Media sanción para el proyecto para agilizar la inversión en la obra pública

El Senado aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que reglamenta los contratos de participación público-privada entre el Estado y empresas particulares de la Argentina y del exterior para agilizar el desarrollo de la obra pública.

La iniciativa fue respaldada por 48 votos a favor y 13 en contra, durante un debate que duró tres horas.

El proyecto fija normas para los contratos denominados de “Participación Pública-Privada”, en referencia a aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional, en carácter de contratante, y sujetos privados, en carácter de contratistas.

La iniciativa busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.

Además, habilita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a celebrar este tipo de contratos “actuando en un marco de competencia e igualdad de condiciones en el sector privado”.

Se busca implementar un nuevo modelo de ejecución y control de la obra pública, la mejora de la eficiencia, la baja de costos, la mayor competencia y la publicidad de cada una de las licitaciones.

Aprueban proyecto para agilizar la inversión en la obra pública

El oficialismo y la oposición le introdujeron varias modificaciones al documento impulsado por el Poder Ejecutivo, algunas en el recinto de sesiones, entre las que se destacan el seguimiento de las contrataciones y la inclusión de una auditoría que deberá llevar a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN). Asimismo, se garantiza la participación de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, las de capital nacional.

El presidente de la Comisión de Infraestructura, el kirchnerista correntino Carlos Espínola destacó que el proyecto enviado por el Ejecutivo es “una iniciativa que fue exitosa en otros países”, pero destacó que “se debe lograr que su finalidad tenga aplicación federal para lograr obras de infraestructura también en el interior”.

El radical santacruceño Alfredo Martínez, en tanto, destacó el “impacto general en la creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas”, mientras que su correligionaria tucumana, Silvia Elías de Pérez, aseguró que “los objetivos son aumentar la inversión en infraestructura”.

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, defendió su apoyo al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional mencionando que “el gobierno necesita contar con los instrumentos para llevar adelante su política económica”.

Además, aprovechó para cuestionar la postura de algunos de sus compañeros de bancada que criticaban la prórroga de jurisdicción en caso de diferencias entre los inversores y el Estado.

“Entre las obras del Presupuesto 2017 están mencionadas las dos represas de Santa Cruz que tienen financiamiento chino. La realidad a veces es enemiga de lo posible. Esas represas tienen prórroga de jurisdicción en Londres para lograr el financiamiento. Me gusta ser realista, porque si no, no hablamos con la verdad”, enfatizó.

En cambio, la neuquina del Movimiento Popular, Lucila Crexel cuestionó que el gobierno nacional “en tanto no respete al Estado que representa, menos van a respetar al Estado los inversores externos”.

Por su parte, la kirchnerista pampeana Norma Durango apuntó que su provincia, por su escasa población, “no va a tener ningún inversor”, mientras que su colega misionera, Sandra Giménez, habló de la “pérdida de soberanía”.

En cambio, el senador de PRO, Alfredo De Angeli, cuestionó que “si no se le da la posibilidad de invertir a capitales extranjeros, van a seguir desapareciendo los pueblos” y aclaró: “esto no es un negociado, es un negocio”.

El peronista jujeño Walter Barrionuevo, por su parte, elogió al proyecto recordando que el ex presidente Néstor Kirchner ya lo había propuesto a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en 2005.

“Entre otros aspectos que hacen que este proyecto no sea malo está que la obra se paga cuando se termina, lo que elimina mayores costos”, señaló.

El ultrakirchnerista Marcelo Fuentes denunció que “esta ley es una trampa” y vaticinó que “no van a venir los capitales hasta que los sueldos no bajen a los niveles de algunos países de Asia”.

Otro de los que votó en contra fue el porteño de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas quien subrayó que “este proyecto es una vuelta atrás” y denunció que “se está entronizando al Estado bobo y a la imbecilidad de los Argentinos”.

Fuente: Telam