Paso a paso: cómo es el sistema PPP para que los privados financien obra pública

El experimento PPP arranca en el país. Las empresas tendrán que construir autopistas, rutas y otras mejoras con dinero que pedirán prestado en el mercado financiero internacional. A cambio, el Estado les irá dando un cheque o título de reconocimiento de inversión (TPI) trimestral. Pero ese TPI no lo pagará el Gobierno, sino que deberán descontarlo en el mercado. El Estado empieza a pagar recién a los cinco años.

 

Completan la firma de contratos PPP y los privados se compromente a invertir US$ 6.000 millones

Los consorcios cuentan con un año para presentar el financiamiento que utilizarán para construir obras que ellas mismas valuaron en torno a los US$ 6.000 millones.

Vialidad Nacional irá monitoreando la actividad de los consorcios. Les irá dando TPI por los tramos que se vayan realizando.

Las compañías cuentan con un plazo de entre cuatro y cinco años para construir las obras. Después, tendrán una década para el mantenimiento.

Cada consorcio recibirá un TPI (título de reconocimiento de pago de inversión) equivalente a su avance de obra. Eso sucederá cada trimestre. La mayor emisión de TPI será entre el tercer y cuarto año de las obras (2021/22, según la concesión). El Estado solo habilitará el pago de las inversiones una vez que se encuentren finalizadas.

En teoría, el fideicomiso de Vialidad Nacional debiera firmar el primer cheque el próximo 1 de noviembre -a los tres meses de iniciado el contrato-, pero entre las constructoras descartan que haya algo de movimiento hasta el verano de 2019.

Los TPI que emitirá el Gobierno les servirán a los consorcios para ir acumulando promesas de pago del Estado nacional. Por ejemplo, un consorcio que resultó adjudicado con una obra de US$ 800 millones, tendrá en su poder TPI por US$ 80 millones una vez que haya realizado el 10% de la obra. Aunque recién podrá cobrar ese valor pleno desde 2022, puede renegociarlo o vendérselo a un tercero por un valor inferior.

Los consorcios hablarán con sus financistas sobre los TPI que recibirán. En base a esas proyecciones, pedirán prestados miles de millones de dólares.

Las garantías entregadas por los consorcios ayer fueron las otorgadas por bancos locales, que solventarán a los consorcios hasta que puedan conseguir financiamiento internacional. Las entidades locales bancarán hasta que los grupos puedan abrochar la garantía de «cierre financiero», para lo que tienen un año.

«Los TPI los emite el fideicomiso PPP por instrucción de Vialidad Nacional. Es un derecho de repago. No tiene cláusula de «cross default». Es con ley de Argentina, no con ley de Nueva York. Es un nuevo activo de clase, que creamos con la ley de presupuesto», puntualiza José Luis Morea, secretario PPP.

Los consorcios ya calcularon los costos de financiamiento y su rentabilidad en las propuestas presentadas ante Vialidad. Desde 2022/23 comenzarán a cobrar por sus obras y recién en 15 años deben devolver las concesiones.

Aunque los consorcios ya presentaron los nombres de los supuestos financistas que tendrán, tienen un año para convencer a esos bancos de ratificar su intención de prestar dinero para obras viales en el país. Las empresas deben persuadir a bancos e inversores sobre la conveniencia de recibir promesas de pago del Gobierno argentino como forma de pago.

Fuente: Total News