La primordial lucha contra la corrupción y sus costos

Nuestro país transita una etapa de grave agitación ante el avance sin precedentes de la investigación judicial sobre los mecanismos de adjudicación de obra pública que aparentemente comprometen a la plana mayor del Gobierno precedente, así como a varias de las empresas más destacadas del país. El novedoso esfuerzo para profundizar la transparencia y combatir la corrupción –ciertamente merecedor del apoyo de la sociedad– tal vez no haya mensurado algunos de los peligros de esta lucha para la estructura productiva doméstica, en particular en las condiciones presentes de profunda inestabilidad de la economía. Nada más útil en este sentido que intentar rescatar las experiencias del denominado “Mani Pulite” (MP) –“Manos Limpias”– el ejercicio anticorrupción más comprensivo concretado hace un cuarto de siglo por la Justicia de Italia, país con el cual nos une una vasta tradición inmigratoria, inversora, comercial y cultural, reflejada en 50% de la población de ascendencia italiana, y 700.000 ciudadanos con doble nacionalidad.

El MP consistió en una serie de acciones judiciales desarrolladas masivamente entre 1992 y 1993 por diversos magistrados, iniciada por el fiscal Antonio Di Pietro en Milán, que permitiera descubrir a partir de un caso de cohecho local un sistema de financiamiento ilegal de los partidos políticos mayoritarios, sustentado en el cobro de una “tasa informal” del valor de cada contrato del sector público en todos los niveles jurisdiccionales. Se trataba de un mecanismo metódico por el cual cualquier contrato público requería del pago de un soborno o retorno (tangente en italiano) luego dividido entre los cinco partidos tradicionales que habían gobernado Italia desde su fundación en la posguerra, turnándose o coexistiendo en los sucesivos gobiernos. Por su parte, las empresas constructoras o proveedoras del Estado acordaban previamente entre ellas la asignación de las licitaciones, repartiéndose la demanda estatal por vía del soborno de oficialistas y opositores. A medida que la investigación divulgaba los nombres de los involucrados muchos dirigentes políticos se sintieron desprotegidos por las cúpulas partidarias, por lo que denunciaron a sus superiores, los que a su vez revelaron a otros líderes partidarios y empresariales. Hasta aquí nada ajeno a las tradiciones argentinas, sólo que en nuestro caso los sobornos han involucrado a partidos en el poder, centrándose la investigación local en el Gobierno precedente.

Por Eduardo R. Ablin Embajador

Fuente: El Economista