Investigan la cartelización de la obra pública  

Durante los últimos dieciséis meses, la ex-Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) impulsó una investigación administrativa contra las principales constructoras de la Argentina por su cartelización en perjuicio de las arcas públicas, proceso que podría concluir con la aplicación de multas multimillonarias contra las empresas involucradas.

La investigación por presuntas «conductas anticompetitivas» apunta contra las firmas que integran el «club de la obra pública» en la órbita nacional, algunos de cuyos máximos ejecutivos se acogieron al régimen del «arrepentido» en la pesquisa judicial que comenzó con los cuadernos del exchofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno .

El «expediente» -como prefieren calificarlo en la CNDC- se inició en septiembre de 2018; es decir, siete semanas después de que estallara el escándalo por los cuadernos de la corrupción. Se registró bajo el número 45873451/18, tras una «solicitud de intervención» que remitió la Secretaría de Comercio, que por ley es la autoridad de aplicación de la ley de defensa de la competencia.

La investigación quedó a cargo de la directora nacional de Conductas Anticompetitivas, Silvia Mariel Babnik, y se encuentra en la fase probatoria, que incluye citar testigos, recolectar evidencias y documentación respaldatoria, y disponer los primeros traslados a las empresas.

Con todas las que fueron sus autoridades durante la gestión de Mauricio Macri ya fuera del organismo, la ex-CNDC espera ahora el arribo de quienes tomarán las riendas con la nueva administración. Pero el criterio de confidencialidad se mantiene, por eso no trascendió cuáles son las empresas investigadas.

Por lo pronto, uno de los primeros y más importantes «arrepentidos» en la causa de los cuadernos fue el otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Enrique Wagner, quien confesó ante el juez federal Claudio Bonadio cómo las constructoras se repartieron los contratos y pagaron sobornos por entre el 10 y el 20 por ciento del valor de cada proyecto.

Dueño de la constructora Esuco, Wagner precisó que el «club de la obra pública» definía qué empresas debían presentarse en cada licitación, cuál debía ganar, cuál presentaría la segunda mejor oferta y «acompañaría» la licitación para que pareciera competitiva, cuál sería subcontratada y que las restantes debían esperar hasta la siguiente licitación. «Todos sabían que yo era el amigo de [el entonces ministro, Julio] De Vido», confesó Wagner. «En 2004, el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente [Néstor Kirchner] debía garantizar en forma personal el éxito acorde con los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública, me dijo, iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos».

De la «Camarita» al Lava Jato

Wagner detalló que los empresarios solían reunirse en la sede de la Cámara de Empresas Viales -conocida en el ambiente como la «Camarita»-, para repartirse obras y millones. Involucró a Vial Agro, Perales Aguiar, Biancalani, Losi, Fontana Nicastro, Marcalba, Iecsa, Chediak, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco. «Me comprometo a aportar el nombre de más empresas a medida que las vaya recordando», prometió.

Esas empresas son solo algunas de las que podrían encontrarse ahora bajo la lupa de la CNDC, aunque las ramificaciones de la cartelización de la obra pública en la Argentina son más extensas. Tanto por la participación de otras constructoras o la existencia de prácticas similares en las jurisdicciones provinciales y municipales, como así también por el Lava Jato, que comenzó en Brasil, pero sumó ramificaciones por todo el hemisferio, incluida la Argentina, según revelaron arrepentidos brasileños.

«Es importante indicar que para que una empresa extranjera de ingeniería lograse participar de los proyectos públicos [en la Argentina] era imprescindible que estuviera asociada con empresas locales», detalló el exvicepresidente de Odebrecht para América Latina Luiz Antonio Mameri, al declarar ante los fiscales brasileños como «delator premiado». «Esas empresas de ingeniería eran previamente informadas respecto de quién ganaría la licitación y qué pagos indebidos deberían realizarse a los funcionarios públicos».

Un cartel que resiste

Odebrecht y otras constructoras extranjeras, aclaró Mameri, «no tenían contacto con esos funcionarios, por lo menos en la fase inicial de la licitación. La relación con esos funcionarios la mantenían exclusivamente los socios locales o los empresarios argentinos. Dentro de ese contexto, Wagner le presentó a Odebrecht el plan de obras que sería implementado por AySA […] y se nos informó que si Odebrecht tenía interés en participar del proyecto, debería asociarse con empresas locales. En este caso teníamos que asociarnos con tres empresas locales, que fueron Benito Roggio e Hijos, Cartellone y Supercemento».

Tanto Wagner como las tres empresas que junto a Odebrecht integraron el consorcio ganador para construir la planta potabilizadora de agua de Paraná de las Palmas negaron haberse cartelizado o pagado coimas. Pero el juez federal Sebastián Casanello concluyó que existían pruebas suficientes para procesar a sus máximos ejecutivos, De Vido y otros exfuncionarios, decisión que confirmó la Cámara Federal. Ahora, la CNDC avanza contra las constructoras y podría sancionarlas con multas multimillonarias, desde el Poder Ejecutivo, por su cartelización. Hacia delante, en tanto, el nuevo ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirma que se aplicará un «programa de fortalecimiento de la calidad institucional para la transparencia en la contratación de obra pública» con el propósito de controlar más y mejor el presupuesto y la ejecución de las obras públicas para así lidiar con un «club» que lleva décadas y, todavía hoy, se resiste a desaparecer.

Fuente: La Nación