Incertidumbre 2019-2023

Las necesidades de ingresos del Gobierno 2019-2023 sostendrán en el futuro un nivel de presión fiscal alto.

El resultado de las elecciones primarias de agosto profundizó la recesión que arrancó el 27 de abril del año pasado. Los mercados quedaron tan sensibles que cada palabra de los dos principales candidatos a presidente, Mauricio Macri y Alberto Fernández, agita las decisiones especulativas y contrae aún más la inversión y el consumo.

La incertidumbre que envuelve a los agentes económicos desató una crisis de credibilidad sin precedentes: no creen en el Gobierno, ya que los analistas internos y externos advierten que es muy difícil su continuidad en el poder, y tampoco creen en la oposición, porque dudan de si tomará un perfil político propio o de si recuperará los rasgos del cristinismo.

Pero la incertidumbre no está alimentada sólo por lo político. Hay datos duros de la economía sobre los cuales, quienes los plantean, sólo pueden ofrecer sus dudas acerca de las alternativas que se abren, sea el próximo presidente de una tendencia o de otra.

Días atrás, Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), expuso, ante un grupo de empresarios del supermercadismo y de la industria del consumo, el ajuste que debería plantearse la próxima administración, en función del shock inflacionario de este año.

Para el economista cordobés, este año cerrará con una inflación en torno del 50 por ciento y con un retroceso de la economía de tres por ciento, por lo que hay que proyectar para 2020 precios internos que crecerán cerca del 30 por ciento y con una variación cero de la actividad económica, en el mejor de los casos.

En este escenario, los ingresos fiscales de la Nación caerán 0,5 por ciento en 2020, por la continuidad de la reforma tributaria y por los efectos recesivos sobre la actividad productiva.

El Estado nacional tiene un volumen de gasto público que se ajusta automáticamente (por ejemplo, jubilaciones) y que en 2020 subirá 0,5 por ciento del PIB, por la inflación de este año.

Además, tiene un gasto público no ajustable que este año representa el 9,5 por ciento del PIB. Si el nuevo gobierno respetara los compromisos acordados de reducción del déficit fiscal, para 2020 debería pasar a un superávit de 1,5 por ciento del PIB.

Para llegar a esa meta, debería reducir el gasto no ajustable en un 2,8 por ciento del PIB, para lo cual tendría que reducir a cero el gasto de capital (no hacer ninguna obra pública), los subsidios económicos y las transferencias corrientes a las provincias.

Aun con todo este esfuerzo fiscal, no le alcanzaría. Por lo tanto, tendría además que reducir cinco por ciento el plantel de empleados públicos nacionales.

Pero sólo los intereses de la deuda a la que debe responder el Estado el año que viene representan 3,5 por ciento del PIB.

 

Según las proyecciones del Iaraf para 2020, si el Estado cubriera esos pagos con el resultado de superávit fiscal primario (lo que sería recomendable para una administración sana), habría que apuntar a un superávit primario de cuatro por ciento del PIB, y esto implica bajar ese gasto no ajustable 5,3 por ciento, lo que es políticamente inviable.

Está claro que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será, al menos, renegociado, cambie o no el signo político del gobierno nacional.

Aun así, la próxima administración tendrá que volver, en algún momento, a los mercados de crédito, ya que contará sólo con 12 por ciento del préstamo otorgado por el FMI y nadie espera un rebote inmediato de la actividad.

La necesidad de ingresos de la gestión 2019-2023 sostendrá en el futuro un nivel de presión fiscal alto. Estos y otros indicadores llenan de incertidumbre a los agentes económicos, más allá de quién sea el próximo presidente.

Fuente: La Voz