Sociedad corporativa y gasto público

Hoy la Argentina es una sociedad fuertemente corporativa. Y las corporaciones tienden naturalmente a defender sus intereses de grupo.

En nuestro país la Constitución Nacional de 1853, que organizó una república liberal y limitó el poder del Estado, fue claramente anticorporativa, ya que privilegió al individuo en sus decisiones, frente a los grupos organizados o informales.

Pero a lo largo de más de medio siglo, las políticas y la legislación fueron torciendo la organización institucional, en dirección contraria a aquellos principios.

En varios periodos políticos deliberadamente, en otros como resultado del poder de grupos para imponer su interés.

Sea como fuere los esporádicos intentos de revertir ese corporativismo nativo terminaron en fracasos, los intereses sectoriales siempre volvieron, incluso aún más fuerte que antes.

Algunos se debilitaron o desaparecieron, pero fueron reemplazados por otros nuevos, aunque siempre con las viejas prácticas.

A su vez las corporaciones y grupos de interés más fuertes están ligados directa o indirectamente con el gasto público, en todos sus niveles., tanto a nivel empresarial como sindical, muy relacionados básicamente tanto con la obra pública como con el empleo estatal.

Estos grupos son siempre una fracción de la sociedad, a veces pequeños pero con mucha fuerza para imponer sus intereses sobre sectores mucho más amplios.

El politólogo e historiador Vicente Palermo resume esta situación, señalando las dificultades que en nuestra sociedad tienen las mayorías para «combatir el nocivo poder de las minorías intensas».

Vinculando esta situación con el largo periodo de estancamiento del país, citando la obra de Mancur Olson, señala que los países que lograron crecer por largos periodos fueron los que lograron establecer, en un proceso en parte aleatorio y en parte deliberado, los incentivos correctos para hacerlo.

Esto es, reglas de juego y configuraciones institucionales que estimularan el crecimiento, sobretodo resolviendo de modo acertado la relación con la economía internacional y las inversiones.

Lo contrario, el estancamiento y la declinación de las naciones se producía cuando en lugar de las reglas de juego iguales para todos se imponían el poder y los intereses de las minoría intensas.

Ese esquema explica certeramente lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestra sociedad. Esos grupos han logrado a lo largo de décadas que se sancionaran normas jurídicas y se hicieran arreglos institucionales, que los benefician a costa del resto de la sociedad.

El resultado final para el conjunto es suma cero: estamos siempre en la puja distributiva, pero el país está estancado o francamente en retroceso.

Con la captura del gasto estatal por la economía corporativa e ineficientemente protegida.

Esta situación se puede comprobar a diario a consecuencia de las decisiones y políticas que el gobierno nacional ha comenzado a aplicar, conforme a lo acordado con el FMI.

Todos saben de sobra que la única forma de reducir el déficit fiscal es bajando el gasto, que no hay más posibilidad de subir impuestos y endeudarnos.

No obstante, frente a cada anuncio de reducir aparece la reacción, a veces solapada a veces virulenta, de los afectados: “que el gasto público baje pero no el mío”.

Provincias, municipios, sindicatos estatales, niegan toda posibilidad de ajuste, pareciera que, en una de las tantas expresiones del «realismo mágico», es posible equilibrar las cuentas sin hacerlo.

Y en no pocos casos hay coaliciones temporales, como hoy entre el gremio de la construcción y las empresas, resistiendo la reducción del gasto en obra pública.

La gran batalla donde se verá si el gobierno y el Congreso son capaces de imponerse a los grupos será en la discusión y aprobación del Presupuesto para el año próximo.

Fuente: Los Andes