Mendoza aceleran construcción de dos penales
Cornejo apura las licitaciones de dos cárceles. La fecha fijada es marzo. Harán un nuevo penal al lado de Almafuerte y terminarán el de presos federales, con fondos de la Nación. Buscan bajar el hacinamiento.
Las cárceles son un desvelo del Gobierno provincial. En el entorno del gobernador Alfredo Cornejo dicen que “la política de seguridad parte del supuesto de que las detenciones ayudan”, pero además está la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde donde se advierten las condiciones de alojamiento de los presos en Mendoza. Así es como en la primera quincena de marzo, se realizarán las compulsas de precios para construir dos penales en la zona de Cacheuta.
Para ser precisos es construir uno nuevo desde cero, ese por el que la Legislatura aprobó endeudamiento por 90 millones de dólares en junio del año pasado, y terminar el complejo federal que se licitó en épocas en las que Celso Jaque era gobernador y que nunca se terminó.
Para este último penal, la Nación ya ordenó la transferencia de 58 millones de pesos mensuales para acelerar la construcción. En total, costaría 500 millones de pesos.
El penal nuevo tiene como historia haber nacido de la propuesta de una empresa (Grupo Álvarez) en el gobierno de Francisco Pérez. Cuando llegó Cornejo a la Gobernación, la idea cobró impulso, aunque quedó fuera la posibilidad de que el privado que propuso la idea fuera la constructora; simplemente Cornejo pidió la autorización para tomar deuda y llamar a licitación.
A principios de marzo se hará el llamado a licitación para iniciar la construcción de este penal, denominado Almafuerte II, aunque aún no está previsto que la Provincia salga a buscar financiamiento para cubrir la construcción. La idea es que las empresas oferentes propongan financiamiento propio, para abrir el abanico de opciones y considerar las ventajas de ese financiamiento.
El costo de este penal previsto es de 75 millones de dólares, por lo que habría un remanente de 15 millones de dólares que se usarían para mejoras en el penal de Almafuerte I y en la construcción de una gran planta de tratamiento de efluentes para atender los residuos de todos los edificios penitenciarios de la zona.
Almafuerte II alojará a 904 internos en tres pabellones, uno de alta seguridad, uno de media y uno de mínima; la gran diferencia entre esos espacios es que en máxima seguridad se alojará un preso por celda, mientras que los otros dos niveles serán hasta tres internos por celda. Entre baja y media serán 700 internos, en el de máxima serán 204 plazas.
La cárcel federal es otra historia. Hubo una licitación llamada por el Ministerio de Justicia de la Nación que ganó la UTE conformada por la empresa de origen español Isolux Ingeniería SA y la cordobesa AMG Obras Civiles. El contrato con la ganadora de la licitación fue firmado el 29 de marzo de 2011. En noviembre de 2015, antes de que asumiera Cornejo, el Gobierno nacional decidió rescindir el contrato por incumplimientos de la contratista.
Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, se iniciaron gestiones para que la UTE retomara los trabajos y terminara con la obra. Pero el 18 de noviembre de 2016, fueron las contratistas las que solicitaron el fin del contrato porque se rompió la ecuación económico-financiera.
En diciembre pasado, el Ministerio de Justicia recuperó el predio donde se construye la cárcel federal. Ese mismo día Cornejo y el ministro Germán Agravando firmaron el convenio para que la Provincia se haga cargo de llevar adelante la obra.
El Gobierno se propone llegar a principios de marzo con el diseño legal del concurso de precios que pretende para retomar esta obra. A priori, prefieren dejar de lado la figura de la licitación pública para acortar los plazos de adjudicación. Además, tienen la idea de otorgar un “incentivo” a la empresa que ofrezca completar la obra en menos de 18 meses, que es el plazo máximo previsto conjuntamente por los técnicos nacionales y provinciales.
El Centro Federal Penitenciario Cuyo tendrá una capacidad de 600 internos. Un pabellón de para alojar 400 hombres y otro para 200 mujeres.
Según el ministro de Seguridad Gianni Venier, el hacinamiento se produce por un excedente de 400 internos y los presos federales son casi 500. “Estaríamos 1 a 1 en cantidad de plazas e internos”, se entusiasma Venier, quien ve que terminar esta obra aliviaría la situación de Mendoza ante CIDH. “Estamos haciendo el esfuerzo de incrementar un 50% las plazas existentes”, dice el ministro
Sumarán 50 mil metros cubiertos
El subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala, comenta que Almafuerte II, el penal que arrancará de cero, se asentará en un terreno de 40 mil metros cuadrados y tendrá una superficie cubierta de 20 mil metros cuadrados.
Contará con talleres, aulas para completar estudios primarios, secundarios y hasta para cursar estudios universitarios. Además contará con salas de audiencias para disminuir al mínimo los traslados de reclusos al palacio judicial. Serán los magistrados los que deban trasladarse hasta Cacheuta. Contará con tres barreras de seguridad separadas entre sí por 50 metros.
El plazo de ejecución será de 24 meses.
En el caso del Centro Federal Penitenciario Cuyo, Chicahuala comenta que el penal llegará a 30 mil metros cuadrados cubiertos y el terreno es de 3 hectáreas. Los pabellones son de dos pisos, por lo que se usa menos terreno.
El plan oficial incluye varias ampliaciones
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, se entusiasma cuando habla del plan para incrementar las plazas carcelarias en un 50%. Comentó que se trabaja en mejoras para habilitar 90 plazas nuevas en el penal Sixto Segura de San Rafael y otras 50 en la Alcaldía de Tunuyán.
El listado de Venier incluye la recuperación de la Alcaldía de Boulogne Sur Mer, “que no se usa hace años”, para alojar otros 40 internos.
En el Centro de Contraventores, también se trabaja para incremento de plazas, unas 40 más; en el Centro Transitorio de Detención del Palacio Policial también habrá lugar para 25 detenidos más.
Además Venier recordó que próximamente se estará inaugurando el Pabellón 9 sur de Boulogne Sur Mer, que podrá alojar a 45 internos.
Además, hay un proyecto que podría ser anunciado a mediados de año: la construcción de pequeñas cárceles en los departamentos.
Fuente: Los Andes
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