Cartelización: la génesis de la corrupción en la obra pública

Los empresarios admiten que siempre hubo maniobras para digitar las licitaciones; los mecanismos y los principales actores de los acuerdos

Todos los viernes, un grupo de empresarios se reúne a comer. Asado, por lo general. Cena «de camadería» -así la definen-, en la que comparten buenos vinos, chistes malos, se alertan sobre riesgos, cruzan información y, de ser necesario, coordinan cómo encarar los proyectos más jugosos. O cómo lidiar con algún funcionario. Es apenas un atisbo de la «cartelización» de la obra pública, según afirman algunos de ellos que aceptaron dialogar con LA NACION.

«Para ciertas licitaciones, el «armado» es a través de la Cámara [Argentina] de la Construcción (CAC), pero para los de Vialidad, es la ‘Camarita’ la que juega», cuenta un veterano con más de 30 años en el sector. Alude a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con sede en Piedras al 300, frente a Vialidad Nacional.

«Veinticuatro horas antes de una licitación podía armarse una reunión en la oficina de la «Camarita» para coordinar las presentaciones de cada empresa», cuenta otro empresario, que recuerda una vieja anécdota: «En la sala de reuniones había una imagen de la Virgen de Luján, protectora de los caminos, y antes de empezar la reunión la dábamos vuelta para que no presenciara lo que hacíamos».

El presidente de la «Camarita», Rodolfo Perales, lo niega, indignado. «No existe la cartelización. Absolutamente no. Pensar en algo así cuando hay cien empresas que compiten es imposible», dijo a LA NACION, para luego añadir: «Espero que quienes hablaron con usted no sean socios de nuestra cámara».

-Lo son.

-Lo lamento. No deberían…

Los empresarios consultados, sin embargo, descargaron toda o parte de la responsabilidad por la cartelización -y los sobreprecios- en los funcionarios de turno, a los que algunos constructores aluden con el eufemismo de «el socio» al que no pueden citar por su nombre.

«La corrupción viene de arriba y los empresarios nos adaptamos al sistema porque así los negocios son más fáciles», argumentó uno. «El Estado es el que carteliza. Y las empresas la aceptan para protegerse. Hay muchas familias que dependen de eso», añadió otro que recordó el caso de un constructor que se negó a pagar y le secuestraron a un hijo.

Otro empresario ofreció una visión más crítica. «En teoría, si no te metés en los arreglos no ganás un contrato, sí. Pero los empresarios callaron y ahora varios encima hacen lobby para que no salga la ley del arrepentido, no jodamos», se sinceró. «Fueron… fuimos -se corrigió a sí mismo- cómplices».

¿Cómo eran las negociaciones, en la práctica, con los funcionarios?

«Durante el gobierno de Menem los contratos chicos pagaban hasta el 0,5% y los grandes 2%; ya con Duhalde subió al 3%; y con Kirchner, llegó al 10%», detalló un empresario. «La primera obra que recuerdo era para Bariloche, y bajó el mensaje que a partir de entonces había que «poner el Diego». Néstor era un desaforado», agregó.

A partir de ese momento, cuentan, un interlocutor clave pasó a ser el financista Ernesto Clarens, quien recibía a empresarios en oficinas de la constructora de Lázaro Báez, Austral Construcciones, en Pasaje Carabelas. Luego en otra de la calle Maipú. Después, en Puerto Madero.

«Clarens te recibía y adelante tuyo llamaba a Kirchner para reportarle las novedades», contó un ejecutivo que lidió varias veces con el financista. «Lo llamaba y le decía, ‘Lupín, anotá’, y le pasaba las novedades».

El presidente de la «Camarita» también lo negó. «Conozco a Clarens. En algún momento trabajamos con él. Es una excelente persona y es falso lo que cuentan sobre él», indicó Perales a LA NACION.

«Además eso del 10% es falso», añadió el referente de Perales Aguiar SA, que en los ’90 afrontó una tormenta por un presunto pago de sobornos al entonces ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, acusación que se diluyó en Tribunales. LA NACION intentó consultar a Clarens a través de sus abogados, pero no fue posible.

El ex número dos de Vialidad nacional, Sandro Férgola, se convirtió en otro interlocutor habitual de los empresarios. Primero en su oficina de Vialidad y luego en las de Rovella Carranza, donde recibió a más de un ejecutivo con un latiguillo que los descolocó. «¿Esto? Esto es de José», en alusión a José López, su superior de Obras Públicas devenido en depositario de bolsos millonarios en un convento que no es tal.

La constructora Rovella Carranza ya salió al cruce de esas versiones, que investiga la Justicia, y negó toda relación societaria o laboral con López.

A Clarens y Férgola se suman otros nombres. Entre ellos, los del entonces interventor del Occovi, Claudio Uberti, quien «atendía» en el café Volta, sobre avenida del Libertador, y operó para López hasta su caída por el «caso Antonini». Entonces lo reemplazó -en el Occovi y para todo lo demás- un histórico de Vialidad, Gustavo Gentili, que llegó de la mano de su mujer, Laura Andino, a la que ubicó como interventora de Autopistas del Sol, bajo su ala.

A ellos se sumaron otros interlocutores habituales para los empresarios. Entre ellos, el contador Andrés Galera y Guillermo «el ñoqui» Fernández, que solían actuar como emisarios de José López -algo que negaron ante la Justicia-. También, Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián, el socio y lugarteniente de Cristóbal López, más conocido como «el burrito» -porque decía que la tenía «más larga que todos» los empresarios- y solía atender en el hotel Hilton de Puerto Madero, o en la avenida Córdoba.

«Círculo cerrado»

«El reparto de obras es un círculo cerrado en el que se simula una competencia entre las constructoras», simplificó otro empresario. «Al punto de que a veces la empresa que se acuerda que va a ganar -añadió-, se encarga hasta de preparar los sobres que las otras empresas van a presentar para perder la licitación».

Otro constructor cuenta que cada empresa primero calcula su oferta, en la que incluye su costo directo (materiales, equipos y otros rubros), indirecto (capataces, jefes de obra, etc) y un adicional por riesgos. Eso arroja el costo total directo, al que se añaden los gastos generales de empresa, que refleja el costo total de obra, al que luego se añaden los costos financieros. «Y a eso, los sobreprecios para repartir entre los funcionarios y las empresas que van a simular la competencia.»

-¿Qué significa eso?

-Digamos que el funcionario pide el 10%, ¿ok? Bueno, a eso súmele otro 5% para el ganador (porque no voy a correr el riesgo sin un premio para mí, ¿no?). Y a eso, añádale otros 2 puntos para las empresas que perdieron. Total, 17% de sobreprecio. ¿Se entiende?

La cartelización -que además suele darse por regiones o provincias-, incluye prácticas propias. Entre otras, «el remate», como lo calificó un veterano de la obra pública.

«El «remate» es que cada empresario pone en un papelito cuánto repartirían entre sus competidores de lo que van a ganar si se quedan con la obra. Entonces, el contrato se lo queda el que promete repartir más y así todos ganan», explicó. «Claro que depende de un «pacto de caballeros». Y acá -añadió sin ironía-, todos lo son.»

 

 

Fuente: La Nación