Estado de parálisis en la obra pública

Por Diego Cabot | LA NACION

Pasó decenas de veces en la historia de la Argentina. Y en este 2014 de caída de la actividad con inflación, vuelve a pasar una vez más. Los números de la obra pública se derriten con el paso caliente de la inflación. Los aumentos de precios se comen los presupuestos; las fórmulas de actualización no alcanzan a empardar la cuenta y las administraciones son remolonas a la hora de apurar los números . Y como si fuera poco, el dinero no alcanza para mantener el ritmo. Sin financiamiento, muchos proyectos sólo quedan en eso.

La obra pública ha entrado en un vertiginoso momento de incertidumbre. Los grandes proyectos, anunciados una, dos y hasta ocho veces, están paralizados. Los medianos se ralentizaron. Apenas los chicos se mantienen con cierta inercia, producto de los pagos que tratan de mantener a flote muchas pymes constructoras.

En los primeros dos meses del año, los datos que compila el Gobierno muestran la caída. «El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), en el mes de febrero de 2014 con respecto a igual mes del año anterior, bajó 5,2% en términos desestacionalizados y 5,5% en la serie con estacionalidad», reconoce el Indec en el informe difundido a fines de marzo. En febrero el despacho de asfalto cayó 19% frente al mismo mes de2013. «Llovió casi todo febrero y eso impacta en los despachos», explican cerca de YPF, principal proveedor de la materia prima por excelencia del mundo vial. Los argumentos podrían refutarse con los datos de un soleado enero: la caída fue de 6,9 por ciento.

De los fríos números que se desprenden del presupuesto surge que la prioridad está en los subsidios: mientras que en 2006 por cada peso de inversión había 1,5 en subsidios, en 2013 la cuenta terminó en 3,2 pesos a uno de inversión. De ese monto, la obra pública es sólo una parte.

La relación entre subsidios y bienes de capital es determinante a la hora de ver las prioridades presupuestarias de la gestión. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la inversión real directa representó desde 2006 entre el 5 y el 6% del gasto primario. Entonces, los subsidios eran el 8% de esas erogaciones. Pero los tiempos y las urgencias cambiaron. El año pasado, en las transferencias a las empresas privadas para sostener las tarifas se fueron 18 de cada 100 pesos que se giraron.

Sin embargo, Andrés Cambouleyrón, ingeniero industrial y economista especialista en regulación económica, apunta otro gran tema por considerar: «Más allá de tener en cuenta el monto total de la inversión, hay que medir la eficiencia de esa erogación. Y, según lo que se puede ver en los principales rubros de infraestructura, el gasto no es demasiado eficiente».

LA NACION habló con siete constructoras que tienen contratos de obra pública y todas coinciden en dos cosas. La primera es no expresar sus opiniones en voz alta. «La venganza del Gobierno puede ser letal para nuestros balances maltrechos», explicó una de ellas. Con más o menos énfasis, ésta es la postura de todas. La segunda coincidencia tiene que ver con las quejas: la inflación, la demora en los pagos, la falta de dinero del Estado y la ausencia de financiamiento es un cóctel explosivo. «A las pequeñas empresas, que trabajan más con los planes de vivienda les están pagando. Allí hay mucha mano de obra comprometida y, además, no hay espalda para aguantar la carga de la inflación. Las grandes suelen usar las partidas que se debieran utilizar para amortizar máquinas pesadas como dinero para pagar los gastos operativos. Es decir, pierden capital», dice una constructora cuyo dueño suele encontrarse seguido con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

A decir de Julio Crivelli, abogado experto en obra pública y concesiones y cuyas palabras son a título personal y forman parte de la opinión de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), de la que es miembro, la situación del sector se resume en la descripción de dos áreas -Vialidad Nacional y Plan Federal de Viviendas-, que ocupan hoy la abrumadora mayoría del sector.

