El Gobierno exige a las provincias que justifiquen el gasto en vivienda

Envió a gobernadores e intendentes dos notas para que demuestren en qué gastaron los fondos; comprobó que algunas obras habían avanzado mucho menos que el dinero aportado; es la condición para nuevos desembolsos

Los funcionarios dedicados a la obra pública tienen al menos una certeza: no quieren terminar siendo protagonistas de los titulares de los diarios, las pantallas de televisión o los estrados judiciales de la misma manera que sus antecesores, el equipo liderado por el ex ministro de Planificación Julio De Vido (el funcionario kirchnerista con más causas abiertas), y cuya figura sobresaliente es el ex secretario de Obras Públicas José López, detenido desde principios de año tras intentar esconder US$ 9 millones en un convento.

Por eso pusieron en marcha un plan para transparentar en dos movimientos el destino de miles de millones de pesos que la administración de Cristina Kirchner giró a provincias y municipios para la construcción de viviendas sociales.

En julio y agosto pasados, la Secretaría de Vivienda y Hábitat, que maneja Domingo Amaya, les envió a todos los gobernadores -incluidos los oficialistas- y a los intendentes que recibían de manera directa los fondos dos notas para verificar en qué se gastaron los recursos destinados a la construcción de viviendas que les envió el Estado nacional.

 

Fue la primera gran reacción al descalabro que encontró la administración Macri, que tras comparar planillas confeccionadas de manera irregular y visitar algunos proyectos detectó que muchas obras tenían un grado de avance inferior al declarado y al que correspondería según los pagos hechos por el Estado.

En julio se enviaron notas a los institutos provinciales de vivienda, el nexo entre los gobernadores y el gobierno nacional para captar los fondos del Estado. Allí, la secretaría les reclama que envíen para cada iniciativa el «certificado de avance físico y su correlato con el avance financiero de la misma». El mismo documento pide también que las provincias clasifiquen en qué etapa se encuentra la obra (finalizada, en ejecución, paralizada) o si se pide la baja de aquélla.

 

«Mediante las presentes acciones se busca depurar la cartera de obras, así como corroborar responsabilidades inherentes al cumplimiento de los acuerdos firmados con el Estado nacional», sostiene la nota que recibieron las provincias. El lenguaje amistoso de su redacción no debe confundir su objetivo: encontrar irregularidades en la ejecución de los fondos para viviendas sociales en los últimos años del kirchnerismo.

Hay algunos casos llamativos. Según fuentes de la Secretaría de Vivienda, Entre Ríos devolverá $ 2,5 millones que le envió el Estado nacional porque no puede justificar el avance de la obra en proporción a los fondos que recibió. El número es menor si se lo mira en el marco de las cuentas nacionales, pero demostrativo de la nueva situación en la que las autoridades exigen pruebas para corroborar el destino de los recursos. El Gobierno sospecha que Corrientes hará lo mismo, y hay más casos en que podrían retornar fondos públicos por la falta de realización de los proyectos.

En paralelo, Vivienda se tornó más exigente al momento de pagar la construcción de las viviendas sociales. El 18 de agosto les hizo llegar un documento a provincias y municipios donde establece nuevos criterios para liberar fondos.

 

Cada documento que se le envíe a la secretaría con pedido de pagos deberá estar acompañado de ocho fotografías georreferenciadas (con el posicionamiento espacial del inmueble) que reflejen el grado de avance de la obra que se está certificando.

Cuatro de ellas deberán ser tomadas desde cada vértice y cuatro desde el centro en dirección a cada uno de los puntos cardinales para permitir «observar y evaluar el grado de avance físico informado».

Esa documentación tendrá carácter de declaración jurada. Así, Vivienda espera evitar más casos como el de Perugorría, una localidad correntina a la que se le pagaron $ 24 millones por viviendas que nunca se completaron, según sostuvo una fuente oficial. La estela de ese conflicto llega hasta el principio de este gobierno. Sucede que la intendencia de esa localidad le envió a la Secretaría de Vivienda el certificado del final de obra, por lo que la actual gestión desembolsó los poco más de $ 5 millones que faltaban para completar los pagos. Sin embargo, cuando envió una auditoría, quedó en evidencia que el proyecto tenía un grado de avance inferior al que indicaba el control oficial.

Es un tema que aún está en discusión. En declaraciones a LA NACION, voceros de Angelina Lesieux, la intendenta de Perugorría, sostuvieron que las obras están en construcción, pero se demoraron porque el distrito está en emergencia hídrica y energética. Además, acusaron demoras en el desembolso del dinero.

También se pusieron en marcha otros procedimientos para disminuir el riesgo de que el dinero de las viviendas desate nuevos casos de corrupción. Por ejemplo, los fondos para las casas y para la mejora del hábitat se transfieren ahora a una cuenta específica para ese rubro que se les obligó a abrir a todas las provincias. Antes, las gobernaciones solían utilizar una sola cuenta bancaria para recibir los fondos que les enviaba la Nación, algo que hacía imposible rastrear el destino final del dinero, uno de los primeros trabajos que hace la Justicia para verificar si hubo irregularidades en el uso de los fondos públicos.

Y desde hace aproximadamente dos meses el Gobierno comenzó a hacer auditorías con drones en distritos de todo el país para corroborar el estado de las obras y si el avance físico está en línea con las erogaciones que hizo el Estado.

Condiciones para recibir más fondos

Control por carta

Las cartas fueron enviadas a los institutos provinciales de vivienda. En la primera se requiere «certificado de avance físico y su correlato con el avance financiero» de cada obra

 

En la segunda nota se piden «ocho fotografías georreferenciadas que reflejen el grado de avance de la obra que se está certificando»

Declaración jurada

La nota destaca que la información enviada a la Secretaría de Vivienda «tendrá el carácter de declaración jurada del funcionario público» que la envíe y que esa presentación «será condición necesaria y excluyente para realizar futuros pagos»

 

La Nacion

 

Fuente: La Nación