Transparencia pública, un balance positivo para el Gobierno, pero con fuertes desafíos pendientes

El macrismo sancionó la ley de acceso a la información pública y la figura del arrepentido, pero otras iniciativas aún esperan.

La transparencia y la lucha contra la corrupción son dos emblemas con que el presidente Mauricio Macri pretende sellar su gestión y marcar un contraste con su predecesora, Cristina Kirchner. Después de 12 años de opacidad, distintas ONG rescatan avances, pero advierten que aún restan importantes desafíos por cumplir.

El cambio de clima que destacan las ONG queda, sin embargo, empañado por las denuncias de corrupción que sembró el kirchnerismo contra una veintena de funcionarios del gobierno de Macri. Ninguno está procesado en la Justicia, pero el impacto de esas denuncias preocupa al Gobierno, en plena campaña electoral. Más desapercibidas, en cambio, pasaron las más de 30 denuncias de la Oficina Anticorrupción contra ex funcionarios kirchneristas.

A poco más de un año en el poder, el macrismo logró dos leyes importantes: la ley de acceso a la información pública -se instrumentará en octubre- y la que instaura la figura del arrepentido para casos de corrupción. Están en debate otras dos iniciativas, la de extinción de dominio (que permite recuperar para el Estado los bienes de la corrupción) y la que impone sanciones penales a empresarios que cometan actos corruptos. En cambio, tres promesas aún no cumplidas son la sanción de una nueva ley de ética pública, una legislación que regule el lobby y una ley que dote de mayor transparencia las licitaciones de obra pública.

«El mayor avance es que el Gobierno no niega la agenda anticorrupción. Muestra mayor apertura para ofrecer información y se sancionaron leyes importantes. Quedan desafíos pendientes: mejorar los portales de datos abiertos; la información sigue siendo limitada», advirtió Pablo Secchi, de Poder Ciudadano.

Fernando Bracaccini, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), rescató la sanción de la ley de acceso a la información, aunque advirtió que se demora en reglamentarla. «Hubo reformas aisladas y falta una ley integral de ética pública que plantee el conflicto de intereses en los tres poderes del Gobierno, y una norma que haga más transparentes los procesos de licitación de la obra pública», sostuvo. Ambas ONG coinciden en que esta apertura no se observa en los poderes Legislativo y Judicial.

 

– Acceso a la información

Positivo

Sancionada en septiembre último, obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos a responder las solicitudes de información en un plazo no mayor a un mes. Se crea una agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico, que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Negativo

Las ONG advirtieron que la ley no fue reglamentada pese a que ya transcurrieron los 90 días de plazo dispuesto en la norma. Desde el Gobierno lo atribuyeron a demoras en la Secretaría de Legal y Técnica y afirmaron que la reglamentación se conocerá próximamente. La norma recién se instrumentará a partir de octubre próximo; así se estipuló para que los tres poderes del Estado se adapten a la ley.

 

– Datos abiertos en Internet

Positivo

Por el decreto 117/16, los ministerios fueron comprometidos a proveer información pública de manera periódica. En marzo de 2016, el Gobierno anunció el lanzamiento del portal de datos www.datos.gob.ar, que publicaría en formatos abiertos datos de la gestión vinculados con el gasto público, declaraciones juradas, pedidos de acceso a la información y empleo público, entre otros temas.

Negativo

Según el sitio Chequeado, sólo se publican 28 datasets aportados por los ministerios del Interior, Hacienda y Finanzas -hoy desdoblados-, Justicia y Derechos Humanos y Modernización) y la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña. La información que debería estar disponible está incompleta. De los 28 datasets, 24 no informan la frecuencia de actualización y reporta una actualización eventual.

 

– Declaraciones juradas

Positivo

La Oficina Anticorrupción, que lidera Laura Alonso, publica semestralmente las estadísticas sobre cuántos funcionarios públicos cumplen y no cumplen con su obligación de presentar sus declaraciones juradas. En su informe anual, detalló que el año pasado envió 330 intimaciones por incumplimientos y sancionó a 112 funcionarios incumplidores después de formularles sucesivas advertencias.

Negativo

El portal del Gobierno www.datos.gob.ar contiene dos archivos, cada uno de los cuales presenta en formato abierto las declaraciones juradas presentadas en 2014 y 2015, respectivamente. No hay declaraciones juradas de 2016. Pese a sendas notas remitidas por la Oficina Anticorrupción, la Corte Suprema y la Procuración General no hacen público las declaraciones juradas de sus respectivos planteles.

 

– Conflictos de intereses

Positivo

A raíz del polémico acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, el Presidente anunció dos decretos para regular los conflictos de interés, uno con un protocolo de acción en casos de juicios contra el Estado y otro vinculado a las contrataciones públicas. Se invitó a las ONG a que participen y realicen sus aportes. El oficialismo en Diputados presentó un proyecto de ley para ampliarlo a los tres poderes.

