La Justicia habilitó a la Provincia para reparar el Estadio Bicentenario

La reinauguración del Estadio fue una de las promesas de campaña de Raúl Jalil cuando era candidato a gobernador. Los trabajos estarán a cargo del Ministerio de Infraestructura.

Mediante una nota, la Fiscalía de Estado informó al Ministerio Infraestructura y Obras Civiles que la Provincia obtuvo la habilitación de la Justicia para poder reparar el Estadio Bicentenario. La cartera a cargo de Eduardo Niederle adelantó que en un plazo máximo de 60 días se llamará a licitación para contratar a la empresa (si es que no se hace por administración) que estará a cargo de poner a punto al mega edificio deportivo construido en la gestión del Frente Cívico y Social.

La reparación del Estadio fue una de las promesas de campaña del gobernador Raúl Jalil. En ese marco, apenas asumió la gestión se instruyó a Fiscalía de Estado para que solicite la habilitación de la Justicia.

El estadio se encontraba clausurado y en estado de abandono, producto de una contienda judicial entre el Estado y la empresa Capdevilla Construcciones.

La nota enviada por Denett a Niederle señala que «por expresas instrucciones» del vicegobernador a cargo de la Gobernación, Rubén Dusso, se le informa que el Estado provincial «se encuentra habilitado para ejecutar las obras civiles y técnicas necesarias en el estadio Bicentenario a los fines de su correspondiente preparación».

En ese marco, establece que «la sola salvedad de que deberá informar a Fiscalía de Estado el inicio de las obras a realizar, para la pertinente intervención de un oficial de Justicia designado por el juzgado donde tramita el concurso de la empresa que construyera la mencionada obra”.

«Estamos contentos en poder recuperar esa obra», dijo Niederle en diálogo con «Cae el telón» de Radio Ancasti.

En ese sentido, indicó que a partir de la nota remitida por Fiscalía «se iniciarán los trámites administrativos para la contratación de una empresa para iniciar los trabajos, si es que el gobernador no establece que la obra se haga por administración».

«Calculamos que en un máximo de 60 días estamos iniciando el proceso de reparación», dijo. A lo que añadió que se calcula que las reparaciones estarán en el orden de los $113 millones.

Niederle indicó que «se va trabajar en base a un informe existe del estadio realizado por la gestión anterior» y que en base a ese trabajo «se hizo el presupuesto».

En ese marco, aclaró que ese informe «solo habla de las reparaciones estructurales que hay que realizar para poner en funcionamiento las tres tribunas que tienen problemas».

De esta forma, señaló que para afrontar los costos por los robos de sillas, cables y el deterioro sufrido en el último tiempo se deberá hacer otro informe para calcular los gastos. Ese trabajo estará a cargo de la Secretaría de Deportes.

Finalmente, sostuvo que si la contratación efectivamente se concreta en los próximos 60 días, «queremos que a fin de año o a principios del próximo estemos reinaugurando, ya que la obra no lleva más de ocho o nueve meses».

«La otra alternativa es ir habilitando por sectores si es que hay algún evento que no sea masivo», concluyó.

 

Antecedentes

La causa entre el Estado y la empresa constructora se inició en el comienzo de la gestión de Lucía Corpacci.

En ese marco, lo último que se supo del proceso judicial es que la Corte de Justicia hizo lugar a un reclamo contencioso administrativo presentado por la empresa y ordenó al Gobierno reabrir la instancia administrativa y responder una impugnación realizada a un decreto de 2015.

La empresa había planteado la nulidad del decreto OP 1974/15 con fecha del 10 de noviembre de 2015, con el que el Gobierno dictó la caducidad de la instancia administrativa en la disputa por la recepción definitiva de la obra del Estadio.

El conflicto inició en 2012, el 22 de agosto, cuando el Gobierno rechazó la recepción definitiva del Estadio. Declaró a Capdevila en un incumplimiento contractual por $2.242.337 y se notificó que la Administración se haría cargo de la obra. Una semana después, el 29 de agosto, Capdevila solicitó la nulidad de esas actuaciones y planteó un recurso de reconsideración.

Fuente: El Ancasti