Cuadernos: los acusados deben vender sus acciones para que sus empresas entren en los PPP

Para recibir financiamiento para estos programas se exigirá que quienes son investigados no tengan ninguna participación en el negocio; el Gobierno dice que aplica normas internacionales

«Odebrecht sigue siendo de Marcelo Odebrecht», se quejó un directivo de la construcción aludiendo a la empresa de ese sector más importante de América Latina y a las secuelas -o la falta de ellas- sobre la composición accionaria de la firma tras el Lava Jato. Un abogado del sector, cerca de Tribunales, se lamentaba sobre cómo, tras la nueva reglamentación oficial, uno de sus clientes comenzaba a quedarse afuera de futuros negocios de la obra pública. Hace unos días esas normas fueron motivo de un largo debate en el consejo directivo de una constructora. Y pese a que algunos ven como irreversible la situación, en una importante firma del sector comparaban cómo las renovadas reglas para una parte de la construcción y sus empresas se parecen a las que el FMI impone a la economía argentina. «Es como si te estuvieran diseñando el modelo de la empresa para los próximos cinco años», dijo.

El caso de los cuadernos de las coimas (la corrupción) y el riesgo emergente argentino (la falta de financiamiento) impulsaron de manera indirecta una revolución silenciosa que comenzó a producir cambios en el diseño mismo de los directorios de las constructoras y en sus núcleos de poder.

El «ruido» lleva tiempo, pero explotó semanas atrás con una noticia en las tapas de los diarios. A principios de abril, el Gobierno confirmó que se invertirán US$900 millones para agilizar las obras viales licitadas con el esquema de participación público-privada (PPP). El dinero llegará del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -US$200 millones- y de la banca internacional (JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, Citibank y UBS), que aportaría el resto del financiamiento.

Pero ni el BID ni la banca extranjera (y menos la banca local, que en un primer momento iba a aportar los fondos el primer año) estaban dispuestos a asumir el riesgo reputacional de quedar asociados a empresas salpicadas por el escándalo de los cuadernos en tiempos del kirchnerismo, cuando se enriquecieron funcionarios y financiaron campañas. La solución ideada en agosto por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que conduce Francisco Cabrera, se llamó «marco de integridad» y obliga a los salpicados que quieran participar de un PPP y que pretendan conseguir financiamiento del fideicomiso creado por el BICE -una de las pocas opciones existentes para financiar grandes proyectos de infraestructura- no solo a dejar afuera del consejo directivo de la firma al individuo salpicado en una causa de corrupción, sino también a que aquel venda sus acciones.

«Si dicho evento de integridad (procesamiento firme en segunda instancia, una sentencia o arrepentimiento) está relacionado con una persona humana, dicha persona humana será desvinculada de su empleo, función o posición dentro de la estructura del cliente, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la detección de dicho evento», dice una de las cláusulas del marco. «Si dicho evento de integridad está relacionado con un accionista persona humana, el derecho a voto de dicho accionista (directo o indirecto) será revocado inmediatamente. Asimismo, dicho accionista deberá transferir y/o vender todos los derechos políticos o económicos que posea en el cliente dentro de los 90 días hábiles posteriores a la ocurrencia de dicho evento. Dicho plazo podrá ser prorrogado a satisfacción del BICE (…) por igual término, siempre que el propietario de dichas acciones haya demostrado de forma fehaciente su voluntad de concretar dicha transferencia dentro del período inicial», agrega la siguiente en el texto del fideicomiso.

«Se trata de un marco de integridad claro, objetivo y redactado por el BICE y el BID, y convalidado por dos estudios de abogados internacionales», afirmó a LA NACION José Luis Morea, gerente general del BICE y uno de los impulsores del diseño de los PPP, que aclaró que la participación o no de las empresas en este fideicomiso es voluntaria. «Pueden conseguir financiamiento en otro lado», dijo. Claro que esa posibilidad es difícil con el actual riesgo país argentino y con el caso de los cuadernos involucrando a cada vez más empresas. Y las constructoras locales lo saben.

«Se empieza a ver informalmente que varias de esas empresas toman acciones dentro de sus consejos. Hay acciones preventivas y directivos que se apartan del management. Además, modifican estructuras corporativas y hay accionistas que ceden su participación en la sociedad», dijo Morea, que agregó que el marco tiene como base las normas de compliance de mucho bancos extranjeros. Según su opinión, los bancos locales comenzarán también a aplicar esta adecuación. Este mismo marco de integridad se aplicó también para la licitación de un PPP de transmisión eléctrica en marzo pasado y promete extenderse en el futuro para este tipo de proyectos.

 

Acciones preventivas

«Aquel que está en un contrato PPP tiene un plazo de 30 días para el cambio de acciones», afirmó Agustina Morán, oficial de Integridad del BICE. «Lo cierto es que quien tiene un evento de integridad lo sabe. No es una sorpresa. Aquel que se va a arrepentir habla con sus abogados», agregó. Ya dentro del PPP, y a la hora de cambiar las acciones de manos, no se pueden transferir a un familiar con hasta un segundo grado de cosanguinidad (hermanos, abuelos y nietos; por afinidad: padres políticos y cónyuge de la hija o hijo). Por eso, los dos funcionarios del BICE afirmaron que comenzaron a ver acciones preventivas en las empresas antes de ingresar a los PPP.

«Esto es un desastre hecho por alguien que no tiene idea. Cómo te van a obligar a vender las acciones de la empresa», se quejó el dueño de una constructora familiar. «Te comprometés a vender las acciones de tu empresa si estás procesado. Pero en esa situación no está demostrada tu culpabilidad. Todo eso para obtener un préstamo del BID que no llega al 10% de la inversión necesaria. Además, me gustaría saber cuánto se están apartando de las normas de licitación», dijo.

«Se han pasado de largo con las normas de compliance. En la Argentina, a diferencia de Brasil, la maniobra fue organizada desde el Gobierno, no desde las empresas, y de lo contrario te cerraban la empresa», se quejó el constructor. «De una ronda de consultas, la palabra más saliente es utopía. Que te obliguen a vender, puede ser. Pero, ¿y si no podés?», agregó otro empresario.

En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) dijeron que prefieren no opinar en este momento. «Perderíamos la industria. Es una idea descartada en todo el mundo», agregó uno de los muchos abogados ligado a la construcción que está mirando el tema con preocupación.

Sin embargo, este marco podría extenderse a toda la obra pública y no solo a los PPP. En octubre pasado, para impulsar esta idea resistida en algunas de las compañías enfrascadas en los tironeos judiciales, la Oficina Anticorrupción (OA) dio un primer paso para que esta situación de adecuación a las normas de la banca internacional para las empresas se expanda: presentó los lineamientos para diseñar, implementar y mantener «un buen programa de integridad».

 

El agujero negro de la construcción

900 Millones de dólares, es el financiamiento que anunció el Gobierno para agilizar las obras viales con el esquema de participación público-privada (PPP)

200 Millones de dólares, es el aporte que hará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El resto será aportado por un grupo de bancos privados internacionales

30 Días para vender, es el plazo que tienen los empresarios bajo investigación para desprenderse de sus acciones, condición necesaria para recibir el financiamiento

 

Por: Francisco Jueguen

Fuente: La Nación