EERR Buscan restringir la participación de empresas procesadas por la Justicia

Presentó un proyecto de ley que pretende impedir que participen en las licitaciones quienes tengan procesamientos o sentencias judiciales o hayan sido sancionados por vulnerar el medio ambiente.

El senador por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, presentó un proyecto de ley mediante el cual establece modificaciones a la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas, puntualmente en lo que respecta a los adjudicatarios de las mismas. La medida busca transparentar los procesos e impedir que participen en las licitaciones quienes tengan procesamientos o sentencias judiciales o hayan sido sancionados por vulnerar el medio ambiente, entre otros aspectos.

Entre los fundamentos de la iniciativa el legislador recordó que “a raíz de la causa judicial conocida como la causa de los cuadernos de las coimas, que tramita Claudio Bonadío, se tomó conocimiento, en los últimos días, que uno de los imputados arrepentidos en la causa denunció la participación de un importante número de empresas de todo el país, entre las cuales figuran cuatro empresas entrerrianas. En este marco es que debemos extremar las medidas de control y evitar legalmente que quienes hayan sido cómplices del proceso de corrupción más escandaloso de la historia Argentina sigan manteniendo contratos de obra con el Estado”, remarcó.

Cuatro empresas entrerrianas aparecieron en la lista que Ernesto Clarens entregó a la Justicia con la nómina de aquellas firmas que pagaron coimas para quedarse con contratos de obra pública. Se trata de Luis Losi SA (Paraná), LP Pietroboni SA (Concepción del Uruguay), Codi SRL Construcciones (Concordia) y José Eleuterio Pitón SA (Gualeguay). La lista contiene el volumen de obras que ejecutaron y el porcentaje de coimas que pagó cada una.

Entre las modificaciones planteadas se agregan como imposibilitados para ser adjudicatarios de obras públicas: quienes hayan actuado como asesores contratados en la implementación del proyecto; los funcionarios públicos dependiente del área contratante; aquellos que tengan proceso concursal en trámite o quiebra; si se hubiere decretado dentro de los tres años calendarios anteriores la resolución por incumplimiento de su parte de un contrato celebrado con el Estado nacional; quienes haya recibido sanciones por violación a normas ambientales; los que adeuden obligaciones tributarias o intereses a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y los procesados por auto firme y los condenados por alguno de los delitos contra la administración pública, contra la fe pública y el orden económico y financiero del Código Penal de la Nación.

“Debemos hacer todos los esfuerzos para que los pocos recursos lleguen a transformarse en obras concretas y no se pierdan en los laberintos del delito, como así también, debemos impedir que quienes hayan delinquido en complicidad con el Estado puedan seguir aumentando sus patrimonios con el dinero de los entrerrianos”, reflexionó Mattiada.

Por último, el senador por Gualeguaychú opinó que “es necesario generar las barreras legales pertinentes para que no siga sucediendo que pocas empresas continúen enriqueciéndose a costa de los ciudadanos. Debemos tener bien claro que la corrupción nos lleva inexorablemente a tener obras de mala calidad para los entrerrianos. Y como legisladores, debemos estar a la altura de estas horas que vive el país. Los argentinos asistimos azorados, día a día, a ver como se suman nuevos capítulos a la etapa más corrupta de nuestra historia y debemos generar herramientas legislativas para que hechos de este tipo no sigan ocurriendo.”, finalizó.

Fuente: El Dia Gualeguaychu