Entrevista a Ricardo Delgado

«Ser competitivos bajando los salarios no es la solución»

• RICARDO DELGADO, SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FEDERAL

El economista asegura que “el 60% del presupuesto en obra pública se invertirá en lo que resta de 2016”.

PROMESA. Habrá un registro único de constructores de obra pública.

Periodista: Los gobernadores y los intendentes se quejan porque dicen que no recibieron fondos de la Nación para obra pública en el primer semestre del año. ¿Esto es cierto?

Ricardo Delgado: Vamos a cumplir con la pauta presupuestaria de este año que supera los 200.000 millones de pesos. Estamos previendo ejecutar mucho más en los próximos meses. Ya se empieza a sentir a partir de julio. Para agosto, septiembre y octubre estamos planificando inversiones, ejecuciones presupuestarias mayores que las que tuvimos en los primeros cuatro o cinco meses del año. En ese momento la ejecución se paró por una cuestión de responsabilidad. Es que encontramos mucho desorden administrativo, obras no certificadas, otras que estaban paradas porque tenían retrasos en la redeterminación de precios desde 2014. Y no podíamos pagar sin expedientes, con certificados de obra incompletos, con avances físicos de obra muy inferiores a la certificación financiera. Esto es lo que encontramos y tuvimos que ponerlo en caja, pero a partir de julio y agosto la ejecución se comenzó a acelerar.

P.: ¿Cuánto se desembolsó en la primera parte del año?

R.: En el primer semestre estuvimos en alrededor del 37%, por lo que para lo que resta del año queda más del 60% del presupuesto y esto va a impactar fuertemente. No sólo aspiramos a ejecutar el presupuesto, sino también a cambiar muchos procedimientos internos que hacen a la burocracia del Estado. No queremos subejecutar el presupuesto. Mi aspiración es terminar el 31 de diciembre habiendo ejecutado todo el presupuesto de más de 220.000 millones de pesos, esa es la definición política que dio el Presidente y vamos a llegar. Sé que las otras áreas que tienen a su cargo importantes obras de infraestructura, como Energía y Transporte, también están en esa dirección.

P.: ¿Cuánto representa su área en el total de la inversión pública en infraestructura?

R.D.: Cerca del 37%, el más grande es Energía y nosotros tenemos más o menos lo mismo que Transporte.

P.: ¿Qué impacto va a tener en la economía el vuelco de este 60% del presupuesto en los pocos meses que quedan del año?

R.D.: Esperamos un impacto muy importante. La obra pública repercute directamente en la construcción que es el gran multiplicador de la actividad económica. Y sobre todo en el empleo. Desde la mitad del año pasado hemos perdido casi 60.000 puestos de trabajo en la construcción. Estamos iniciando un cambio de modelo de gestión en infraestructura, fíjese que ya está en el Congreso el proyecto de ley de participación público-privada, que va a permitir que el Estado y el sector privado puedan asociarse en proyectos puntuales, por ejemplo hospitales, cárceles, obras en municipios, rutas.

P.: ¿Están viniendo muchos fondos del exterior interesados en invertir en infraestructura?

R.D.: Sí, pero hay un problema. Viene dinero, hay interés inversor y no tenemos desde el Estado qué ofrecer, qué proyecto nos interesa porque no hubo planificación. También hay mucho interés de los gobernadores en intervenir en el proyecto de participación público-privada porque saben que muchas obras provinciales van a poder hacerse a través de este mecanismo. Esta iniciativa viene a llenar un vacío que existía entre la ley de obras públicas, donde el Estado paga o financia a través de créditos internacionales, y la ley de concesiones que fue la que se usó en muchos casos en los años 90.

P.: Los empresarios se quejan de los costos, argumentan que se pierde competitividad y en parte por falta de obras de infraestructura. ¿Qué puede decir al respecto?

R.D.: Los argentinos tenemos que aprender que bajar costos devaluando la moneda es el peor de los caminos. Ser competitivos bajando el salario es la peor de las soluciones porque eso aumenta la pobreza, la inequidad y ya lo hemos vivido. Dicho esto, se plantean dos cuestiones centrales. Una es bajar el costo del financiamiento. El costo del capital va a bajar, está bajando sensiblemente. El otro es la infraestructura.

P.: ¿Cómo piensan evitar la cartelización y los sobreprecios en la obras pública?

R.D.: Estamos trabajando en un proyecto de ley que tiene que ver con la transparencia, la publicidad de toda la obra pública, no sólo el llamado a licitación, sino también la difusión de quiénes se presentaron, quién ganó, a qué precio, las certificaciones de obras, las modificaciones, todo el proceso. Toda esta información estará disponible en la web para todos. Queremos tener un registro que sea único y que certifique que tal constructor puede participar en tal licitación porque tiene la capacidad técnica y financiera para hacerlo.

P.: ¿Todos se tendrán que reinscribir?

R.D.: Va a haber un período en el que sí. El problema es cómo se califica a las empresas. Hoy, por ejemplo, pondera más una empresa que tiene 80 años de antigüedad que otra con 5 años pero mejores máquinas. Queremos que sea lo suficientemente restrictivo para que sea el único organismo que da esta certificación de capacidad desde el Estado nacional, porque esto tiene que ver con la posibilidad de cartelización.También el tema de los pliegos va a formar parte de esta ley.

P.: Los constructores se quejan por la falta de actualización en los precios y por las demoras en los pagos…

R.D.: El año pasado a la mitad de las obras no se les pagó nada. Recibimos un deuda de 8.200 millones de pesos. La situación ahora cambió. Los certificados de obra se pagan entre 60 y 90 días.

Por: Liliana Franco

 

Fuente: Ambito Financiero