Cómo es el plan chileno de iniciativa privada en la obra pública que admira Javier Milei

El presidente electo, Javier Milei, anunció la paralización total de la obra pública, incluso de aquella que ya fue licitada y se encuentra en ejecución, e indicó que su gobierno llevará a cabo “un sistema de iniciativa privada a la chilena”. En qué consiste el modelo del país transandino.

«Nosotros no tenemos plata» para la obra pública, respondió ayer el presidente electo ante la pregunta de Alejandro Fantino en su programa que se emite por streaming.

Y agregó: «Esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Nosotros no tenemos plata. Que los intendentes busquen la manera de financiarlo».

Ya desde la campaña electoral, el ahora mandatario electo libertario abogaba por “el modelo a la chilena” para la obra pública.

Pero ¿en qué consiste?

“A la chilena”: un sistema controlado por el Estado
Desde los años noventa, impulsadas por el entonces presidente Patricio Alwyn, de la Falange Nacional chilena, las concesiones de obra pública son el principal método de ejecución de infraestructura pública en el país vecino.

Las grandes obras públicas puestas en servicio durante el último cuarto de siglo han sido ejecutadas mediante esta modalidad de contratación administrativa.

Es en virtud de contratos de concesión de obra pública que Chile ha visto surgir túneles, autopistas urbanas e interurbanas, aeropuertos, embalses, centros de cumplimiento penitenciario, hospitales, edificios para el funcionamiento de instituciones públicas y otras obras de infraestructura de similar envergadura e importancia.

El modelo de concesiones de Chile ha sido un paradigma para la región, pero el estado no está completamente ausente del proceso: es el garante de las licitaciones, arbitra conflictos y señala prioridades de inversión de manera centralizada, mediante su Ministerio de Obras Públicas.

Con el modelo de concesión se consolidó la figura de asociaciones público privadas donde el contrato es para la ejecución de infraestructura pública, que se caracteriza por la modalidad de pago del contratista denominado derecho de explotación.

El objetivo es que capitales privados financiaran la infraestructura deficitaria, la que, al ser considerada económicamente rentable, permitiría recuperar su inversión a través del cobro directo de una tarifa a los usuarios.

Es decir, el uso de las obras públicas construídas por capital privado sería cobrado a los usuarios.

El principal desafio es, paradójicamente, la creación del marco regulatorio que haga atractivo para una empresa privada participar en obras de infraestructura, asumiendo riesgo y obteniendo financiamiento privado.

Según la investigadora chilena Javiera Lobo Chávez, el modelo chileno de asociación privada para la obra pública mostró que “el riesgo de la demanda es uno de los de mayor envergadura para los proyectos de obra pública dado que afecta directamente la estructura de costos. Los resultados muestran que un 42 % de los proyectos fallaron en márgenes superiores al 20% respecto a las estimaciones efectuadas, situación que va empeorando a medida que el plazo de obra es mayor”.

El sistema de Participación Pública Privada en Argentina
En nuestro país ya existe un esquema que permite la financiación privada parcial de la obra pública. Se trata del Régimen PPP, por Participación Pública Privada, implementado por Jefatura de Gabinete.

Unas 50 obras públicas, en su mayoría viales, se encuentran en marcha mediante esta modalidad, por un total de US$ 20 mil millones de inversión.

Entre los puntos centrales del marco PPP, el riesgo que asume el Estado es mitigado por la participación privada que busca su propio financiamiento privado.

El marco legal en todos los proyectos en el país tiene procesos estandarizados.

La relación contractual se mantiene entre sector público y privado a lo largo de la vida útil del proyecto. Se estima una tasa de financiamiento de privados del 8 al 9% anual.

Para los empresarios, unos de los principales desafíos es que no se cambien las reglas a largo plazo y que exista posibilidad de rescindir el contrato por incumplimiento del Estado. También tarifas que puedan ser indexadas en dólares y dirimir conflictos en el exterior.

La obra pública argentina hoy, en números
En los últimos cuatro años, el gobierno nacional finalizó 4.434 obras públicas de las más de 7.200 iniciadas en la gestión. Según un informe oficial, se invirtieron $728.605 millones y con las que se alcanzó al 100% de los municipios del país.

Las obras finalizadas se distribuyen de acuerdo a los ejes de gestión del MOP: 1.151 son de Conectividad e Infraestructura Vial; 1.762 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico; y 1.521 corresponden a Infraestructura Urbana, Rural y del Cuidado.

Actualmente, 2.308 obras financiadas por el gobierno nacional se encuentran en ejecución y las 523 restantes, en circuito. Adicionalmente, 615 proyectos están en proceso de evaluación y aprobación.

A través de Vialidad Nacional, se intervinieron 20.146 km, entre los que se destacan 1.209 km de nuevas autopistas, autovías y rutas, y 18.937 km de repavimentación y mejoras, con la colaboración de Corredores Viales S.A., que en estos más de 3 años y medio de gestión empleó 313.150 toneladas de asfalto e instaló 5.836 luminarias LED en las rutas que tiene bajo su concesión en 13 provincias del país (5.844 km divididos en 10 tramos).

Fuente: www.tvpublica.com.ar