Preparan un decreto para ponerle techo y piso a las ofertas de obra pública

El proyecto de Régimen de Transparencia fue la base. La norma establecerá un margen de 15% de más y de menos entre la oferta y el costo que fije el Estado

Enmarcado en el acuerdo por la reactivación de la construcción privada firmada por el gobierno nacional, gremios y empresarios del sector, la administración nacional prepara un decreto para la ejecución y licitación de la obra pública.

La intención primera era la de enviar al Congreso un proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la actividad, pero la necesidad de acelerar plazos y la posibilidad de que quede empantanado en un legislativo poco proclive a reunirse en un año electoral, el Ejecutivo decidió elegir el camino del Decreto para fijar nuevas reglas.

El documento, que según explicaron fuentes oficiales estaría listo antes de fin de mes, establece que aquellos que quieran participar de una licitación podrán ofertar con un piso/techo de 15% del costo que fije el Estado.

«Esto lo está trabajando el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y lo está articulando Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, con todos los ministerios que participan –Transporte, Interior y Energía–», explicó a El Cronista una fuente de la Casa Rosada.

La intención del decreto es darle previsibilidad a los costos de las obras públicas, dejando en claro que si el presupuesto oficial está en $ 100, los ofertantes no pueden ir a más de $ 115 o menos de $ 85 porque automáticamente la oferta será rechazada. «Hay un margen, que es que el superior jerárquico presente razones fundadas que amerite que se supere ese 15% de techo/piso», agregó la fuente.

Según publicó la agencia estatal Télam, en el nuevo modelo también planteará «castigos a los funcionarios que incumplan y también la expulsión del Registro de Contratistas a quienes se cartelicen». Además, en busca de frenar posibles incompatibilidades, plantearía que quien haya trabajado en estamentos del Estado que ejecutaron obras no podrá ser contratista por un lapso de cinco años.

Un detalle no menor es que esto no sólo regirá para las obras que liciten los ministerios de Interior, Transporte y Energía, sino que será para todas las que financie, de manera total o parcial, el gobierno nacional y las que sean avaladas parcial o totalmente por fondos del tesoro nacional, cualquiera que sea el contratante. Es decir, todas las que licitan las administraciones provinciales.

El borrador del nuevo Régimen de Transparencia, que sería replicado en su totalidad en el decreto que publicará el presidente Mauricio Macri a la vuelta de su gira asiática, propondrá también la difusión obligatoria de todos los actos administrativos e hitos relevantes del desarrollo de la obra desde la idea hasta la puesta en funcionamiento; accesibilidad a las bases licitatorias y procesos de contratación.

Además, las obras las auditará la Sigen y la AGN y se realizarán informes semestrales a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con el objetivo de detectar posibles maniobras anticompetitivas.

Una de las novedades con las que se buscará evitar incompatibilidades es que se publicarán las declaraciones juradas no sólo de los funcionarios sino también de las empresas constructoras que ganen licitaciones.

Por otro lado, entre los ejes principales del nuevo «Régimen de Transparencia y Buenas Prácticas para la realización de obras del Estado Nacional» que ahora será por decreto, queda establecido la «suspensión de las empresas que realicen maniobras anticompetitivas en el registro nacional de constructores de obras públicas».

 

Fuente: Cronista.com