Registro de Constructores: Muy difícil

Quiénes han leído nuestras notas anteriores sabrán de nuestra opinión adversa al sistema que se implementó por Disposición 16/2019 para calificar a las empresas constructoras;  podrán observar que nuestra crítica no responde al oportunismo político del momento, sino que desde el inicio de este proceso advertimos de las graves consecuencias que traería hacer una modificación por gente ajena al sistema de la obra pública y sin consenso alguno con las cámaras, empresas, especialistas y funcionarios de carrera.

El sistema en vigencia es una versión levemente modificada de ComprAr,  un programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apto para adquisición de suministros (Lápices, gomas de borrar, útiles de escritorio). Tan cierto es esto que ese gobierno utilizaba el viejo Registro de Constructores en sus obras públicas.

Los mentores de este proyecto que no cuentan con ninguna experiencia en materia obras, son en su mayoría teóricos, Licenciados en Ciencias Políticas, e informáticos. Con ese equipo  se elucubro el sistema ContratAr,  para peor no fue desarrollado por personal del Estado Nacional sino que contrataron a una consultora privada mediante contratos onerosos a cambio de lo cual recibieron una versión Beta o Demo sin terminar, por eso lanza errores.

Con esta realidad deben lidiar las empresas constructoras, los funcionarios no tomaron en cuenta que es extremadamente dificultoso para una empresa constructora recuperar los contratos de obras de los últimos 5 o 10  años,  y que por la naturaleza de la obra misma en algunos casos no existe contrato. En algunas obras las facturas hacen de contrato,  pero son cientos o miles  y en ellas no se detalla ni objeto ni plazo ni ninguno de los datos que nos requiere el sistema.
Estos contratos, en los casos en que existieran, deben ser escaneados, editados  y numerados en base al código de obra que otorga el sistema.  Para ello se necesita programas profesionales de edición de imágenes,  que no todas las empresas disponen o manejan.
El envío por sistema de documentos digitalizado se hace igualmente muy lento porque el programa acepta un peso (MegaByte) acotado. Hay que combinar documentos o fragmentarlos.
También se está solicitando últimamente los últimos certificados de obra.
Para finalizar, se requiere  contar con un programa auxiliar que vaya contabilizando el monto total de lo declarado para no excederse ni quedarse exiguo respecto a los valores de ventas expuesto en el balance. Caso contrario el trámite es observado o la capacidad resultante es muy baja.

Tampoco tomaron en cuenta, los funcionarios,  que desde la firma de un contrato hasta su culminación hay innumerables modificaciones,  de plazo,  de montos,  de objeto,  de planos,  de asociados en las UTEs, de adicionales de obra, de interrupciones de obra,  de costos improductivos, cesiones de contratos…………………  No lo tomaron en cuenta porque no son gente de la obra pública,  porque no saben.

Esta realidad de la obra pública tangible no hay modo de exponerla en las primitivas pantallas que nos propone este sistema,  no nos oponemos a la digitalización, cuestionamos la incompetencia digital. Que es diferente.

Los conceptos antes vértidos los efectuamos luego de haber participado en varias decenas de re-inscripciones  lo cual nos permitió apreciar y dimensionar los errores de este precario programa en versión Beta (a prueba).

Hemos advertido también que el programa en uso no cuenta con una auditoría confiable y tenemos severas dudas  que a la hora de la calificación no haya “hijos y entenados”  y que algún funcionario político posea  un “botón digital verde”  para que pasen los amigos.

Digitalización no es sinónimo de honestidad, la corrupción digital es posible.

Ing. Miguel Gomez Nieto