La responsabilidad penal de las personas jurídicas

El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará darle media sanción al proyecto de ley que penaliza a las empresas por hechos de corrupción contra la administración pública. Al respecto opinó para Télam la diputada nacional por la UCR-Mendoza, Patricia Giménez, vicepresidenta segunda de la Cámara Baja, quien integró la delegación argentina que participó este año del encuentro de la Red Parlamentaria Global de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

En los últimos 18 años no fue importante para el país la lucha contra la corrupción. ¿Se nos ocurre por qué?

El historial de escándalos por corrupción aquí y en el resto de los países de la región puede dar alguna idea. Pero además, hay evidencia objetiva. Argentina incumple desde 1999 los convenios internacionales firmados en materia de delitos de corrupción contra la Administración Pública y soborno transnacional.

Aprobar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas es clave para dejar de mentirnos como sociedad y como clase política, de que estamos comprometidos en erradicar la corrupción.

Esperamos que la semana próxima el proyecto sea sancionado en Diputados, pero ha costado mucho llevarlo al recinto. Hoy que tenemos un oficialismo preocupado por erradicar la corrupción, nos encontramos con una oposición que habla sobre la lucha contra la corrupción, pero que no se presenta a la hora de firmar los dictámenes.

Hay quienes todos los días denuncian delitos en la Argentina pero parece que no comprenden lo que esta legislación implica en la lucha contra los delitos de corrupción. Costó mucho poder dictaminar en las comisiones este proyecto de ley debido a la ausencia de partidos políticos que en su discurso dicen luchar contra la corrupción, pero que en los hechos no dan apoyo concreto para impulsar esta legislación.

Por otra parte, la falta de armonía de nuestro marco jurídico con el resto de los países acarrea problemas legales para resolver casos que fueron resonantes a nivel internacional, pero que en Argentina tanto las empresas como sus directivos todavía no han tenido ningún tipo de sanciones.

Esta ley es clave para que una empresa pueda ser condenada ya que los hechos de soborno trasnacional generan perjuicios para el Estado, porque en general afectan las licitaciones públicas que se traducen en sobreprecios, obra pública defectuosa o no realizada. Los sobornos se utilizan para comprar voluntades pero no para mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos.

Hoy estamos en un mundo que nos pide transparencia y tenemos que cumplir, en especial si queremos participar como miembro pleno de la OCDE, (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo) lo cual es fundamental para dar seriedad y un horizonte de largo plazo a nuestras políticas públicas.

(*) Diputada nacional por la UCR-Mendoza y vicepresidente 2° de la Cámara de Diputados.

Por Patricia Giménez

Fuente: Telam