Aumentan los controles en la obra pública, por la causa de los cuadernos

Buscarán más transparencia en las contrataciones de las empresas, mientras que las constructoras apartarán de la dirigencia a los empresarios involucrados en la mega investigación de corrupción.

A cuatro meses del escándalo de los cuadernos de las coimas el Gobierno y las empresas contratistas de obra pública avanzan en medidas de transparencia en la actividad. El Ejecutivo trabaja en un decreto para otorgarle mayor control a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Mientras que las compañías que integran la Cámara de la Construcción renovarán autoridades y se prevé que aparten a la mayor parte de los representantes de las empresas involucradas en la megacausa de corrupción K.

El plan del Gobierno es que la ONC esté a cargo de las contrataciones de todas las licitaciones públicas, para darle una mayor transparencia a estas gestiones. Estos avances responden a los requerimientos de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al que el presidente Mauricio Macri aspira que acepten a la Argentina.

El propio Macri explicó que en la cumbre de líderes del G20, que se desarrolló en Buenos Aires, los mandatarios que participaron del evento coincidieron en la importancia de impulsar «infraestructura para que haya equidad» y que plantearon la necesidad de «avanzar en desterrar la corrupción».

De parte del sector privado, la Cámara Argentina de la Construcción se prepara para renovar autoridades este mes y dejar de lado a los ejecutivos que tengan relación con la causa de los cuadernos de las coimas, después del cimbronazo que generó en la entidad la investigación por corrupción. El nuevo presidente de la entidad sería Julio César Crivelli, que es abogado y uno de los principales asesores del sector, consigna La Nación.

En la nueva conducción de la CAC habría solo un 30% de representantes de compañías ligadas a la causa, aunque los arrepentidos en la investigación no podrán formar parte de la comisión directiva.

Por otro lado, el Gobierno impulsa cambios en la recuperación de bienes de la corrupción. Actualmente el Ejecutivo es depositario legal y no efectivo de estos bienes, cuando se los otorga la Justicia. Es decir que, aunque puede usarlos, no puede venderlos.

En el plan oficial está prevista la creación de un organismo de recupero de activos de la corrupción o del crimen organizado, que tenga la potestad para poder venderlos rápidamente.

Fuente: Todo Noticias