Quiénes son los principales contratistas de la obra pública del gobierno porteño

Un conjunto de empresas contratadas por la administración de la Ciudad de Buenos Aires para las obras públicas y mantenimiento concentran la mitad del total de los contratos

Sobre un total de casi 300 proveedores, 15 empresas son pesos pesados de la obra pública porteña y concentran el 50% del monto en pesos desembolsado por el Gobierno porteño entre 2009 y 2022. Dentro de las principales contratistas se encuentran las empresas Criba, Conorvial, Constructora Sudamericana, Miavasa, Cunumí y las UTE entre Iecsa y Fontana Nicastro, Techint y Dycasa, y Roggio, Cartellone y Supercemento. Así se desprende de un análisis realizado por LA NACION Data sobre un documento oficial publicado en el portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese universo de empresas comprende a algunas cuyos directivos fueron aportantes para las campañas electorales de Cambiemos y Juntos por el Cambio en 2015 y en 2019, y a otras cuyos accionistas quedaron implicados en casos de corrupción como el de los cuadernos de las coimas.

La UTE de empresas Iecsa y Fontana Nicastro recibió el contrato más caro desde que Horacio Rodríguez Larreta asumió como jefe de gobierno, para la construcción del tramo C de la emblemática obra del Paseo del Bajo. En ese entonces Iecsa todavía pertenecía a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri; después fue vendida a Marcelo Mindlin y pasó a llamarse Sacde. Esa adjudicación, que fue cuestionada por la oposición porteña en la justicia federal, motivó la apertura de un expediente judicial (por el orden de la apertura de sobres que favoreció a la empresa) en el que finalmente Horacio Rodríguez Larreta como el resto de los denunciados resultaron sobreseídos.

Green S.A era otra de las contratistas más activas con el gobierno de la ciudad hasta que quebró hace dos años. La constructora mendocina, que tuvo como accionistas a Carlos Arroyo y Carlos Román, acumuló contratos por casi 240 millones de dólares con la gestión porteña. En una UTE con la firma CEOSA, Green tuvo a su cargo otro de los tramos del Paseo del Bajo por unos 100 millones de dólares. El otro tramo se le adjudicó por un monto similar a Corsán Corviam pero la contratación quedó neutralizada por los problemas judiciales y financieros de la española Isolux Corsán.

Además la UTE Green – Rottio SA tuvo a su cargo la construcción de la obra de elevación del tren San Martín, que se le adjudicó por aproximadamente 197 millones de dólares. En septiembre de 2019, el gobierno porteño informó que había rescindido el contrato con la UTE, que según la denuncia de al menos 50 proveedores dejaron de cobrar $400 millones. Esa obra luego fue readjudicada y hoy está en manos de la Nación. Según la información a la que accedió LA NACION, desde entonces Green no recibió más contratos de la administración porteña y se presentó en concurso de acreedores. Arroyo y Román están procesados en uno de los expedientes derivados del caso cuadernos por el pago de coimas durante los gobiernos kirchneristas, a la espera del juicio oral.

Los contratos por los proyectos del arroyo Vega estuvieron a cargo conformado por Roggio, Supercemento y Cartellone. Esas tres empresas también están en la mira de la Justicia por el caso cuadernos, con sus directivos implicados en el caso.

La constructora Criba, de la familia Tarasido, que fue aportante de las campañas de Cambiemos en 2015 (para la fórmula Macri – Michetti), logró contratos con la administración porteña por encima de los 180 millones de dólares. Gran parte de las contrataciones de Criba fueron a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), como por ejemplo, la construcción de viviendas sociales en el barrio Rodrigo Bueno.

Excepto por una contratación que se realizó en 2013, durante la última gestión de Macri en la Ciudad, el resto de los contratos que recibió Criba surgieron a partir de 2016. Además de los contratos con la administración porteña, esta firma se convirtió en una de las que más desarrollos inmobiliarios privados hace en la Ciudad, muchos de ellos gracias a la aprobación de convenios urbanísticos.

La UTE Techint Dycasa fue adjudicataria de la otra de las obras más caras que tuvo la Ciudad durante la gestión PRO: la extensión el Subte H. Esa obra fue adjudicada durante la primera gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño, en septiembre de 2011. El monto para esta obra fue mayor a los 520 millones de dólares.

La empresa Constructora Sudamericana recibió seis adjudicaciones por un monto de aproximadamente 180 millones de dólares. Dos de esas adjudicaciones fueron a los fines de construir un nuevo penal en el predio federal que se encuentra junto al Complejo Penitenciario de Marcos Paz y así quitar paulatinamente la cárcel de Devoto de la Ciudad de Buenos Aires, pero quedaron neutralizadas por diferencias entre el gobierno nacional y el porteño cuando asumió el gobierno del Frente de Todos. La obra avanzó aproximadamente en un 80% pero luego la contratación quedó neutralizada.

