La ley de participación público privada agilizará inversiones por u$s 40.000 millones

El Gobierno reglamentó la ley 27.328 de contratos de participación público privada (PPP), instrumento que para el oficialismo permitirá atraer y agilizar inversiones por alrededor de US$ 40.000 millones.

El nuevo régimen apunta a «desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica», señala el decreto 118 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La ley fue sancionada por el Congreso a mediados de noviembre y, de acuerdo con las previsiones oficiales, permitirá viabilizar el financiamiento por un monto de alrededor de US$ 40.000 millones destinado a un conjunto de obras de infraestructura.

La centralización normativa de los contratos prevista por la ley recaerá en la Unidad de Participación Público Privada, en la órbita del ministro de Finanzas, Luis Caputo, con la asistencia del Ministerio de Hacienda.

El decreto declara «de interés nacional» todos los proyectos que se desarrollen en el marco de la ley 27.328 e invita a las provincias a adherirse al régimen y a que eximan del impuesto de Sellos a todos los contratos y subcontratos a ser ejecutados total o parcialmente en sus territorios en el marco de la PPP.

A lo largo de más de 40 carillas, la norma define el alcance de los conceptos «Auditor Técnico»; «Autoridad Convocante»; «Contraprestación», «Contraprestación por Uso», «Contratista PPP», «Contrato PPP?» y «Ente Contratante», entre otros.

Establece además que no podrán incluirse en el régimen previsto los proyectos cuyo único objeto sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro Nacional.

El nuevo régimen excluye o limita significativamente las facultades de la administración pública: entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato; la rescisión por razón de interés público; la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones; y la limitación de la responsabilidad estatal.

Según el decreto, la Unidad de PPP solicitará al Ministerio de Hacienda que comunique al Congreso el impacto fiscal de los compromisos asumidos.

El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, ratificó semanas atrás la intención gubernamental de incrementar la inversión en infraestructura y pasar de 2 a 6 puntos del PBI, con un aumento de poco más de US$ 10.000 millones anuales a más de US$ 25.000 millones.

Fuente: Clarín