Inédito: La Legislatura aprobó la suma del poder público para Larreta

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley Nro. 818-J-2020 de Emergencia Económica y Financiera con 38 votos afirmativos (Pro, Radicalismo, Socialismo, Coalición Cívica) y 21 negativos (Frente de Todos, FIT).

El proyecto prácticamente le otorga la suma del poder público al jefe de Gobierno, pese a que la Legislatura tiene prohibido por la constitución delegar facultades sin excepción (artículo 84) y el proyecto debió haberse votado con 40 votos y doble lectura, en lugar de 31 votos que finalmente obtuvo y simple lectura.

La iniciativa había sido enviada por el jefe de Gobierno y se podría avecinar un conflicto institucional de magnitud ya que los legisladores que aprobaron la ley actuaron en una grave violación de sus mandatos constitucionales.

La ley que le otorga la suma del poder público a Rodríguez Larreta le asigna una inédita dotación de superpoderes, como por ejemplo la suspensión de la vigencia de leyes -ambientales, de seguridad, transporte y planeamiento urbano-. También le permite suspender los mecanismos de democracia participativa, programas comunales, etcétera. Este superpoder no lo tuvo ningún poder ejecutivo democrático.

Rodríguez Larreta también podrá distribuir a voluntad la totalidad del presupuesto sin límites. El destino de todos los recursos de la Ciudad los definirá exclusivamente el jefe de Gobierno. Así podrá modificar contratos, permisos, concesiones y compras reguladas por las leyes sin límite alguno, por lo que podrá avanzar en sus políticas de venta de tierras y edificios públicos, de privatización de los servicios y prestaciones, recorte del presupuesto de vivienda y reurbanización de los barrios populares, etcétera.

Debe recordarse que, por la falta de infraestructura sanitaria en las villas, 400 mil personas no tienen agua potable segura.

La ley de Superpoderes se aprobó sin cumplir con el requisito de los dos tercios de los votos, por lo que podría ser impugnada judicialmente.

Durante su intervención en el salón Dorado de la Legislatura porteña, donde se llevó a cabo la sesión, la legisladora María Rosa Muiños expresó que «la ley de Emergencia del ejecutivo no cumple con ninguna de las cosas que nosotros solicitamos en ese debate. Básicamente, no tiene un control serio. Nuestro proyecto de minoría contempla proyectos que fuimos presentando en cuanto al destino del gasto, que es lo que falta en esta ley. El ejecutivo ordena de dónde van a sacar los recursos pero no dice a dónde van».

Por su parte, la legisladora Cecilia Segura hizo referencia a la comisión de Seguimiento propuesta por el oficialismo como “una comisión de la convalidación de la impunidad”. «La ley plantea la creación de una comisión de Fiscalización pero con mayoría oficialista y presidida por un diputado o diputada también oficialista. Más que de fiscalización, esta es una comisión de convalidación de la impunidad», agregó.

A su turno, el legislador Leandro Santoro aludió a “la pantomima o demostración teatral del consenso” por parte del ejecutivo porteño y dijo no querer que “pase lo que pasó ayer que sacaron recursos de los comedores escolares para beneficiar al concesionario de los subterráneos Benito Roggio”. También exigió al gobierno de la CABA que convoque a la oposición para gestionar la emergencia, de la misma forma que lo hizo el gobierno nacional.

Al momento de tomar la palabra, el legislador y vicepresidente del bloque, Javier Andrade, agregó que “la discrecionalidad, la falta de especificación sobre el destino de los recursos y la no priorización de atender a los más vulnerables es lo que nos lleva a no poder acompañar este proyecto”.

El bloque del Frente de Todos había presentado un proyecto alternativo a través de un dictamen de minoría, que incorporaba a la ley de Emergencia la protección de las actividades económicas más golpeadas, como restaurantes, hoteles, taxis, centros culturales y clubes deportivos, entre otros.

La propuesta contemplaba también un refuerzo para el programa Ciudadanía Porteña y la obligación de destinar recursos para atender situaciones de violencia de género, a través de la difusión, el acceso a la justicia, el acompañamiento en refugios y subsidios.

Además, establecía el deber de convocar a la Auditoría General de la Ciudad a realizar un examen de las compras y contrataciones.

“La Ciudad necesita una ley de Emergencia, pero debe ser para ayudar a la gente. No podemos acompañar un proyecto de emergencia que no nos garantiza que se destinen los recursos al sistema de salud o a proteger a la población vulnerable. En este contexto, no podemos apostar por un proyecto que recorta programas sin precisar qué destino tendrá”, consideraron los legisladores del Frente de Todos.

«Venimos reclamando más recursos para los barrios populares, insumos para los trabajadores de la salud, refuerzos alimentarios para la población más humilde y medidas concretas para atender las necesidades de los distintos sectores económicos de la Ciudad que están siendo afectados por la caída de la actividad como las pymes, los pequeños comerciantes y monotributistas, entre otros”, sostuvieron.

“Nos preocupa que el proyecto concede una serie de superpoderes al poder ejecutivo porteño sin establecer mecanismos de control confiables. Como legisladores, queremos ejercer nuestras responsabilidades de manera correcta y no que nos las recorten. Este es un momento para fortalecer las instituciones, no para achicar sus funciones», indicaron desde el bloque.

En declaraciones públicas, el Frente de Todos de la Ciudad denunció que «esto no es solo un cheque en blanco sino la forma indirecta de cerrar la Legislatura y desvirtuar la democracia representativa y participativa».

En su cuenta de Twitter, el FdT porteño declaró: «Rechazamos el proyecto de emergencia de Larreta porque le concede altos grados de discrecionalidad al poder ejecutivo y no contempla las necesidades de los sectores más afectados por la pandemia. Por eso presentamos un proyecto alternativo que establece medidas concretas para cuidar a los porteños y mecanismos de control adecuados para garantizar la transparencia”.

Como dato curioso debe destacarse que, mientras que la Legislatura aprobaba la polémica ley de Superpoderes, el jefe de Gobierno porteño se encontraba reunido con Alberto Fernández para presentarle el plan de ampliación de actividades para la Ciudad para la nueva etapa de la cuarentena.

Fuente: Real Politik