La obra pública necesita un control más allá de la moral individual

Mientras en Comodoro Py se investiga cómo se pagaron sobornos durante el kirchnerismo, cuánto se recaudó, quiénes lo hicieron y dónde está la plata, en cualquier rincón de la administración pública, sea nacional, provincial o municipal, podría haber un funcionario y un empresario que transen una operación similar. Nada lo impide, tan solo la moral de uno y de otro.

La Argentina de los cuadernos, los dólares frescos y los bolsos no ha podido generar ninguna herramienta que permita combatir en tiempo real la corrupción. Claro que siempre está el brazo de la Justicia, pero es bien sabido que este tipo de procesos tardan años, por no decir más de una década. Y lo que es peor: en la mesa de discusión política, el debate sobre algún sistema que permita no quedar expuesto solo a la buena o mala fe de uno y de otro está ausente.

Por estos días, en varias cámaras empresarias, y también entre constitucionalistas y observadores del Estado, como contratista de bienes y servicios, se empiezan a preguntar qué aprender del caso de los cuadernos de la corrupción, que lleva poco más de un mes de vida pública. El debate es simple: ¿qué se puede hacer hoy si un funcionario pide dinero? Las opciones no son tantas. Pagar o no.

Ahora bien, las consecuencias de cada una de las dos alternativas son distintas. La primera, ejercitada hasta el cansancio en la contratación estatal, ya no parece ser tan efectiva en épocas de arrepentidos. Se trata de pagar y quedar como un corrupto o no hacerlo y permanecer fuera del negocio con consecuencias patrimoniales que podrían ser determinantes para la vida de la empresa. Este es el punto, el quid de la cuestión.

Actualmente no hay ninguna herramienta para menguar una suerte de poder absoluto que tiene el funcionario en el actual sistema administrativo.

Siempre, claro, está el camino de la Justicia. Pero los tiempos de un proceso judicial tradicional generan poco control inhibitorio en el hombre del Estado corrupto. Las sentencias suelen ser lejanas; las pruebas, difíciles y las responsabilidades se diluyen en el tiempo, tanto que cuando llegan ese funcionario seguramente ha sido reemplazado por otro. Portarse bien es solo una cuestión moral. Y en este tipo de cosas, la política, amante de las brújulas sin norte, necesita un vector que le marque el rumbo.

Ante un pedido cualquiera del proveedor, las administraciones públicas bien pueden responder sí o no. Acceder o denegar. Y ambas opciones tienen sus discrecionalidades.

Julio Crivelli, abogado especialista en las relaciones entre el Estado y sus proveedores, aporta un elemento importante para un primer análisis. «Los organismos de control de la Argentina se accionan con el ‘sí’. No se controla el no. Y muchas veces, en la negativa a una solicitud o a una readecuación está el centro del poder absoluto del funcionario. El ‘no’ tiene tantas consecuencias o más que el ‘si'», afirma el letrado, uno de los más consultados por los empresarios de la construcción.

Precisamente, el órgano de control por excelencia del Poder Ejecutivo es la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Este es uno de los que organismos se accionan con el «sí» y que no mira ni le interesa el «no». Ante un «no» de alguna administración pública, el camino es el judicial. ¿Qué incentivo tiene un funcionario para no aplicar un ‘no’ discrecional si conoce que ningún control se enciende con esa decisión y que, si el camino es judicial, el tiempo lo desactivará? «Ninguno», dice Crivelli.

La diputada Margarita Stolbizer, histórica denunciante de casos de corrupción, aporta alguna solución «El problema son los bajos estándares éticos que tenemos como sociedad, aunque esto no se reconozca. Es necesario promover acuerdos, incluso entre empresas. Existen pactos de integridad y hay antecedentes. Este esquema sería como hacer funcionar un control recíproco entre quienes compiten», dice la legisladora.