La empresa que perteneció a Caputo y se amplió a varios rubros
Otra de las grandes ganadoras de contratos en el bastión de PRO es SES S.A: tiene 20 contratos y es una de las principales contratistas, pero además tiene ocho contratos en los que participa dentro de UTEs. Hasta hace seis años el 50% esta empresa perteneció al empresario Nicolás Caputo, amigo íntimo de Mauricio Macri, y quien también tiene un buen vínculo con Rodríguez Larreta. Caputo vendió la firma Caputo SA, que controlaba SES, a la constructora TGLT. El año pasado TGLT (del empresario Daniel Lizzano) le vendió SES a CIMA Investments, liderado por Esteban Nofal. Sin embargo, fuentes de la política y del mercado todavía relacionan a la familia Caputo con SES S.A, aunque consultado por LA NACION el empresario dijo no tener vínculos con la firma ni seguir su actividad desde hace seis años.

La firma comenzó como una empresa constructora y a través de la participación en sociedades y unión transitoria de empresas amplió notablemente sus rubros de participación. SES S.A. presta, desde hace años y de manera ininterrumpida, servicios para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como la limpieza de escuelas y espacios culturales, la refacción de hospitales, la poda de árboles en la vía pública o la construcción de emprendimientos inmobiliarios.

Nicolás Caputo
Nicolás Caputo
Archivo
Según un informe elaborado por el legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés, SES S.A recibió 1200 millones de pesos en contratos de la administración porteña durante 2008 y 2015, cuando todavía pertenecía a Caputo, a quien todavía vincula con sus movimientos.

Según la información pública analizada por LA NACION, cinco de los 20 contratos que la empresa recibió fueron mediante contratación directa, es decir, sin licitación. Estos corresponden a obras realizadas dentro de la Villa Olímpica y se desarrollaron entre agosto y noviembre de 2019. Por ellos, el Gobierno desembolsó 33 millones de pesos. Teniendo en cuenta la cotización oficial del dólar al momento de inicio de las obras, los 20 contratos que SES S.A. tiene por su cuenta con la administración porteña sumaron, en total, 20 millones de dólares.

De las que más contratos tienen, la firma Cunumí S.A. acumuló a lo largo de las últimas tres gestiones porteñas obras por al menos 47 millones de dólares. Cunumí, cuyo presidente es Raúl Orsini, que estuvo implicado en el caso de coimas Skanska, no es una firma muy grande, pero ha trabajado históricamente para el gobierno de la Ciudad. Tuvo a su cargo la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en la Villa Olímpica, obras en el Parque de la Estación, viviendas en el Barrio 31 y en Retiro, entre otras.

Más abajo en la lista de contratistas, con nueve contratos, está la firma Bricons. Su principal accionista, Mario Ángel Raspagliesi, aportó dinero para la campaña 2015 de Cambiemos a título personal y a través de otra empresa. En 2016, durante la primera gestión de Rodríguez Larreta, su empresa Bricons fue contratada para realizar la traza de la segunda etapa del Metrobus Norte, por 9 millones de dólares. En 2014 había participado de una UTE con Miavasa del proyecto para el centro de trasbordo de Constitución, que unificó la estación Garay del Metrobús Sur y la cabecera de la lí­nea C de subte, por un monto de 16 millones de dólares.

Miavasa, con trayectoria en el mantenimiento de parques, jardines, y reparación de veredas, es otra de las contratistas estrella de la Ciudad. Tuvo 26 contratos por más de 55 millones de dólares en proyectos tales como aceras y superficies, reparación y renovación de veredas y la provisión de equipamientos en edificios de la Villa Olímpica, entre otros.

Quienes arrastran una larga trayectoria en el rubro de la construcción aseguran que no es sencillo para una empresa joven penetrar el segmento de la obra pública porteña, sobre todo por las condiciones que requieren los pliegos licitatorios, que demandan antecedentes en el territorio porteño, además de una capacidad técnica y solvencia económica.

“En la Ciudad, igual que como pasa en la mayoría de los lugares, y que no me parece mal conceptualmente, hay contratistas que tienen muchos años de antigüedad, de la misma forma que hay contratistas que llegan y se van, y creo que la CABA prefiere contratar dentro de la normativa general a las empresas más confiables y más conocidas que aquellas que no lo son. En la medida en que cumplan los antecedentes del pliego y la calificación que corresponda una y no las otras, está dentro de las normas de juego”, dijo a LA NACION un empresario que conoce en profundidad la dinámica de contrataciones y que tuvo un cargo en la Cámara Argentina de la Construcción.

Aclaraciones metodológicas
Algunos campos del dataset oficial se encuentran vacíos. En total, de las 1308 obras, el 15% de las obras no tiene datos sobre el monto del contrato, el 16% no tienen información sobre el contratista y el 37% no cuenta con información sobre el año en el que fue licitada la obra, entre otros campos incompletos. A su vez, dado que el 27% de las contrataciones no cuenta con el detalle del CUIT del contratista, se decidió agrupar las empresas cuyos nombres/ razones sociales coincidían.

Los montos de los contratos en dólares de las obras se calcularon teniendo en cuenta la cotización oficial al momento de inicio de las mismas.

Con la colaboración de Ignacio Suarez.

Candela Ini
Natalia Louzau

Fuente: La Nación