Negativo

Las ONG y la oposición reclaman que los conflictos de interés sean regulados por medio de una nueva ley de ética pública. Según la OA, hay más de 150 actuaciones sobre funcionarios por posible configuración de conflictos de interés. En 2016 casi se ha duplicado la cantidad de casos iniciados tomando como referencia 2003, año en que más asuntos se habían promovido, con 42 casos.

 

– Leyes contra la corrupción

Positivo

A propuesta del gobierno nacional, se sancionaron las leyes de acceso a la información pública (que contempla los tres poderes del Estado) y la que instaura la figura del arrepentido para los casos de corrupción. El Gobierno presentó iniciativas para que el Estado recupere bienes producidos por la corrupción (como la de extinción de dominio) y de sanción penal a los empresarios corruptos.

Negativo

Pese a que lo prometió en agosto pasado, la administración nacional no presentó aún en el Congreso el proyecto para hacer transparente los pasos en las licitaciones de las obras públicas. El Senado demora la sanción de la ley de extinción de dominio, que volverá a la Cámara de Diputados con modificaciones. También está pendiente un nuevo proyecto de ley de ética pública.

 

– Denuncias judiciales

Positivo

Dependencias del Gobierno formularon importantes denuncias contra la gestión kirchnerista. La Dirección Nacional de Vialidad, por presuntos sobreprecios en la obra pública; en PAMI, por desmanejos de los recursos, su ex titular fue procesado. La OA presentó más de 30 denuncias y se presentó como querellante en las causas emblemáticas que afectan al kirchnerismo por corrupción.

Negativo

La Justicia imputó a una veintena de funcionarios del gobierno de Macri a raíz de denuncias presentadas por el kirchnerismo. Las acusaciones afectan al Presidente (casos Panamá Papers y acuerdo con el Correo Argentino); a la vicepresidenta Gabriela Michetti (origen de los fondos sustraídos de su domicilio) y a buena parte del elenco de gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

 

– Organismos de control

Positivo

Tras 12 años de parálisis, la Sigen y la Oficina Anticorrupción exhiben una mayor disposición a la investigación y al control. La Sigen realizó informes exhaustivos sobre la herencia del kirchnerismo, incluidas en el compendio «El Estado del Estado». La Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, anticipó que este año comenzará a auditar distintas áreas de la administración de Macri.

Negativo

Las ONG reprochan que la Oficina Anticorrupción siga siendo comandada por un funcionario del Poder Ejecutivo (en la actualidad, por Laura Alonso). La enorme mayoría de los informes de la Sigen son del período kirchnerista; muy pocos son de la actual gestión. Además, no son de acceso público vía web. Y el cargo de Defensor del Pueblo está vacante desde 2009 por falta de acuerdo en el Congreso.

 

– Contrataciones del Estado

Positivo

Según Chequeado, en el porta lwww.datos.gob.ar se publican datos referidos a las compras y contrataciones del Estado: dos archivos con las convocatorias y las adjudicaciones realizadas en 2015. Además, el catálogo de bienes y servicios que utiliza la administración pública para clasificar las contrataciones que realiza, y una serie de datos del Sistema de Información de Proveedores (Sipro).

Negativo

Si bien la última actualización de estos datos fue en enero de 2017, los datos corresponden a las operaciones realizadas hasta 2015. No hay actualizaciones del último año. Por otra parte, desde Chequeado señalaron que en ninguno de los cuatro conjuntos de datos que ya son públicos se especifica la frecuencia de actualización esperada ni el tipo de licencia bajo la cual se publica.

 

– Gestión de intereses

Positivo

El decreto 1172/03 establece que cada organismo del Estado debe llevar un registro de las audiencias de los funcionarios. Este punto se encuentra en el sitio nacional de datos abiertos a través de la publicación de un registro histórico de audiencias entre 2004 y 2016. La norma vigente se limita a las áreas del Poder Ejecutivo, pero el plan del Gobierno es extenderlo a todos los poderes del Estado.

Negativo

El Gobierno prometió el año pasado que enviaría al Congreso un proyecto para regular la actividad de representantes de las empresas ante funcionarios (ley de lobby). Aún no se presentó, pero fuentes oficiales aseguran que ya está redactada y se espera el visto bueno de la Secretaría de Legal y Técnica. Se presentaría el mes próximo y contemplaría un registro para lobbistas y otro de audiencias con funcionarios.

 

– Empleados públicos

Positivo

El portal de datos abiertos ofrece la nómina del personal contratado durante 2015 por el Poder Ejecutivo, correspondiente a las áreas incluidas en la administración central y en la descentralizada. La nómina incluye datos fundamentales, como nombre, apellido, CUIT, dedicación, organismo en el que presta tareas y modalidad de financiamiento del contrato, entre otras informaciones.

Negativo

El Estado cuenta con diferentes modalidades para contratar personal y la lista publicada se limita a las contrataciones realizadas por los decretos 1421/02 y 2345/08, sin referirse a las contrataciones encuadradas en otros marcos legales, como los convenios de cooperación con las universidades u organizaciones. Además, queda pendiente la publicación de las contrataciones realizadas en 2016.

Fuente: La Nación