Penalizar la corrupción empresarial

La sanción de una ley contra la corrupción empresarial implicará un castigo para quienes acudan a prácticas desleales y pondrá en un pie de igualdad en las licitaciones públicas a cientos de compañías. Media sanción para la delación empresarial, pero con final abierto.

Los escándalos de corrupción que sacuden a Brasil y las denuncias sobre hechos similares durante los 12 años de gestión del kirchnerismo desataron la necesidad de penalizar los negociados en los que participa el Estado a través de sus funcionarios.

La ola de transparencia que se reclama incluye también al sector empresarial, el otro actor en los actos de corrupción.

Un proyecto de ley orientado en esa dirección avanza en el Congreso Nacional, aunque no exento de tropiezos. La Cámara de Diputados ya aprobó en general una norma que penaliza la corrupción del sector empresarial. Incluye fuertes multas y la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones.

La iniciativa fue alentada por la Oficina Anticorrupción y tuvo el apoyo de los bloques de Cambiemos, del Frente Renovador y del justicialismo, mientras que el kirchnerismo se retiró del recinto. El tratamiento del proyecto fue suspendido ante las disidencias sobre puntos clave, que serían acordados la semana próxima.

No existe pleno consenso sobre qué delitos estarán alcanzados por la futura ley, las negociaciones con los arrepentidos y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo llegue a acuerdos administrativos extrajudiciales con quienes hayan infringido la ley.

La figura de la “delación premiada”, que existe en Brasil, permitió en ese país destapar una enorme olla de corrupción que incluyó a grandes figuras de la política y a los principales conglomerados empresariales.

Las sospechas sobre actos similares cometidos en la Argentina durante las administraciones que se sucedieron en la democracia deben alentar a los legisladores a sancionar un texto ejemplar para castigar una práctica que afecta a toda la sociedad.

Los sobreprecios que se pagan en la obra pública, en las compras del Estado y en otros actos administrativos restan recursos para las necesidades de una sociedad con altos índices de pobreza y de indigencia.

El gobierno de Mauricio Macri afirma que en sus 18 meses de gestión logró ahorrar unos dos mil millones de pesos de sobreprecios que se cargaron sobre la obra pública en las anteriores gestiones. Pero la tentación está vigente. Numerosas compañías que acompañaron los actos y giras del kirchnerismo están hoy prestas a aplaudir a la actual administración.

Basta un ejemplo. Un grupo de empresas que respaldó a la ex presidenta Cristina Fernández en su polémica gira por Angola y que hace poco cuestionó los métodos extorsivos del complejo La Salada integra hoy el núcleo de firmas que acompañan los actos de la administración macrista.

La sanción de una ley contra la corrupción empresarial implicará un castigo para quienes acudan a prácticas desleales y pondrá en un pie de igualdad en las licitaciones públicas a cientos de compañías.

Fuente: La Voz del Interior (Córdoba)