«En ambos sectores existen graves distorsiones provocadas por los aumentos de costos. No hay que olvidar que los contratos se pactan a valores existentes al momento de la oferta y se ejecutan a lo largo de dos o tres años, según sus plazos con los costos de cada mes, que, por supuesto, varían. Para absorber estos costos que varían existe un sistema llamado «redeterminación de precios»», dice Crivelli.

El sistema, que tiene más de diez años y fue aprobado en épocas de Roberto Lavagna como ministro de Economía, no está pensado para crecimiento de costos como los actuales. «Funciona relativamente bien con una inflación de un dígito», dicen en una constructora. La puesta en marcha de este mecanismo provoca graves distorsiones en los precios que efectivamente se pagan en las obras.

«Estas pérdidas se acumulan mes tras mes y llegan a valores muy altos. Las obras por ahora siguen, algunas con ritmo problemático porque los costos inherentes a la paralización de una obra son altísimos y por ahora superan a las pérdidas que provoca el sistema de redeterminación. Si sigue esta tendencia, las obras irán disminuyendo su ritmo o paralizándose», agrega.

En la Cámara de la Construcción, el debate sobre el impacto de la inflación en los negocios de las empresas asociadas es cada vez más encendido. «El Gobierno se niega a dialogar sobre alguna solución», dice el dueño de una empresa.

En la entidad dicen que el tema preocupa y confirman que podría impactar en el nivel de empleo del sector. Pero aclaran que la ejecución presupuestaria que se muestra en los números presupuestarios es buena. Sin embargo, lo que mide la Cámara es lo que se devenga sobre lo autorizado. Pocos datos se siguen de lo que se anuncia, la mayoría de las veces con conspicuos constructores enfurecidos en aplausos a la hora de los anuncios.

«En los corredores viales, de aquel plan de obras que se debiera realizar a cambio de mantener las rutas se ejecuta muy poco. De alrededor de diez obras previstas, sólo se ponen en marcha dos», dice una de las compañías que se dedica al peaje.

Hace pocos días, Facundo Moyano, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peaje y Afines (Sutba), reconocía ante este cronista la falta de obras en los corredores viales. «Hay muy poca obra en esas rutas. Y así este esquema de peajes es insostenible», se sinceró.

ANUNCIOS DEMORADOS

Además de algunos programas de vivienda, que tienen financiamiento del Tesoro, hay otros programas que se mantienen activos. Uno de ellos es Vialidad Nacional que goza de varios impuestos directos que se cobran a los combustibles y que se derivan directamente a las arcas del organismo. Hay otros casos que también siguen con dinero disponible para obras, como algunas obras energéticas que se presentan como logros del Estado, pero que se pagan con dinero de los contribuyentes (sean consumidores industriales o domiciliarios).

La gran excepción es el transporte. «Para ese sector hay dinero disponible», dijo una constructora que participa de la construcción de la vía nueva que unirá Rosario con Buenos Aires. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, ha logrado cierta autonomía presupuestaria a la hora de utilizar fondos para mejorar los trenes. Y allí sí avanzan varios proyectos (como los cambios de vías en varios ramales o gran cantidad de pasos bajo nivel).

Pero los grandes ausentes son los grandes anuncios de inversión. Las obras energéticas, por caso, son las principales víctimas del combo que significa la inflación de alrededor de 30% y la falta de financiamiento para semejantes proyectos. El soterramiento del ramal Sarmiento, una obra adjudicada al Consorcio Nuevo Sarmiento, una UTE formada por la italiana Ghella, las argentinas Iecsa y Comsa, y la brasileña Odebrecht, está a la espera de que se resuelva finalmente el financiamiento de la obra. «Por lo que se sabe, falta definir en qué jurisdicción van a tramitar las controversias en caso de que hayan. Se está tratando de que sea un país neutral de la región. Pero, por ahora, todo está parado», dijo una fuente cercana al consorcio. La obra, que fue anunciada varias veces por la presidenta Cristina Kirchner, será mayoritariamente financiada por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.

