…no cambió nada para prevenir hechos de corrupción…

Entrevista: Natalia Volosin, Especialista en Delitos Economicos

“Sólo hay una fachada de buen gobierno …traslada los problemas del ámbito papel al digital”

Para la abogada, Macri pretende dar una imagen transparente.

El nuevo gobierno no cambió nada para prevenir hechos de corrupción. De hecho los cambios que hicieron en el sistema de contrataciones son para peor, porque generaron mayor discrecionalidad y menor oportunidad de control. Tampoco sirven esos proyectos que se anuncian como grandes medidas anticorrupción, como la digitalización de determinada información, pero que no tienen ningún impacto real, sólo traslada los problemas del ámbito papel al digital. Eso es lo que llama “fachada de buen gobierno”, se pretende dar una imagen de transparencia pero no se cambia nada. Argentina hace obra pública con una ley de 1947, ¿qué nivel de transparencia puede tener una ley de 1947? Tampoco tenemos ley en materia de compra de bienes y servicios, nos regimos por un decreto del 2001. La ley de conflicto de interés también es muy precaria, y el gobierno actual no está haciendo nada por cambiarlo, y no creo que lo haga nunca porque sería básicamente cortarse las manos.

P-¿Cuáles son sus efectos más nocivos de la corrupción? ¿Hasta dónde se extienden sus consecuencias?

R-La corrupción no es un problema moral abstracto solamente, es un problema concreto que genera daño real en la vida cotidiana de las personas. La corrupción estructural es selectiva, es decir, que genera daño a los sectores más vulnerables de la sociedad. Recientemente se conocieron las condiciones de detención de la cárcel federal de Mendoza, las condiciones de tortura, porque jurídicamente a eso se le llama tortura. Ahí no es simplemente que faltan recursos, es que hay corrupción. El Servicio Penitenciario Federal se queda con la comida de los presos, y básicamente eso tiene que ver con el sistema de compras público. Los contratos del SPF se hacen mediante un sistema muy pobre que les permite discrecionalidad. Además los sectores afectados más vulnerables son los que menos acceso a la justicia tienen, por lo cual es más probable que queden impunes.

Esas son las consecuencias que no se muestran y que no se miden. La Oficina Anticorrupción debería trabajar en medir estos efectos y mostrárselos a la población, ponerlo de forma gráfica para que la gente adquiera una noción real del impacto y que eso le sirva después para tomar decisiones políticas y electorales.

P-¿Cuáles son las principales herramientas en la lucha contra la corrupción que existen? ¿Cuáles deberían implementarse?

Hay quienes creen que el problema de la corrupción se puede reducir al “tamaño” del Estado, y que si el Estado se achica disminuye la corrupción. Esto es falso. Está empíricamente demostrado en el mundo que no es un problema de más o menos Estado o más o menos regulaciones, sino de la eficiencia de esas regulaciones. Las privatizaciones en Argentina, en los ‘90, generaron oportunidades de corrupción y fueron medidas típicamente neoliberales de achicamiento del Estado.

R-Yo me concentraría sobre todo en dos elementos, desde el lugar del Estado, en la lucha contra la corrupción. Por un lado, la visibilización de cara a la población, mostrar los costos reales en la vida cotidiana. Explicar de qué se trata el problema para que pueda haber debates públicos. Lo segundo que haría es intentar hacer análisis institucionales preventivos. A mi entender el sistema penal en este caso no es relevante, si bien es importante mejorarlo porque los procesos de investigación son obsoletos, el código procesal penal hay que modificarlo. Hay muchos jueces y fiscales que hoy se plantan desde Cómodo Py como los paladines de la lucha contra la corrupción pero que históricamente fueron cómplices. Pero el sistema penal siempre va a llegar tarde, aunque fuera eficiente, es una herramienta que actúa a posteriori, cuando el hecho ya está consumado. Como lo demuestra el caso de la tragedia de Once, cuando los hechos ocurrieron ya es tarde, la gente ya está muerta.

Lo que hay que hacer es realizar análisis sectoriales del Estado e implementar las modificaciones necesarias para reducir las oportunidades de corrupción que ofrece el sistema y fortalecer los mecanismos de control. Los estudios están hechos, es cuestión simplemente de que desde el gobierno muestren la voluntad de realizar las modificaciones que hay que realizar. Porque si no estamos siempre auditando el pasado y nunca intentamos prevenir que vuelva a suceder.

P-¿Cómo ves las medidas adoptadas por el nuevo gobierno?

R-El nuevo gobierno no cambió nada para prevenir hechos de corrupción. De hecho los cambios que hicieron en el sistema de contrataciones son para peor, porque generaron mayor discrecionalidad y menor oportunidad de control. Tampoco sirven esos proyectos que se anuncian como grandes medidas anticorrupción, como la digitalización de determinada información, pero que no tienen ningún impacto real, sólo traslada los problemas del ámbito papel al digital. Eso es lo que llama “fachada de buen gobierno”, se pretende dar una imagen de transparencia pero no se cambia nada. Argentina hace obra pública con una ley de 1947, ¿qué nivel de transparencia puede tener una ley de 1947? Tampoco tenemos ley en materia de compra de bienes y servicios, nos regimos por un decreto del 2001. La ley de conflicto de interés también es muy precaria, y el gobierno actual no está haciendo nada por cambiarlo, y no creo que lo haga nunca porque sería básicamente cortarse las manos.

“Argentina hace obra pública con una ley de 1947, ¿qué nivel de transparencia puede tener?”.

Natalia Volosin, especialista en delitos informáticos.

 

Natalia Volosin es abogada especializada en temas de criminalidad económica y control de corrupción. Fue asesora de organismos públicos y académicos y escribió numerosos artículos sobre el sistema de compras públicas en Argentina, la “cultura de la corrupción” y diferentes estrategias en la lucha contra la discrecionalidad en el uso de fondos públicos.

Fuente: Diario Rio Negro