El Gobierno comenzará a otorgar obra pública a los movimientos sociales

Se creó la unidad ejecutora para beneficias a las cooperativas de la economía popular.
Con la creación de una unidad ejecutora, el Gobierno puso en marcha la asignación del 30% de la obra pública a los movimientos sociales oficialistas bajo la modalidad de contratación.

En noviembre de 2022 el Ejecutivo ya había otorgado parte de la obra pública a las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular con un tope de hasta $300.000.000 con el objetivo de impulsar políticas públicas que generen empleo, por lo que consideró necesario “adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral”, según argumentó el Gobierno hace unos meses.

De igual forma, aclaró que el monto asignado puede ser actualizado “conforme lo disponga la autoridad de aplicación y tomando como indicativas las especialidades de dichas cooperativas”.

Sin embargo, faltaba instrumentar de qué manera se asignarían las obras y cómo se controlarían los diferentes proyectos. Por esto mismo, el Gobierno ordenó la creación de un organismo encargado de implementar esta decisión.

“Créase la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de Implementación de la Obra Pública Ejecutada por Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular”, dice el artículo 1° de la resolución 40/2023 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Este organismo dependerá directamente del Ministerio de Obras Públicas. La principal función es efectuar el otorgamiento de estas contrataciones, por lo que deberá evaluar los antecedentes de las cooperativas para dar las adjudicaciones de las obras.

La unidad deberá realizar el seguimiento y control del correcto cumplimiento de los términos en que el Estado otorga en modalidad de contratación una parte de las obras; en consecuencia, tendrá que solicitar a las jurisdicciones y a las entidades del sector público nacional la información vinculada al trabajo de las cooperativas.

En ese sentido, están dentro de sus responsabilidades elaborar estudios e informes basados en el análisis de los datos recopilados, diseñar y desarrollar un tablero de seguimiento de los proyectos de obra pública realizados por las jurisdicciones y entidades del sector público nacional, además de colaborar en la evaluación integral de la obra pública realizada por los movimientos sociales.

El organismo quedó a cargo del profesor Matías Coco, quien tendrá un puesto equivalente al de “Subsecretario”. Tal como lo establece la Ley N°27.431, esta unidad tendrá “una duración que no exceda los dos años”. Sin embargo, su trabajo puede ser prorrogado siempre que el Presupuesto del año siguiente al vencimiento del plazo lo permita.