El decreto de Macri sobre los peajes no frena la investigación contra Dietrich e Iguacel

Un decreto del presidente Mauricio Macri rescindió las concesiones de siete corredores viales con acuerdos vencidos hace dos años, en un intento por frenar la investigación en curso sobre irregularidades en las concesiones que involucra al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Javier Iguacel. Pero desde la Justicia aclaran que la medida no implica un freno a la investigación en curso.

A principios de septiembre pasado el fiscal de instrucción Eduardo Taiano decidió impulsar la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, imputando a Dietrich e Iguacel por habilitar a varias empresas a continuar con el cobro de peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos a pesar de tener sus contratos de concesión vencidos. El escrito del fiscal sostiene que “la verdadera intención habría sido ampliar los plazos contractuales para beneficiar ilegítimamente a las empresas concesionarias”.

Estas empresas son CPC SA y Benito Roggio SA; Esuco SA y Decavial SA; Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA; Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA; Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri (en la actualidad Sacde SA); Corporación América y Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA.

Los delitos enumerados por el fiscal en relación con el caso incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica. Algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano ya fueron ordenadas por el Juez Sebastián Casanello, incluyendo las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos y el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra.

Como respuesta al impulso de la causa en los tribunales federales, el Presidente firmó este martes el Decreto 659/2019 (con la firma de Macri, el imputado Dietrich y el jefe de Gabinete Marcos Peña) que confirma la finalización de los contratos y establece el pase de los 3374 kilómetros de ruta concesionados a la estatal Corredores SA, con un texto que reconoce elípticamente que las empresas estaban operando irregularmente con pliegos de licitación vencidos.

Los contratos fueron firmados en 2010, con vencimiento el 21 de abril de 2016, contemplando una posible prórroga por un año. Así, el vencimiento pasó a ser abril de 2017, momento en el que debió llamarse a una nueva licitación, cosa que nunca se hizo.

Fuente: Informe Político