Presupuesto: negocian más obras públicas para las provincias del Norte

Los gobernadores reclaman por los subsidios a la electricidad y el transporte. Desde Nación ofrecen $ 250 mil millones para el Corredor Bioceánico.

Sergio Massa quiere asegurarse de que el Presupuesto 2023 sea aprobado por el Congreso. El ministro entiende que sería desastroso, desde el punto de vista político, que por segundo año consecutivo el gobierno no pueda contar con una previsión ordenada de sus gastos y recursos, luego del rechazo del cálculo correspondiente a 2022. Por eso en su visita de mañana a la Cámara de Diputados, donde expondrá ante la Comisión de Presupuesto, irá acompañado por casi todo el equipo económico. Estarán los secretarios Raúl Rigo (Hacienda), Eduardo Setti (Finanzas), José de Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura) y Flavia Royón (Energía), quienes lo acompañarán en su intervención y después se quedarán a responder preguntas específicas de los diputados. También en días sucesivos irán los titulares de la AFIP, Carlos Castagneto: la dirección de Aduanas, Guillermo Michel, y de Anses, Fernanda Raverta, para despejar todas las dudas.

En el Palacio de Hacienda confían en que más allá de algunas discusiones puntuales, el proyecto saldrá aprobado. Para eso cuentan con algunas señales emitidas desde la oposición. “En primera instancia, las variables macroeconómicas son más razonables que las presentadas en el Presupuesto anterior, lo que posibilitaría que podamos contar con una aprobación en general», dijo el radical Emiliano Yacobiti. Por su parte, Cristian Ritondo (PRO) no garantizó que vayan a votar a favor pero reconoció que ““el presupuesto de este año es más realista; el del año pasado se hizo a las apuradas”.

Curiosamente, las mayores rispideces que están apareciendo por estas horas no se refieren a la oposición sino a los reclamos de algunos gobernadores que se reunieron en Norte Grande, un grupo de trabajo que abarca a diez provincias de la región. Los mandatarios provinciales ya hicieron conocer quejas puntuales en lo referido a los subsidios por el transporte, que entienden que se concentran casi con exclusividad en el AMBA, y a los de tarifas energéticas, en los que creen que, a la hora de fijar los topes de consumo, no se reconoce el rigor climático de esas regiones que obliga a tener más tiempo encendida la refrigeración en verano.

Como prenda de paz, desde Economía ofrecen impulsar mayores obras de infraestructura para esas provincias, muchas de las cuales habían sido prometidas durante el macrismo a partir del promocionado Plan Belgrano pero muy pocas fueron concretadas. La mayor parte de los anuncios están referidos al Corredor Bioceánico, un conjunto de obras viales que busca facilitar la conectividad con Brasil y Chile, con el consecuente derrame para la región que dejaría el mayor comercio terrestre entre esos países.

El objetivo es “priorizar proyectos de inversión pública, que permitan continuar mejorando la infraestructura básica en una de las regiones que cuenta con menor desarrollo relativo del país. Durante el periodo 2015-2019 se evidenció una retracción en los niveles de inversión pública que se destina a la región. En los años mencionados, la inversión pública descendió 67,1% en términos reales en el Noroeste Argentino, mientras que en el Noreste Argentino disminuyó 77,1%. Finalizado el año 2020, que estuvo marcado por la pandemia, se logró quebrar esta tendencia en 2021, que se espera continuar consolidando durante 2022”, dice el mensaje de remisión del Presupuesto elevado por el Ejecutivo.

En ese sentido, para 2023 se anuncian inversiones por $ 249 mil millones en el marco del Corredor Bioceánico. De ellas casi el 60% estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que destinará $ 38 mil millones para infraestructura hidráulica, $ 28 mil millones para saneamiento y $ 24 mil millones para la construcción de autopistas.

Las discusiones se irán profundizando en el marco de las reuniones de las respectivas comisiones. En Diputados armaron un cronograma tentativo por el cual el proyecto podría ser votado en la última semana de octubre y luego pasaría al Senado. El gobierno quiere que esté convertido en ley antes de que arranque el Mundial de fútbol, el 20 de noviembre, que se convertirá en el virtual cierre del año político.