Vidal enfrenta el cartel de la construcción bonaerense y habilita empresas de otras provincias

Quiere romper la cartelización de la obra pública. «Nos terminará ahogando», advierten desde la Cámara de la Construcción.

Los empresarios de la construcción de la provincia de Buenos Aires están que trinan con el proyecto de ley de obra pública que redactó el Ejecutivo bonaerense y que la Legislatura intentará aprobar en marzo.

Es que esa ley no pone ningún tipo de restricción sobre el origen de las empresas que pueden operar en el territorio provincial. Y, como refiere la máxima del derecho, lo que no está prohibido expresamente, está permitido.

En el Ejecutivo consideran obsoleta e inadecuada la ley actual de obra pública que ya tiene más de 50 años. Para los funcionarios del gobierno de Vidal termina siendo una traba a la hora de avanzar con el plan de infraestructura y además es conocida la cartelización de las constructoras que operan en la provincia y se nuclean en la sede bonaerense de la Cámara Argentina de la Construcción.

Vidal busca con el ingreso de jugadores de otras provincias, romper el histórico cartel de la obra pública en la provincia, que se nuclea en la regional bonaerense de la Cámara Argentina de la Construcción.

El oficialismo en la Legislatura bonaerense tiene todo listo para aprobar el proyecto apenas comiencen las sesiones ordinarias del próximo año. El texto ya pasó por la comisión de Obras Públicas y el despacho tiene 13 firmas.

“Habilitaron el ingreso de empresas de otras provincias con la excusa de acelerar los tiempos de adjudicación y los controles del Estado. Estamos de acuerdo en esos puntos, pero sin dudas la entrada de constructoras de otras provincias nos terminará ahogando”, dijo a LPO un empresario de la construcción de La Plata que aceptó hablar en off the record.

El planteo que hacen es concreto: Las constructoras de la provincia de Buenos Aires no pueden licitar en ninguna otra provincia. En tanto, las empresas de todo el país van a poder licitar obra pública en el territorio bonaerense. “Esto nos lleva a la quiebra”, dicen.

Fuentes del Gobierno de Vidal dijeron que el problema es que desde hace muchos años unas pocas firmas son las dueñas de la obra pública en la Provincia. «Solo los inscriptos en el registro de proveedores podían contratar con el estado. Al abrirse el registro a otros, más empresas participan de las licitaciones, con lo cual las obras pueden hacerse a menor costo», explicaron. Y agregaron que los viejos actores del mercado «se niegan a participar de licitaciones con nuevos oferentes que puedan presentar precios más bajos».

Desde el bloque Cambiemos son terminantes. “La ley está lista para ser aprobada y tiene el respaldo de la oposición. Solo la modificaremos si Vidal nos pide que lo hagamos”, dicen.

El proyecto fija un marco legal integral para los contratos que se firmen entre el Poder Ejecutivo o las empresas y sociedades del Estado para la construcción de bienes inmuebles, los trabajos que modifiquen el terreno o el subsuelo y las tareas de reforma, ampliación, reparación, recuperación y conservación.

La norma propone modificaciones de fondo en el actual sistema con dos objetivos centrales. En primer lugar, acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Según estimaciones de los funcionarios del área, hoy con la actual legislación entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca “el primer ladrillo” se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. La idea es reducirlo tanto como sea posible.

Fuente: La Politica on Line