Evalúan la «lista negra» de empresas que no podrán participar en la obra pública

El Gobierno analiza suspender a varios contratistas, algunos vinculados al escándalo de los retornos revelados por el exchofer de Baratta.

El Gobierno atesora un informe en el cual da cuenta que cinco de las empresas vinculadas de manera directa en el escándalo de coimas en la obra pública K ya habían sido impedidas de participar en licitaciones por diversas irregularidades. Además, otras dos se encuentran siendo auditadas.

El informe, al que tuvo acceso PERFIL en exclusiva, es del registro de empresas contratistas, una nómina obligatoria para todo aquel que quiera presentarse en licitaciones del Gobierno nacional bajo una serie de requisitos que permiten acceder a un certificado oficial. El organismo, que depende del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y está a cargo del economista Ricardo Delgado, viene monitoreando las empresas desde comienzos de la gestión. Antes era una mera oficina burocrática casi sin rol activo.

En ese marco, desde diciembre de 2015 a julio de este año se sancionó a 20 empresas contratistas por distintas irregularidades, por las cuales se las expulsó del registro y ya no pueden participar de las licitaciones por estar “suspendidas”.

Dentro de las 20, una de ellas es Constructora Norberto Odebrecht S.A., que fue suspendida por el escándalo de coimas en Brasil y sus derivaciones en Argentina. Fue la única sanción formal en el país. Por ello, se quejó ante la Justicia para intentar cobrar una indemnización. Mientras tanto, no puede participar de ninguna licitación ya que su certificado fue suspendido.

Otra es Electroingeniería, la empresa de Gerardo Ferreyra (preso por el Cuadernogate) y Osvaldo Acosta, muy cercanos a Carlos Zannini. En mayo de 2016, el Gobierno le impidió participar de nuevas licitaciones. Y hoy las millonarias represas a su cargo, junto a China, están bajo una auditoría de parte del ministerio de Energía.

También está suspendida Isolux Ingeniería S.A., la española que tuvo a su cargo uno de los tramos del Paseo del Bajo, que tiene al empresario Juan Carlos de Goycoechea como parte integral del esquema de aportes al kirchnerismo, según la investigación judicial del Cuadernogate. La lista completa de los empresarios que declararon en la Justicia

Otro caso es CPC S.A., la constructora de Cristóbal López. Fue suspendida hace dos meses por graves incumplimientos en dos acueductos, uno en Bariloche y otro en Santa Cruz, según reza el informe.

También quedó afuera Austral Construcciones de Lázaro Báez y fue denunciada por entonces titular de Vialidad nacional, hoy ministro de Energía, Javier Iguacel, por sobreprecios. Por otro lado, otras 12 empresas están en la mira y “se encuentran bajo un seguimiento por estar vinculadas a casos de presunta corrupción en la Justicia”, según el informe. Entre ellas, Esuco, la empresa del ahora arrepentido Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara de la Construcción en la década kirchnerista. También aparece Benito Roggio e Hijos S.A., concesionaria de Metrovías y con distintas obras en todo el país. “Hasta que no tengan una sentencia judicial por ahora no podemos hacer más”, explican en la Casa Rosada. Y agregan que son los organismos que contratan las empresas los que solicitan eliminarlas del registro que les permite acceder a las licitaciones.

Fuente: Perfil