El Gobierno promete que habrá más fondos para la obra pública

«Hemos acelerado los pagos de la obra pública, lo que significó en julio una inyección de caja al sector». Con esas palabras -contaron fuentes oficiales a LA NACION-, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , buscó llevar calma a sus interlocutores, gerentes y presidentes de los principales bancos del país, preocupados porque -con un ajuste en marcha, tras la devaluación y el impacto del caso de los cuadernos de las coimas- algunos de sus principales clientes, las constructoras, dejarán de pagar sus deudas en el corto plazo.

Dietrich, junto al secretario de Programación Económica, Guido Sandleris, y el secretario de Participación Público Privada (PPP), José Luis Morea, recibieron en el Palacio de Hacienda a varios banqueros. Entre ellos estuvieron Gabriel Martino (HSBC), Germán Magnani (Supervielle), Martin Duhart (BID), Lorenzo Ignacio (Santander), Eduardo Zemborain (ICBC), Maximo Razetti (Citi), Enrique Vivot (UBS), Pedro Delvecchio y Gustavo Pascual (BBVA Francés), Ariel de Santo (Banco Galicia) y Juan O’Connor (Itau). También participó el exministro de Producción Francisco Cabrera, en su nuevo rol como presidente del BICE.

«Todos conocemos las condiciones del mercado», dijo un banquero ante la consulta de la nacion sobre la reunión. «Dietrich habló mucho sobre productividad, competitividad y los PPP que se vienen», contó. «Dijo que la obra pública no debería pararse porque la plata está», agregó el directivo. Desde otro banco contaron a este medio que buscaron transmitir tranquilidad y asegurar que «las obras siguen» porque los procesos actuales «son transparentes». Además, «quieren separar implicancias judiciales entre personas físicas y jurídicas para preservar el empleo», señaló. No será un tema fácil teniendo en cuenta la nueva ley penal empresaria.

En Transporte recalcaron que se mantendrá la mesa de trabajo intersectorial cada dos o tres meses con la Uocra y la Camarco en la que se evalúa el avance de las obras y el empleo. «Estamos frente a un hecho inédito en la lucha contra la corrupción», dijeron desde esa cartera a este medio. «Desde 2015 cambió la forma de hacer obra pública en la Argentina; cambiaron las reglas de juego y los procesos licitatorios. Los pliegos que antes se compraban hoy son gratuitos de acceso libre y anónimo, por lo que nadie sabe quién se presenta; esto ha roto con la cartelización», recalcaron. «Toda la información, las consultas, los actos administrativos se encuentran en Internet y se hacen con total transparencia. Hemos logrado así multiplicar la concurrencia a la obra, y la mayor competencia ha generado mejores precios y menos gasto para el Estado. Hacer una autopista en 2015 valía el doble de lo que vale ahora. Esto nos separa del caso de Brasil, donde la investigación se dio en un marco donde el sistema seguía siendo corrupto», estimaron.

Sobre los PPP, también se buscó llevar tranquilidad a los bancos, muchos de los cuales participan de los proyectos. «Los plazos continúan tal cual lo establecido. Generamos una estructura muy solida; ya se han firmado los contratos y los consorcios han tomado posesión de los corredores. Esperamos en octubre el inicio de las obras», dijeron cerca de Dietrich.

Agregaron además que el Gobierno cuenta hoy con una liquidez de US$600 millones gracias a las garantías presentadas por las empresas que el Estado podría cobrar en caso de que los concesionarios incumplan con el plan de obras dispuesto por Vialidad Nacional.

«Para fines de año, y gracias a estos PPP, vamos a tener entre obras de autopistas finalizadas y en ejecución, unos 2800 km, que es la misma cantidad que las que se hicieron en los últimos 65 años», se esperanzaron pese al contexto.

En cambio, en el sector empresario creen que el ajuste pactado con el FMI, sumado a la devaluación que atrasó nuevamente las tarifas (se requerirían más subsidios) y al caso de corrupción que golpea a la obra pública pueden generar un impacto en la economía, pero también en el sector financiero, más reacio a financiar proyectos. Es por eso que el Gobierno buscó llevar tranquilidad a los bancos: el flujo de dinero estatal para las constructoras estará.

 

Fuente: La Nación