Impulsan un plan para controlar la licitación de obra pública porteña

Rodríguez Larreta avaló un proyecto de Carrió y Ocaña para evitar actos de corrupción en los procesos de adjudicación; se regularía también la publicidad oficial.

En medio del escándalo de los cuadernos de las coimas del kirchnerismo, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el nuevo programa Sistema de Integridad de la Ciudad, dirigido a controlar los procesos de licitación y de ejecución de todas las contrataciones porteñas e impulsado en Cambiemos por la Coalición Cívica (CC)) y Confianza Pública (CP), que lideran las diputadas Elisa Carrió y Graciela Ocaña.

Uno de los proyectos de ley buscará crear una Oficina de Integridad, similar a la Oficina Anticorrupción que a nivel nacional dirige Laura Alonso. En el caso porteño, sin embargo, su titular deberá lograr el acuerdo de la oposición en la Legislatura distrital. «No habrá organismos ocupados por la oposición, pero se darán todas las herramientas para que la oposición, los ciudadanos y la prensa puedan acceder a la información», dijo la diputada de la CC, Paula Oliveto.

El anuncio, que encabezó Rodríguez Larreta en el Jardín Botánico, fue una fuerte señal política interna del frente oficialista porteño. El jefe porteño sentó alrededor a varios legisladores y diputados nacionales de CC y CP.

Entre las principales iniciativas, la bancada oficialista impulsará una ley de obra pública, otra de contratación de publicidad oficial, una reforma a la ley de ética pública y otra de integridad en compras públicas. El anuncio se produjo al mismo tiempo que el juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner y de varios exfuncionarios y empresarios.

«Veníamos trabajando en estos temas hace mucho tiempo y siempre hay cosas para mejorar en la administración», dijo Rodríguez Larreta a LA NACION para desvincular la iniciativa de la coyuntura política o de algún hecho puntual que implique posibles deficiencias de control en la Ciudad.

Allí explicaron, uno por vez, un conjunto de ideas, medidas ejecutivas y proyectos de ley para profundizar el control y la transparencia en las licitaciones porteñas. Del Ejecutivo porteño estaban Larreta; su ministro de gobierno, Bruno Screnci, y el subsecretario de Transparencia Publica, Hernán Charosky.

El panel expositor estuvo conformado por las diputadas nacionales Paula Oliveto (CC) y Carmen Polledo (Pro), y los legisladores de la Coalición Maximiliano y Cecilia Ferraro, Hernán Reyes y Claudio Cingolani, y los de Confianza Pública Natalia Fidel y Gastón Blanchetieri.

Sin embargo, destacaron que los proyectos de ley fueron consensuados con todos los legisladores de Pro y los radicales agrupados en Vamos Juntos (Cambiemos).

El anuncio buscó marcar diferencias con las gestiones peronistas y se sabe que, con el mismo objetivo, el gobierno de Mauricio Macri también prepara un anuncio de transparencia que elabora el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, para mejorar las prácticas en la adjudicación de licitaciones.

El proyecto de ley de obra pública regulará los procedimientos de concesiones y licitaciones, fijará procesos electrónicos de contratación, un portal único para todas las etapas, la adecuación a los estándares internacionales, la publicación en un sitio web,

sanciones y multas por incumplimientos o actos de corrupción.

La nueva ley de contrataciones de publicidad oficial buscará garantizar transparencia y neutralidad en el otorgamiento de piezas publicitarias a los medios. La reforma de la ley de ética pública, en tanto, creará la nueva Oficina de Integridad que tendrá mecanismos de prevención de influencias indebidas, regulación del lobby, conflictos de intereses, capacidad de sancionar y hacer recomendaciones vinculantes.

Se creará también un régimen de obsequios y gestión de intereses, otro de declaraciones juradas, un protocolo ante posibles hechos de corrupción y reglas de imparcialidad. Por último, la ley de integridad en las compras públicas incluirá estándares internacionales de transparencia, un protocolo de ética para empresas proveedoras del Estado, una adecuación a la ley de responsabilidad penal empresaria y requisitos para proveedores de compras públicas.

Fuente: La Nación