La infraestructura económica y social, en el peor de los mundos

La inversión va camino de caer 60% en 5 años. Todo visible en la calidad de los servicios públicos y en los cuellos de botella de la producción.

Las inversiones en infraestructura suelen ser asimiladas a desarrollo económico y social, porque significan desde ferrocarriles, autopistas, caminos, energía eléctrica y puertos, hasta viviendas, salud, agua potable y escuelas. Todo sostenido por fondos del Estado y ejecutado por empresas privadas.

El problema es que hace rato tenemos una infraestructura insuficiente, que atrasa, cara y en muchos sentidos ausente, tal cual salta visible en los cuellos de botella que enfrentan las actividades productivas y en la calidad de los servicios públicos. Viene cantado, entonces, que sacar al país de semejante pantano debiera figurar entre los objetivos rigurosamente prioritarios.

Cantado y no tan cantado. Los también llamados gastos de capital son la primera estación por la que pasa la guadaña cada vez que toca ajuste fiscal, pues se trata de una alternativa que se nota poco frente a recortes políticamente más onerosos e inviables. Las pruebas de la movida asoman nítidas en las últimas cuentas oficiales.

Revelan que entre enero y octubre los gastos de capital totales han crecido un 24,4%, esto es, 29 puntos porcentuales menos que la inflación y desplome profundo.

Con un aumento del 64%, la inversión directa a cargo del Estado nacional sobrevive entera a cualquier comparación. Pero entran de lleno las transferencias a las provincias, para obras cuyo financiamiento comparten la Nación y los Estados del interior: no crecen sino retroceden 19% en valores nominales o impresionantes 73 puntos porcentuales contra la inflación.

En los hechos discrecionales, porque la Casa Rosada decide a quienes van y a quienes no van o van en cuentagotas, estas transferencias también quedan a tiro al momento de activar la guadaña ajustadora. Y como las finanzas provinciales tampoco lucen desahogadas, y unas cuantas bastante menos desahogadas de lo que supone el gobierno central, la consecuencia se llama obras proyectadas que se postergan o, directamente, obras que se han paralizado.

Enfrentados a un cuadro así, los gobernadores están hoy ante el dilema de qué hacer con el Pacto Fiscal, o sea, si diferir rebajas impositivas comprometidas o sostenerlas a su costo. Empezando por Ingresos Brutos.

Nada extraño en la transición albertista es que, mientras el tiempo apura las definiciones, los mandatarios acarrean el problema adicional de no tener un interlocutor del futuro gobierno. Ni los del palo de Fernández ni los del otro. Saben lo que todo el mundo sabe: que apenas el presidente electo haga pie en la Rosada, sobrevendrán aumentos en las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

“Claro que eso es plata para ellos y plata que perdemos nosotros”, dice un ministro de Economía el interior. Plata para ellos quiere decir recursos que quedarán limpios en la caja nacional. Y plata que perdemos quiere decir Ganancias, un impuesto fuerte que se coparticipa con las provincias y cuya recaudación será herida por las retenciones.

 

Otra inquietud compartida pasa por el tratamiento que el cristinismo le dará a la provincia de Buenos Aires. Esto es, si habrá recursos extra y discrecionales para Axel Kicillof y nada para el resto. Kicillof, ni hace falta aclararlo, es una pieza clave en el esquema de poder de la futura vicepresidenta.

De vuelta a la inversión en infraestructura ausente, hay otras cuentas diferentes pero igual de contundentes. Según fuentes oficiales, entre 2015 y 2019 los gastos de capital del Sector Público Nacional han bajado un 53,9% y retrocederían el 60% en 2020, tomando la última proyección del Ministerio de Hacienda. Vale reiterar, 60% en seis años. Y vale agregar que aún el pobre promedio de América latina supera en mucho, y hasta en tres veces, a los últimos registros de la Argentina.

Otra medida del mismo fenómeno asoma en un estudio de la Cámara de la Construcción que los equipos de Alberto F. conocen.

Plantea que de 2020 a 2029 harían falta inversiones por alrededor de US$ 383.000 millones, de las cuales un 70% serían del Estado y 30% privada. Crédito de organismos internacionales y crédito de bancos extranjeros, en el medio salta una condición necesaria: la renegociación de la deuda.

Hay allí trabajos de urbanización, lo que el estudio llama “construir barrio y ciudad”; ferrocarriles que triplicarán la carga transportada; obras viales; agua potable y saneamiento para sectores postergados; viviendas sociales y planes orientados a la generación y transmisión de energía. En fin, todo o buena parte de aquello que demandan el crecimiento sostenido de la economía y contar con servicios públicos de calidad.

Y ya que estamos en tren de cubrir necesidades no vendría mal avanzar, también, hacia una distribución más equilibrada de los ingresos. Ahora, datos del INDEC sobre cómo se reparte el gasto en dos capas sociales.

Cuentan que el sector más bajo de la pirámide destina un 36% a alimentación y el más alto, un 14,8%. En electricidad y gas, las cifras señalan 9,2% contra 3,4%. El acceso a la salud privada dice 1% versus 36,9% y a la educación privada, 5,4% contra 63,9%. Y la conexión a Internet, 20,8 y 86,7% respectivamente. Esto es salarios, poder de compra y capacidad para manejar los ingresos: cada cual al modo que puede o al modo que prefiere.

Fuente: Clarín