicionó cualquier aumento de tarifas a la mejora sustancial de las condiciones de las rutas, incluyendo «bache cero», calce de banquinas, señalización e iluminación. Vialidad Nacional realizará un control por resultados del estado de las calzadas. La licitación se realizará en dos etapas: la primera para el trazado de CRUSA y la segunda para el resto de las rutas de Corredores Viales y otras no concesionadas, sumando un total de 8.648 kilómetros en 12 tramos.
CRUSA, por su parte, reclama la vigencia de su contrato y la falta de renegociación tarifaria por parte del Estado desde 2009. La empresa se encuentra en concurso preventivo y ha iniciado acciones legales contra el Estado por incumplimiento de contrato, reclamando una indemnización. CRUSA argumenta que la falta de actualización de tarifas los llevó a una situación financiera crítica, afectando el mantenimiento de las rutas y el empleo de sus 550 trabajadores. Además, se menciona que en agosto de 2024 un consorcio privado conformado por Luis Losi S.A.; Rovella Carranza S.A. y JCR S.A. mostró interés en la concesión. Las empresas mencionadas son Caminos del Río Uruguay (CRUSA), Luis Losi S.A.; Rovella Carranza S.A. y JCR S.A.
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