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, también considera que esa relación debería contar con alguna herramienta capaz de generar un marco, más allá de la moralidad. «Una posibilidad sería crear una figura parecida a la del Defensor del Pueblo, autónoma, independiente, que sea una suerte de defensor contra la corrupción. De tal manera que, si alguien está frente a una situación de este tipo, se pueda acudir al funcionario para que adopte medidas rápidas y ágiles que impidan quedar atrapado en la contradicción de pagar, y ser corrupto, o no pagar, quedar afuera del sistema y poder llegar a quebrar», sostiene.

En las cámaras que agrupan a proveedores del Estado, sean de bienes, servicios o de constructores, cuentan que muchas veces la discrecionalidad se inicia desde el momento mismo en el que surge la voluntad de contratación. Sucede que las líneas técnicas de muchos organismos están diezmadas desde hace años. Los empresarios de la construcción cuentan que los pliegos y sobre todo, los proyectos, suelen tener poca profundidad. Esto genera que muchas veces, después de contratada una obra, por caso, se tiene que acudir al despacho del funcionario por continuas y constantes modificaciones del trabajo originalmente licitado. Así las cosas, cada poco tiempo hay una decisión discrecional del funcionario que puede decir «sí» o «no». Como se dijo, en el mejor de los casos, el primero acciona el control; el segundo no mueve ninguna ficha. Cualquiera de las dos opciones tiene consecuencias.

Félix Lonigro, abogado constitucionalista, considera que hay que ir más allá de crear figuras delictivas para castigar a funcionarios y empresarios corruptos y de hacer cumplir rigurosamente las penas. «Detrás de todo esto subyace un problema cultural muy profundo. Creo que la sociedad es corrupta y los gobernantes y empresarios se desarrollan en esa sociedad. Por eso, me parece que la herramienta más efectiva para erradicar la corrupción es la educación. En democracia los pueblos tienen los gobernantes que se merecen; los gobernantes se parecen a la sociedad en la que se crían.

Por más normas preventivas y sancionatorias que se dicten, si no cambia la cultura y la sociedad, no habrá solución a corto y mediano plazo», grafica.

Gil Domínguez agrega que una eventual figura de defensor contra la corrupción o por la transparencia debería contar con mecanismos de intervención ágiles. «Se debería poder recusar o mover al funcionario y mantener la participación en todos los procesos como proveedor del Estado de aquel que denuncia. La figura del defensor debería depender el Congreso de la Nación y a su vez tener un control fuerte. Pasa por lograr un mecanismo que le ofrezca, a una persona que quiere seguir siendo honesta y mantenerse como proveedor del Estado, un resguardo urgente, inmediato y preventivo frente a situaciones concretas de corrupción», finaliza el jurista.

Stolbizer agrega algo más: «Es necesaria una reforma a la ley de contrataciones del Estado. Que exista transparencia activa, todo a la vista. Pero ninguna norma resuelve todo; el problema no es normativo, sino moral».

Hay quienes consideran que podría haber un fuero con especialidad en temas de obra pública. «Son cuestiones muy difíciles, que muchas veces necesitan de asistentes judiciales con conocimientos muy particulares», dice Crivelli. Además, en esa área como en otros lugares, el paso del tiempo directamente genera costos, tanto directos como indirectos.

Claro que el judicial será siempre el mejor camino. Si la Justicia tiene respuestas rápidas, no es necesaria la creación de ningún otro instituto. De hecho, resulta difícil encontrar experiencias similares para copiar. Los países transparentes, además de presupuestos morales que pueden existir o no, tienen juzgados con respuestas inmediatas. Como se ve cada día en la causa de los cuadernos, cuando la Justicia avanza y las consecuencias de su accionar se pueden imaginar, pues los actos de los funcionarios y de los empresarios tienen otro condicionamiento.

Sin embargo, por ahora, la política está alejada de estas discusiones. No son pocos los empresarios que las quieren promover. Pero les cuesta, pues todos tienen la palabra devaluada por estos días. Uno de ellos, ante la consulta, dijo: «El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente». Citaba a lord Acton, un historiador y político inglés al que aún se lo recuerda por esa síntesis. Tan perfecta como cruel.

Fuente: La Nación