Cárcel federal de Cacheuta sin empresas interesadas

Una obra clave sin empresas interesadas.

La construcción de la cárcel federal sigue generando dudas en las constructoras. El Gobierno realizó otro llamado a licitación.

La cárcel tiene un avance de obra del 37%. Hasta ahora, no hay empresas interesadas en concluir la cárcel federal de Cacheuta y el Gobierno provincial volvió a llamar a licitación. Originalmente, la apertura de sobres con las ofertas iba a realizarse a mediados de junio. Esta fecha se fue posponiendo hasta que el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía realizó un segundo llamado.

Entre junio y julio, las empresas plantearon diversas dudas sobre el proyecto. Este panorama se puede traducir en números: desde el Gobierno indicaron que se realizaron seis visitas a la obra (lo normal en estos casos es una), las constructoras efectuaron tres solicitudes de aclaraciones técnicas, hubo 16 circulares aclaratorias por parte del ministerio y dos pedidos de prórroga.

A pesar de las aclaraciones, no hubo satisfacción en los eventuales oferentes, sumado a que hay desconfianza sobre los construido y que el nuevo adjudicatario deberá hacerse cargo civilmente del 37% del proyecto que ya se levantó.

Ahora, las empresas y UTEs tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta fines de agosto, fecha de apertura de sobres. Asimismo, el presupuesto oficial no se modificó: se mantuvo en 676 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 18 meses, un dato llamativo teniendo en cuenta que el 37% ya construido se hizo en casi cinco años.

En caso que todas las ofertas superen en un 20% el presupuesto oficial, la licitación se dará por caída.

Una obra retrasada

El proyecto es fundamental para el gobierno de Alfredo Cornejo, ya que después de la reforma del régimen de prisiones preventivas, desde el oficialismo estimaron que Mendoza necesitaría unas 500 plazas más en el sistema carcelario, justo la capacidad que tendría el complejo penitenciario federal (536) que se encuentra a medio construir.

Originalmente, en 2010, el proyecto fue adjudicado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Julio Alak, a la UTE Isolux Corsán-Regam (hoy en día, AMG). Las obras comenzaron en 2011 y en febrero de 2015, se paralizaron y el convenio se disolvió. En 2016, se decidió que el proceso de licitación y administración estarían a cargo de la Provincia, con fondos nacionales.

El plazo original era de 36 meses y el presupuesto, de 165 millones de pesos (año 2010).

Mientras tanto, el Gobierno analiza las ofertas realizadas para levantar de cero otro penal, también en la zona de Cacheuta. El proyecto fue realizado por Obras Andinas con la idea de que se ejecutara bajo una modalidad público-privada. La idea no prosperó, la constructora donó los planos y se llamó a licitación.

Fuente: MDZ Online