Apura el Gobierno nuevas reglas para licitaciones

Macri firmará un decreto para establecer más controles y transparencia.

El Poder Ejecutivo se dispone a sorprender una vez más al Congreso con un nuevo decreto. Próximamente, el presidente Mauricio Macri firmará una norma destinada a dotar de un marco de transparencia el proceso de licitación, contratación y control de las obras públicas, con el doble propósito de evitar sobreprecios y prevenir conflictos de interés entre funcionarios y contratistas.

El objetivo de la Casa Rosada, visto en términos electorales, es marcar distancia de las prácticas del gobierno kirchnerista (y profundizar así la polarización), pero también curarse en salud por la cercanía que algunos proveedores del Estado tienen con el Presidente.

El decreto del Poder Ejecutivo promete desatar una ola de críticas de la oposición, que pretendía dar la discusión por medio de una ley. Así lo había prometido el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, que en julio pasado anticipó que enviaría un proyecto de ley al Congreso. Pero nunca llegó. En el ínterin, en la Cámara de Diputados se presentaron nueve iniciativas de distintos colores políticos, y la Comisión de Obras Públicas, al comando del peronista Sergio Ziliotto (hombre del gobernador Carlos Verna, de La Pampa) inició el debate. Los legisladores podrían avanzar y aprobar una ley, pero saben que, con el decreto ya en vigor, el debate legislativo pasará a un opaco segundo plano.

Es que para el Gobierno, sus necesidades políticas y electorales son más importantes que el rezongo y el malestar que puedan exhibir los legisladores. Por eso apuesta a la ejecutividad del decreto antes que al debate impredecible de un proyecto de ley que podría finalizar con un sinfín de modificaciones ajenas al espíritu que le pretendía imprimir el Gobierno.

Además, el decreto le permitiría al Presidente «curarse en salud» ante las sospechas, que a la oposición le gusta agitar, sobre su proximidad con poderosos empresarios de la construcción, como su primo Angelo Calcaterra -ex dueño de la constructora Iecsa- y su íntimo amigo Nicolás Caputo.

Sin debate

Pero la oposición no se quedará callada. «No creo en las autorregulaciones de los gobiernos», asestó Ziliotto. «El decreto será una falta de respeto al Congreso, que venía trabajando en acuerdos para sancionar una ley. Así, el Gobierno demuestra su desprecio al debate y a los acuerdos parlamentarios», despotricó también Diego Bossio (Bloque Peronista), autor de un proyecto de idéntico propósito que el decreto: dotar de transparencia al proceso de contratación de las obras públicas.

El decreto del Gobierno, a cuyos lineamientos principales accedió LA NACION, establece los siguientes objetivos:

• Transparencia: difusión obligatoria de todos los actos administrativos e hitos más relevantes del desarrollo de la obra, desde la idea hasta la puesta en funcionamiento. En este aspecto, se habilitará el acceso irrestricto, anónimo y gratuito a las bases y condiciones de la contratación vía internet y se dará a publicidad a todo el procedimiento.
• Evitar sobreprecios y cartelización: cuando la oferta resulte sustancialmente superior o inferior al presupuesto oficial actualizado, será desestimada. El decreto fijará un piso respecto de la oferta a la baja que puedan presentar los contratistas en una licitación (con relación al precio prefijado por el Estado) y un techo a la eventual renegociación al alza del precio acordado en el pliego.
• Se establecerá un nuevo Sistema Nacional de Calificación de Antecedentes de Constructores, a cargo del actual Registro Nacional de Constructores, dependiente del Ministerio del Interior y Obras Públicas. Allí se evaluarán los antecedentes de quienes participan en los procesos licitatorios.
• Las obras serán auditadas por la Sigen y la AGN.
• Informes semestrales a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con el objeto detectar posibles maniobras anticompetitivas.
• Publicidad de las declaraciones juradas de funcionarios que participen de las respectivas comisiones de adjudicación y empresas constructoras a los efectos de identificar potenciales conflictos de interés (incompatibilidades).
• Prevé, además, la suspensión de las empresas que realicen maniobras anticompetitivas en el Registro Nacional de Constructores de obras públicas.

Mayor alcance

Los proyectos de ley presentados en el Congreso son, a priori, más amplios en sus alcances que los que plantea el decreto oficial. El de Bossio, por caso, propone un control más activo del ciudadano en todo el proceso de licitación y contratación de obras públicas, al tiempo que sugiere la creación de un Observatorio Nacional de la Obra Pública y una comisión bicameral parlamentaria de seguimiento y control.

El propio oficialismo, en la voz de Elisa Carrió (Coalición Cívica) propone cambios más rotundos. En su proyecto de ley dispone redefinir la actual legislación, que data de 1947, acotando la posibilidad de contrataciones directas y promoviendo la transparencia a lo largo de los procesos de licitación y de contratación. Asimismo, propone un régimen estricto de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

Proyecto sobre fondos del FONAVI

El oficialismo en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para disponer la intangibilidad de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) y evitar que los gobiernos provinciales puedan usarlos para otro tipo de gastos. La iniciativa, elaborada por Soledad Carrizo (Cambiemos), cuenta con el aval de los jefes de bloque, Nicolás Massot (Pro) y del interbloque de Cambiemos, Mario Negri (UCR). En los fundamentos la legisladora advierte que si bien la ley que creó el Fonavi establece la asignación de los recursos para la construcción de viviendas (provenientes de un porcentaje del impuesto a los combustibles); acuerdos y pactos fiscales posteriores afectaron la exclusividad del destino de dichos recursos, otorgando a los órganos provinciales ejecutores un mayor margen de discrecionalidad para su aplicación, lo que ha provocado un desvío de su objetivo primordial.

Fuente: La Nación