Obras por impuestos: una solución para esta coyuntura

El Estado podría habilitar un esquema de incentivos para aliviar la crisis actual

Corre el tiempo de la pandemia y el efecto cuarentena va socavando los pilares de una economía que -desde antes de que se diera esta situación- ya era frágil. En un contexto en el cual las incertidumbres son mayores a las certezas, el Estado debe convertirse en protagonista, a fin de proveer soluciones rápidamente.

Se sabe, desde un punto de vista teórico y práctico, que la economía -a través de la ley de la oferta y la demanda- no se corrige rápida ni automáticamente, de ahí que la articulación del Estado, a través de sus decisiones, se convierte en algo de vital importancia.

A partir de un análisis rápido, en la actualidad el problema está circunscripto a la manifiesta paralización de las actividades, un exacerbado gasto público (intentando proveer de asistencia a aquellos que perdieron o vieron disminuidas sus fuentes de ingresos) y una alta presión tributaria.

Bien se conoce que la solución de los problemas está en cada problema. Es decir, el remedio para la problemática aquí comentada debe necesariamente amalgamar la reactivación de las actividades, contribuir a disminuir el gasto del Estado y reconvertir la alta presión tributaria en una carga fiscal que brinde una efectiva respuesta a quienes la pagan y que, en lo inmediato, el Estado no puede dar.

Desde tal perspectiva, aparece como una de las alternativas que el sector privado cancele sus impuestos a través de la realización de obras que previamente sean autorizadas por el Estado. Esta opción es denominada «obras por impuestos».

Bajo este mecanismo propuesto, las compañías invertirían en ciertos sectores que el Estado previamente habilita, y el gasto erogado en la obra es utilizado para cancelar las obligaciones tributarias futuras, conforme un esquema que debería ser reglamentado.

Bajo esta manera de pagar los impuestos subyace la solución para el problema antes mencionado. De manera acelerada el mecanismo reporta ventajas a las empresas, a las personas y al Estado.

Las empresas canalizan el costo de los impuestos en obras que necesitan para su propia actividad (infraestructura, instituciones sanitarias, establecimientos de educación para la capacitación, etcétera). De alguna forma, se contribuye a que las empresas le den al costo de sus impuestos un uso inmediato y ajustado a sus realidades.

Las personas obtienen un doble beneficio: el cobro de salarios por la reactivación de las fuentes de trabajo, y las propias obras, que sirven para dar la asistencia que se requiera.

Y el Estado -y, principalmente, la administración de turno- hace obras a través del sector privado, que anticipa los fondos a cuenta de futuros gravámenes (obtiene financiamiento barato), le dota de transparencia y le quita el riesgo de la realización (porque transfiere la responsabilidad de su ejecución).

Desde un punto de vista práctico, el esquema funcionaría del siguiente modo. El Estado detecta un déficit, por ejemplo, de salas de atención sanitaria en una cierta zona, y una fábrica cercana advierte que si sus empleados se enfermaran no tendrían atención inmediata. En ese contexto, el municipio, la provincia o el Estado nacional (según el tipo de obra) habilita la financiación de la construcción a cuenta de impuestos de la empresa.

Es importante poner de manifiesto que la solución aquí propuesta no resulta novedosa ni innovadora en la región. Países como Colombia y Perú, de hecho, aplican este mecanismo.

A modo de síntesis: el esquema de obras por impuestos se podría convertir en el catalizador de los problemas actuales y, a su vez, podría lograr que el Gobierno se asegure la realización de obras que tanto las empresas como las persona necesitan en un corto plazo de tiempo.

Fuente: La Nación