Cartelización. Para Marcolli, los empresarios no aportarán nada a la causa Dusso

Además, dijo que la Justicia encontrará culpable al ministro ‘porque fue el máximo responsable’. Denunció que lo amenazan.

El empresario Jorge Marcolli, quien denunció el circuito de corrupción de la obra pública que se investiga en la Fiscalía Federal, aseguró que la decisión de convocar a una treintena de empresarios para aportar nuevos detalles no tendrá muchos frutos: «Ya se deben haber juntado a ver qué dicen», disparó. Además, consideró que el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, debería ir preso «porque es el máximo responsable».

En el marco de la investigación, la Fiscalía Federal confirmó que convocarán a prestar declaración testimonial a 28 empresarios que resultaron beneficiarios del Plan Federal de Viviendas, y para el cual tuvieron que abrir una cuenta bancaria especial para recibir un adelanto financiero directamente desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, del ex funcionario kirchnerista José López.

Para la Justicia, los empresarios podrían explicar por qué el dinero no llegó a través del IPV e intentarán corroborar si existieron los retornos que se denunciaron.

Para Marcolli, ninguno de los empresarios aportará nada útil. «Todos se amontonaban en la oficina de Dusso a transformarse en los adalides de la Justicia, y nos arruinaban a los más chicos. Todos los  empresarios saben cómo era… Ya se habrán juntado a ver qué dicen, pero no los voy a dejar en paz. Todos tienen la misma culpa que Dusso. Se reunían y definían cuántas viviendas construía cada uno según los lotes, por eso hay barrios de 32, 44, 28 viviendas», disparó.

En este sentido, consideró que el actual ministro y ex titular de la Asociación de Contratistas del Estado no quedará librado de responsabilidad en esta causa. «Dusso es un delincuente que les sacaba la plata a todas las empresas, se quedaba con una parte, y después la mandaba a Buenos Aires con la complicidad del Bombón (por Armando) Mercado. Lo van a encontrar culpable porque es responsable directo y tiene que ir en cana», dijo el denunciante.

Sobre esto, recordó que cuando se presentó a la licitación por el Plan Federal, fue Dusso quien convocó a los empresarios a una sucursal del Banco Nación: «Ahí les dijo a todos qué cifra tenían que poner en el cheque y se las dio a un empleado. Yo no le quise dar nada, y ese día me empezaron a quitar las adjudicaciones que tenía», dijo y aseguró que el mismo relato hizo ante Fiscalía Federal, y destacó que los mismos datos fueron aportados en su momento por el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Fernando Rivera, que también fue citado por esta causa.

Marcolli expresó que ve «con mucha pena cómo estos delincuentes destruyen la provincia», y aseguró que es una práctica que sigue ocurriendo. «La prueba está en la cartelización de las obras de viviendas que denunció El Ancasti con actas de escribanos y todo. Eso sigue ocurriendo y nadie hace nada», señaló.

Por último, aseguró que es víctima constante de amenazas anónimas. «Nunca duermo tranquilo esperando a que algún matón aparezca en mi casa, me paran en la calle y me amenazan. Pero no tengo miedo, porque dije la verdad», finalizó.

 

Cartelización

El episodio al que hace referencia Marcolli sobre la cartelización de la obra pública ocurrió en marzo de 2012, cuando El Ancasti mostró sugestivas coincidencias entre una lista que se filtró con el reparto de una megalicitación de viviendas del IPV, 20 días antes de que estas se resolvieran.

En esa oportunidad, este diario accedió al listado en el que se repartieron 39 licitaciones que superaban los 200 millones de pesos y seis días antes de la apertura de sobres se entregó a un escribano en sobre cerrado. Luego de la licitación, se abrió el sobre depositado y se constató que 27 obras habían sido adjudicadas conforme a la lista previa; y que nunca hubo competencia real entre las empresas, pues solamente se había presentado una oferta por barrio.

En abril de 2015, este diario entregó las actas notariales y las publicaciones periodísticas pertinentes a la Fiscalía de Estado, por considerar que se violó la Ley de Competencia, que prohíbe y sanciona actos y conductas que «restrinjan o distorsionen la competencia o constituyan abuso de una posición dominante en el mercado» y que importen un «perjuicio para el interés económico general».

Fuente: El Ancasti