Alberto Fernández asigna a los movimientos sociales oficialistas el 30% de toda la obra pública que no supere los $300 millones

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) le había solicitado al Presidente ese beneficio. Está incluido en el mismo decreto que prohíbe incorporar a más beneficiarios a programas como el Potenciar Trabajo

El presidente Alberto Fernández firmó el decreto 728 a través del cual beneficia de manera directa a las cooperativas de trabajo que dependen de los movimientos sociales oficialistas, al otorgarles el 30 por ciento “de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300.000.000″.

Ese monto, de acuerdo al artículo cuarto del decreto, “será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas”. El beneficio era reclamado desde hacía meses por los principales dirigentes populares que son funcionarios en varios ministerios, como el de Desarrollo Social y Trabajo. Primero intentaron que sea aprobado a través del Congreso en forma de ley, pero al chocar con la voluntad de un buen número de diputados y senadores, se decidió tomar el atajo del decreto.

En los fundamentos se destaca que “es fundamental para el Gobierno Nacional impulsar políticas que generen empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral, cuyas consecuencias más visibles son, entre otras, la indigencia, la pobreza y la exclusión social”.

El decreto no aclara que tipo de controles existirán sobre los trabajos que se realizarán bajo esta contratación que se abonarán con fondos públicos, ni quien evaluará los antecedentes de las cooperativas de trabajo ni de quienes realizarán las tareas.

Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la UTEP y Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, y subsecretario de Políticas de Integración y Formación, del ministerio de Desarrollo Social; le dijeron a Infobae que las cooperativas de la economía popular participarán en obras vinculadas, sobre todo, a la urbanización de los asentamientos inscriptos en el Registra Nacional de barrios Populares (ReNaBaP); en obras de infraestructura social, de agua luz y gas; mejoramiento de centros deportivos y habitacionales.

Fragmento del decreto que asigna un porcentaje de obra pública a las cooperativas de organizaciones sociales

“El decreto es una forma de dar vuelta la página de los planes y transformarlos en trabajo genuino. Se fortalece los esquemas que tienen que ver con la entrega de maquinarias y herramientas que otorga el ministerio de Desarrollo Social y empleo vinculado con la obra pública de pequeña escala que no requieren grandes maquinarias”, explica a este medio Menéndez y detalla que las cooperativas sociales accederán a “obras pequeñas que tienen que ver con refaccionar edificios públicos, la urbanización de barrios, trabajos albañilería, de alcantarillado”.

Según los arquitectos consultados por este medio, uno de ellos empleado de planta en Obras Públicas, puso en valor y dimensión que magnitud puede tener una obra pública de hasta trescientos millones de pesos: representa, por ejemplo, la construcción de una 30 o 35 viviendas de entre 50 y 60 metros cuadrados en un barrio popular.

Claro que también por ese monto se puede cambiar el cableado de un edificio público mediano, realizar la pavimentación de calles, el tendido de red eléctrica o de caños cloacales. En casos específicos el personal de las cooperativas deben poseer capacitaciones adecuadas para desarrollar los trabajos, además de conocimiento y experiencia.

Los movimientos sociales, la mayoría de ellos enrolados a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo secretario general es Esteban “Gringo” Castro, obtuvieron un segundo logro. El artículo quinto del decreto le ordena a la Oficina Nacional de Contrataciones “incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes en cuya nómina se acredite un mínimo del cinco por ciento de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa ‘Puente de Empleo’”. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos explicó que esta resolución permite “avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino”, una medida avalada por Fernández y quien expuso de manera pública el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta a las pocas horas de reemplazar en el cargo al actual diputado nacional Daniel Arroyo.

Victoria Tolosa Paz, su predecesora, hizo lo propio y apenas juró en el cargo anunció que profundizaría esa medida y que no reemplazarías las bajas de los titulares del Potenciar Trabajo, con otros beneficiarios. Tal como anunció este medio, el mismo decreto 728 prohíbe la de manera específica la incorporación de nuevas personas al Potenciar.

El artículo sexto es muy claro al respecto: “A partir de la entrada en vigencia del presente decreto no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIOPRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL ‘POTENCIAR TRABAJO’, POTENCIAR INCLUSIÓN JOVEN’, ‘NEXO’ y ‘PLUS ESENCIAL’.

