El Gobierno intimó a las empresas de las seis obras viales de PPP que autorizó el macrismo

El ministerio de Obras Públicas instó a los contratistas a «a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos». Calculan que en dos años se ejecutó el 2% del plan.

Fue una de las banderas del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para aun en pleno terremoto económico, prometerla reconversión de 7200 kilómetros de rutas nacionales en «una moderna Red de Autopistas y Rutas Seguras». A poco de cumplirse dos años de las primeras adjudicaciones de seis corredores viales licitados a partir del esquema de Participación Público-Privada (PPP), el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, está por borrar esa herencia.

Días atrás, se informó desde su cartera, el Gobierno intimó a las empresas adjudicadas «a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos».

Un poco de historia: a mediados de 2018, se adjudicaron seis obras viales de PPP cuyo financiamiento, realización de las obras, el mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado. Pero, fuentes oficiales, argumentan que, en estos casos, «está escindida la cobertura del costo de operación y conservación de las rutas vía peaje» y, a cambio, que se financiara a través de «recursos provenientes del impuesto a los combustibles». «Claramente constituye un endeudamiento del Estado Nacional que se intentó disfrazar», denuncian.

«No es nuestra intención judicializar el tema pero es nuestro deber solucionar esta situación que heredamos», argumentaron fuentes de Vialidad nacional.

«En todo este período, las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas», es el reproche desde el ministerio de Obras Públicas. Y acusan que en 20 meses las inversiones fueron «mínimas» y la ejecución del plan apenas llega al promedio del 2%.

Los seis proyectos prometían una inversión de u$s 5400 millones en cinco años. Desde el gobierno actual reprochan que el costo final iba a ser más elevado, «ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo».

El cálculo que hacen: entre u$s10.000 y u$s 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. Un 60% para las obras y un 40% en costo financiera.

No es la única crítica desde el ministerio de Katopodis. Como, dicen, los contratos incluían también la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos), «los contratistas han estado percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018».

Los corredores viales, que fueron adjudicados a cada Unión Temporal de Empresas (UTE), son:

Corredor A: abarca las Rutas N°3 y N° 226, a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.

Corredor B: comprende la Ruta N° 5. Las obras a ejecutar estaban a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.

Corredor C: incluye la Ruta N° 7. El adjudicatario fue José Cartellone Construcciones Civiles SA.

Corredor E: abarca las Rutas N° 9, 11, 34 y 193, A-008 y A-012 (Circunvalación Rosario). Las obras a ejecutar estaban a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).

Corredor F: comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33. La obra fue para Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).

Y el Corredor SUR: incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).

Fuente: Cronista.com