En Brasil suspenden a empresas cartelizadas

Brasil confirmó que Techint no podrá presentarse a licitaciones por cinco años

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) brasileño ratificó que Techint y otras tres empresas acusadas de cartelizarse en perjuicio de las arcas públicas de ese país no podrán competir en ninguna licitación de la órbita federal de ese país durante los próximos cinco años.

El tribunal tomó la decisión por unanimidad tras rechazar las apelaciones de las empresas, apenas una semana después de que uno de sus miembros intentara, por su cuenta, abrir una negociación que podría haber llevado a las empresas a evitar la sanción a cambio de colaborar con las autoridades y abonar un resarcimiento, algo que desde Techint ya habían anticipado que no aceptarían.

Con la decisión plenaria, sin embargo, el TCU reencauzó su posición institucional, contraria a los intereses de Techint Ingeniería, Queiroz Galvao, UTC Engenharia y Ebec, acusadas de «prácticas anticompetitivas» en la licitación del montaje electromecánica de «Angra 3», una usina nuclear en el estado de Río de Janeiro.

«Tenemos pruebas cabales de los hechos. Las pruebas sobre esa concusión [entre las empresas] son robustas y contundentes», afirmó el ministro del TCU, Walton Alencar Rodrigues, según la prensa brasileña, lo que negó Techint, que rechazó la sanción administrativa y anticipó que la apelará ante la Justicia.

El TCU -que cumple un rol similar al de la Sindicatura General (Sigen) en la Argentina- había dispuesto la «inidoneidad administrativa» de las cuatro empresas en marzo de 2017, pero la sanción quedó en suspenso en octubre pasado, cuando Techint y las otras compañías apelaron el castigo y obtuvieron un paréntesis provisorio.

Tras esa suspensión preliminar, las empresas también lograron la semana pasada que un miembro del TCU, Augusto Nardes, habilitara una ventana para negociar acuerdos de «leniencia», lo que desató una controversia que terminó con un pedido del propio Nardes para apartarse del proceso.

El intento de Nardes recibió múltiples cuestionamientos. Por un lado, Techint aclaró a LA NACION que no pensaba negociar un acuerdo de «leniencia» y reafirmó que no cometió ningún delito ni participó en ningún proceso irregular. Por el otro, los colegas de Nardes en el TCU sostuvieron que esa decisión solo podía adoptarse como órgano colegiado y con la imposición de un plazo taxativo y mandatario para negociar con las empresas.

La línea técnica del TCU también desaconsejó cualquier tipo de acuerdo con las empresas, sin que mediase la admisión previa irregularidades por parte de esas compañías, con lo que la negociación se circunscribiría solo al resarcimiento de los daños causados al Estado federal brasileño.

 

«Conforme a la ley»

Consultados por LA NACION, voceros de Techint negaron que esa fuera siquiera una opción. El holding, indicó que «ratifica que actuó conforme a la ley y a las disposiciones del pliego», y aclararon que su presentación «ante el TCU en agosto de 2018 no responde de ninguna manera al ingreso en un acuerdo de leniencia».

Sin embargo, el plenario del tribunal optó por descartar el camino que siguió Nardes y reencauzar la discusión administrativa. Así, tras escuchar a los abogados de Techint y de Queiroz Galvo, quienes afirmaron que la prohibición de competir por nuevos contratos federales durante cinco años podría resultar letal para sus empresas.

«La inidoneidad es la pena de muerte y pido que siempre permanezca la presunción de la inocencia», reclamó el letrado de Techint, Rui Camilo, quien pidió la «apertura de un diálogo» al tribunal. «No estamos hablando de ‘leniencia’, estamos hablando de consensualidad. Exigimos un diálogo», reclamó, aunque a continuación el TCU confirmó la sanción por unanimidad.

Para Techint, el contrapunto con el TCU no es su único litigio en Brasil. Por un lado, el Conselho Administrativo de Defesa Económica (Cade) también investiga su presunta participación en un cartel en el que ya OAS, Carioca Engenharia y Odeberecht admitieron su responsabilidad. Por el otro, la Advocacía Geral de Uniao (AGU, equivalente a la Procuración del Tesoro local) se presentó ante la justicia federal de ese país en mayo de 2017 y solicitó la condena de 13 empresas por supuestos fraudes cometidos en 19 licitaciones de Petrobras. Entre ellas, la que recibió Odebrecht junto a Techint para construir un tramo del Gasduc III, destinada a conectar las redes de gasoductos brasileños por 1100 millones de reales, unos US$351 millones al tipo de cambio vigente.

Para eso, la Advocacía se basó en un informe elaborado por el TCU, que estimó que esos 19 contratos otorgados por Petrobras incluyeron sobreprecios del 17%, lo que no reconoció Odebrecht, aunque sí admitió que pagó sobornos para quedarse con ese contrato.

Los arrepentidos de Lava Jato, sin embargo, no involucraron a Techint en esos sobornos, que Odebrecht reconoció por su cuenta. Entre otros, al entonces titular de Electronuclear, el almirante Othon Pinheiro.

Fuente: La Nación