La medida agrega que: “el ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva (como cooperativas de trabajo), exclusivamente para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que rigen los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación”, esto es, sobre todo, máquinas y herramientas para las cooperativas que se beneficiarán con la contratación de la obras pública nacional.

El Potenciar Trabajo es el segundo programa en importancia en el ministerio de Desarrollo Social. Según cifras oficiales, en la actualidad existen unos 1.300.000 beneficiarios, de los cuales 400.000 podrían ser dados de baja después de las auditorías que están en marcha.

El decreto que acaba de ver la luz, y que ya genera controversias y suspicacias, será motivo de protesta por parte de los movimientos sociales de izquierda que en las últimas manifestaciones y acampes reclamaba por la “universalización” de planes como el Potenciar Trabajo.

“Lo que hace el gobierno con este decreto bochornoso es una vergüenza. Es una monstruosidad que no solo tengan los programas sociales cerrados, sino que además los que se caen no se puedan reemplazar. Quieren achicar la cantidad de planes no por la demanda sino por el ajuste del FMI”, le dijo a Infobae Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero. El también referente de la Unidad Piquetera anticipó que es muy probable que la semana próxima los movimientos sociales de izquierda salgan a las calles para manifestarse contra la política social de Fernández y de la ministra Tolosa Paz.

Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa, y diputado nacional que forma parte de la bancada del Frente de Todos, también se manifestó en contra de la medida del Poder Ejecutivo: “Firmar este decreto antes de fin de año es una provocación. Se puede discutir como trasformar los planes sociales en trabajo, pero antes el gobierno debe generar trabajo, con dar bajas y no incorporar a los planes a los más necesitados. Miles y miles de familias en nuestro país pasan muchas necesidades. Esto lo único que hace es sacar más gente a la calle para que proteste”, dijo ante Infobae.

La CCC, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita, tiene decenas de cooperativas de trabajo que pueden ser beneficiadas con las contrataciones en obras públicas. Tanto es así que Menéndez, como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, referentes del Evita, y los tres funcionarios nacionales, impulsaron el decreto firmado en las últimas horas.

Ninguno de ellos se sorprendió por la inclusión del artículo que impide abrir los planes a más beneficiarios, era algo que ya se venía aplicando de facto. Pérsico, a través de la secretaría de Economía Social, administra los más de 1.300.000 planes Potenciar Trabajo y junto a Menéndez y Onorato también impulsan el blanqueo de los trabajadores de la Economía Popular a través de “monotributo productivo”, un proyecto de ley que está “cajoneado” en el Congreso.

“Lo más importante del decreto es la conformación del Consejo de la Economía Popular, la participación de las organizaciones en la obra pública y la posibilidad concreta de trabajar en aspectos vinculados a proyectos productivos, a la comercialización y acceso al crédito de la economía popular”, aporta desde su perspectiva Gildo Onorato, el dirigente de la UTEP y del Evita al ser consultado por Infobae.

El decreto presidencial también está firmado por Tolosa Paz, Kelly Olmos, el ministro de Hacienda, Sergio Massa, el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. La ministra de Desarrollo Social fue la primera funcionaria que salió a ponderar la resolución que fue publicada hoy en el Boletín Oficial: “Es un decreto trabajado y dialogado con parte de las organizaciones sociales integrados por la UTEP y otros movimientos sociales de la Argentina”, y destacó: “Debemos logar que la transferencia de recursos de los que dejan el Potenciar Trabajo se invierta en bienes de capital para la Población Económicamente Activa”.

Por el decreto, ayer a la tarde el presidente Fernández recibió en la Casa Rosada a Manzur; Massa, Olmos y Tolosa Paz. “Tenemos que dejar ser el ministerio de la pobreza, para ser el de Desarrollo social”, dijo la ex diputada y contadora y remarcó que hoy la prioridad y la importancia es “brindar las herramientas para el desarrollo de las capacidades y los saberes de la población económicamente activa y especialmente a la juventud para que el país crezca y genere mayor riqueza y mayor inclusión”.