Cómo son los cambios en la contratación de obra pública que pusieron en alerta al sector privado

El Registro de Nacional de Constructores  de Obras Publicas a cargo del Ing Guillermo Ferrea pasa del Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete

La noticia es que la Jefatura de Gabinete a cago de Marcos Peña sumó el control del sistema de contrataciones y concesiones de la obra pública de la Administración Nacional. El traspaso puso en alerta a la mayoría de los dueños de empresas contratistas  y concesionarios de la obra púbica en la Argentina, muchos de los cuales están involucrados en la llamada causa de los cuadernos.

El cambio fue establecido por el Gobierno a través del Decreto 1169/2018, publicado el miércoles pasado. El proceso de traspaso ya había comenzado hace algunas semanas, cuando luego de una modificación a la Ley de Ministerios, la Jefatura se hizo cargo de la planificación y el control de los proyectos de inversión pública y de los contratos de participación público-privada (PPP), que hasta ese momento controlaba el Ministerio de Hacienda.

Fuentes del Gobierno explicaron a Infobae que el cambio central es que la Oficina Nacional de Contrataciones pasa desde de el Ministerio de Interior a Jefatura. En el nuevo esquema, esta repartición será la encargada de controlar a las empresas contratistas, pero no la ejecución de las mismas y tendrá a su cargo el Registro de Nacional de Constructores que trabajan con el Estado. “El Registro no define licitaciones ni adjudicaciones, tampoco la planificación, administración ni ejecución de las obras públicas que siguen a cargo del ministerio encargado de ejecutarlas”, explicaron a Infobae fuentes del Gobierno.

Por otra parte, tal cual lo establece el decreto, las plataformas Comp.ar y Contrat.ar, se utilizarán como sistemas para la compra de bienes y servicios que hará el Estado la contratación de y seguimientos de obras públicas.

Por otra parte, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, a cargo de Ricardo Delgado, continuará ejerciendo las funciones de control de ejecución de la obra pública nacional relacionada con la construcción de hospitales y escuelas.

“La Oficina Nacional de Contrataciones dependerá del vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra y será el nuevo órgano rector del régimen de obra pública”, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

“Además, el Registro Nacional de Constructores –que dependía de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública y pasa a Jefatura– tiene como única función calificar los antecedentes de empresas contratistas del Estado. Es un área de soporte a las áreas que licitan, adjudican y firman contratos (Transporte; Educación; Hacienda y Energía; e Interior, Obras Públicas y Vivienda)”, agregó la fuente.

En la actualidad, de acuerdo a una lista en poder del Gobierno, en la “lista negra” figuran 34 empresas relacionadas con causas de corrupción, otras 13 con tramites de sanción por rescisión de contratos y unas 11 con causas penales ajenas a delitos de corrupción.

Pero desde el Gobierno destacan que las empresas involucradas en causas de corrupción no se encuentran en el área de Registro Nacional de Constructores, sino del Consejo del Registro que es un cuerpo colegiado integrado por consejeros nombrados por el Estado nacional, por la  Ciudad  Autonóma de Buenos Aires (CABA)

En el Presupuesto 2019 sancionado por el Congreso figura que el gasto en  infraestructura y obra pública será de más de 170 mil millones de pesos. Las nuevas atribuciones que concentrará el ministro coordinador se dan en medio de la decisión del Gobierno de frenar nuevas obras a través de la modalidad PPP debido a la suba del riesgo país y las trabas al acceso a crédito externo.

Según pudo saber Infobae, el nuevo esquema fue solicitado por el presidente Mauricio Macri luego de que se conociera la causa de los cuadernos, y diseñado por Fernando Sánchez, a cargo de la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas y Fortalecimiento Institucional, quien se lo presentó a Peña.

El decreto establece que “las contrataciones y concesiones de obra pública cuya ejecución se haya iniciado antes del 29 de diciembre de 2016 deberán ser incorporadas al sistema electrónico de la plataforma Contrat.Ar y la implementación no podrá extenderse más allá de septiembre de 2019”.

Fuente: Infobae