Otra obra plurianunciada son las dos centrales hidroeléctricas que se construirán en el cauce del río Santa Cruz. Las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic fueron adjudicadas a un consorcio integrado por Electroingeniería y la firma china Gezhouba. Sin embargo, aun el sistema de financiación de la obra, que debía ser aportado por el ganador de la licitación, no terminó de cerrarse. Nuevamente la visita del presidente de China, Xi Jinping, que llegará al país el próximo 19 de julio, es la carta de esperanza para conseguir US$ 4714 millones para construir las represas y otros US$ 2099 para la mejora del ramal Belgrano Cargas.

Se podrían enumerar decenas de obras que nunca arrancaron como, por ejemplo, Los Blancos, otra represa en Mendoza que está paralizada, o la postergada Atucha, cuyas instalaciones fueron utilizadas en plena campaña electoral de 2011 para que la Presidenta inaugure un circuito de serpentinas de enfriamiento, pero que aún no se puso en marcha. El gasoducto del NOA, anunciado más de diez veces, tampoco se inició jamás, así como tampoco decenas de autopistas que jamás se construyeron como Pilar-Pergamino o Luján-Carlos Casares, por dar dos ejemplos.

Así es la obra pública en la Argentina, que se da el lujo de retrasar cuatro años el Centro Cultural del Bicentenario que se debió terminar en 2010 y que aún está lleno de andamios.

UNA PARTE DEL GASTO QUE ES VARIABLE DE AJUSTE

La historia traumática de las obras públicas plurianuales ha sido una constante en la historia de la Argentina. Con sólo mirar los datos contables que presenta el Estado a través de la Cuenta Ahorro Inversión año tras año se puede observar el escaso o nulo grado de ejecución que tienen centenares de proyectos que pasan de presupuesto en presupuesto. Uno de los casos es el edificio corporativo del Correo Argentino.

Algo similar ocurrirá con el proyecto de construcción de un edificio corporativo para el Correo Central. De acuerdo con el presupuesto 2014, el Gobierno pagará $ 200.000 en cada uno de los próximos tres años para una obra que, según los cálculos del presupuesto, saldrá $ 514 millones. Para 2015 se prevé un avance físico de la construcción de 1 por ciento. El 99% restante quedará para más adelante.

Con la restauración del puente Nicolás Avellaneda sobre el Riachuelo se da el mismo caso: el 61 por ciento de la obra queda para después de 2015, así como 42 millones de pesos de 70 millones que se estima que costará.

Fernanda Reyes, dirigente de la Coalición Cívica/ARI, es una de las legisladoras que más estudió el mundo de la obra pública, especialmente los planes de vivienda. «Lamentablemente la obra publica es un mecanismo más de ajuste del Gobierno. En el presupuesto año a año aparecen miles de obras que ni siquiera se inician y el resto se tiene manejo discrecional absoluto hacia las provincias amigas. Esto puede observarse en los Planes Federales de Vivienda, información que hemos presentado a la Justicia junto a Elisa Carrio. Es muy difícil controlar la ejecución presupuestaria y física de la obra publica, la información es ínfima, lo que les permite que el Gobierno tenga no sólo mayor discrecionalidad en la distribución sino también en la ejecución y determinación sobre qué obras siguen y cuales no. Sigue siendo el gran negocio del Gobierno al que sólo pueden acceder los amigos. Ahora, además, es una nueva variable de ajuste», dijo la ex legisladora.

El peso de los subsidios ha sido uno de los grandes rubros por el cual se amesetó la obra pública. Según el Iaraf, el gasto en obra pública se ha ubicado sistemáticamente desde el año 2006 por debajo al gasto ejecutado en subsidios. «Asimismo, la discrepancia entre ambas partidas ha resultado cada vez más relevante a lo largo del período que va entre 2006 y 2013. Concretamente, a partir de 2009 la inversión pública fue perdiendo preponderancia en relación a las partidas de subsidios; pasó de representar 47 por ciento de aquellos a 31 por ciento en 2013. En el primer bimestre del año, esa relación es de 39 por ciento..