Régimen de Control para la Obra Pública

El Gobierno elabora un régimen de control para la obra pública

Presentará una proyecto de «transparencia y buenas prácticas» en el sector; la Oficina Anticorrupción observará a las contratistas.

Licitaciones digitadas de antemano, retornos, cartelización, «listas de la felicidad» y redeterminaciones de precios sospechosas. Es larga la lista de maniobras que pasaron a ser vox populi en el mundillo de la obra pública durante los últimos años. Los hechos de corrupción que dejó la gestión del ex ministro de Planificación Julio De Vido despabilaron a todo el arco político. El Gobierno ahora se plantea cómo mostrar mayor control sobre el sector. Sobre todo, porque algunos proveedores del Estado son muy allegados a Mauricio Macri y está en el aire el fantasma de Lázaro Báez y el conflicto de interés.

Son varias las medidas y los proyectos que están en gateras para mostrar transparencia en la obra pública. Algunos, fueron mencionados por el Presidente durante recientes entrevistas televisivas, como respuesta a la pregunta siempre incómoda acerca de qué tratamiento tendrán la empresas de su íntimo amigo Nicolás Caputo o Iecsa, la constructora que su primo Ángelo Calcaterra puso en venta este año.

Según pudo conocer LA NACION, el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, están afinando los detalles de un nuevo proyecto bautizado «ley de transparencia y buenas prácticas en la obra pública». Se presentará en el Congreso los próximos días, una vez que se ajuste la letra chica. La iniciativa oficial pone énfasis en la publicación de los pliegos de licitación de manera gratuita en Internet para que los interesados concursen de manera anónima, pero a la vista del público.

«Con la ley de obra pública que estamos trabajando se modificará en parte la norma vigente. Fue una instrucción presidencial», dijo Chaín a LA NACION.

Por otro lado, la norma buscará pautar los mecanismos de redeterminación de precios en las obras de infraestructura, un punto siempre gris que se agrava en épocas de inflación. Para tratar ese tema esta semana se reunió una mesa interministerial a la que también se sentaron los empresarios y representantes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). Como telón de fondo está el conflicto de las obras quedaron paralizadas con el cambio de gestión, porque ahora, para reactivarlas, los empresarios piden montos que podrían generar un agujero en las arcas públicas.

Otros proyectos

Más allá de la iniciativa que redacta el Gobierno, distintos actores políticos advierten que quedan varios vicios sin resolver. Hoy rige una ley de obras públicas que data del año 1947. La Coalición Cívica (CC), aliada de Cambiemos, presentó este año un proyecto para derogar aquella norma y generar un régimen nuevo.

Otro proyecto de la CC plantea ir más allá y terminar con los anticipos financieros o «por acopio» a las obras de gran envergadura. Para el diputado Fernando Sánchez, autor del proyecto, «si bien el adelanto de obra no está formalizado, es un uso y una costumbre instalada que siempre fue la manera más fácil de cobrar coimas». «Lo que planteamos es que el Estado no puede adelantarle dinero a las empresas grandes. Excluimos a las firmas más chicas, porque sino quedarían afuera de las licitaciones», señaló. Elisa Carrió apoyó esta iniciativa, aunque el Gobierno ya le transmitió a su espacio que quiere preacordar para que Cambiemos haga un planteo conjunto.

Entre los proyectos presentados este año por la oposición figura uno del kirchnerismo que pide que los organismos convoquen a audiencias públicas antes de llamar a licitación. El Frente Peronista de San Luis, en tanto, presentó una iniciativa para exigir una certificado de libre deuda a los concesionarios.

Reunión con empresarios

Esta semana, la Oficina Anticorrupción mantuvo una reunión con el comité ejecutivo en pleno de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), encabezada por su titular, Juan Chediack. Se trata del empresario que generó un cimbronazo cuando dijo que «se conocía que había coimas en Vialidad» y que «Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López sabían que había empresas que cobraban antes que otras», aunque luego ante la Justicia relativizó esos dichos.

En la reunión, la titular de la OA, Laura Alonso, tomó nota de distintas necesidades del sector pero les transmitió a los privados que se dará luz verde a un proyecto de ley de «responsabilidad de empresas en casos de corrupción y soborno transnacional». Según señalaron a LA NACION testigos del encuentro, el foco de la iniciativa es que las constructoras, en tanto personas jurídicas, paguen una multa por los delitos de corrupción que en su nombre cometen las personas físicas que las integran.

En la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en tanto, ya funciona una «oficina móvil» de la OA para generar «control activo y políticas de prevención». Según señaló a este medio Diego Martínez, director de la unidad, están realizando capacitaciones y abrirán canales para recibir de denuncias anónimas sobre irregularidades en contratos. Eventualmente abrirán sumarios internos o harán denuncias penales.

El Gobierno no desconoce que Macri está bajo la lupa por posibles conflictos de interés con algunos contratistas de obra pública. La OA elaboró una «selección de proveedores» a ser monitoreados. En la lista están, entre otros, Caputo, Chediack y Iecsa, con la intención de hacer un seguimiento más exhaustivo de sus contratos con el Estado.

 

 

Fuente: La Nación