Organizaciones sociales ya no manejarán planes de vivienda

Jujuy – Lo anticipó el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya. Anunció, además, que no se trabajará más con la Tupac Amaru y los proyectos se encararán directamente con el gobierno jujeño.

Importante cambio en la política de vivienda (Foto: www.nacionaltucumano.com.ar)

El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, indicó ayer que el Estado nacional no firmará más convenios con organizaciones sociales para la construcción de viviendas.

El funcionario visitó la capital tucumana junto al secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain, para avanzar con plan de obras de cara a los festejos por Bicentenario de la Declaración de la Independencia.

Amaya reconoció que la decisión de eliminar la intermediación de las ONG fue motivada por las sospechas de corrupción durante el gobierno anterior, como el escándalo protagonizado por la organización Tupac Amaru en Jujuy, cuya titular, Milagro Sala, permanece detenida.

«La nueva política de vivienda es no trabajar más con ninguna institución intermedia en la construcción de casas. En los próximos días, el Presidente y el ministro del Interior (Rogelio Frigerio), comunicarán la decisión de terminar con la intermediación de las ONG en estos planes», dijo Amaya a la prensa local.

Agregó, además, que «el Presidente quiere que todas las cooperativas sigan trabajando y construyendo viviendas como lo venían haciendo, pero con sus obreros bancarizados y en condiciones de recibir el pago del 100% de lo que les corresponda por su tarea».

Por otra parte, aseguró que «por decisión del Presidente, la Secretaría de Vivienda y Hábitat no trabaja más de manera directa con la Tupac Amaru, sino que los proyectos ahora se encaran directamente con el Estado de Jujuy”.

“Ahora hay un doble control, por parte de la Provincia y de la Nación, que puso a disposición de los organismos de control toda la documentación sobre los convenios firmados durante la anterior gestión con esta organización para que éstos definan si corresponde o no recurrir a la Justicia», añadió.

Amaya se refirió también al caso de la Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, por un pago irregular ordenado durante el Gobierno de Cristina Fernández.

«Esto está siendo evaluado por los organismos de control, como la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción, porque se detectó que el Estado nacional había girado incorrectamente fondos por $ 5,6 millones que se tienen que devolver a la Nación», precisó.

El funcionario le comunicó a Trimarco que «los terrenos que el anterior Gobierno le había cedido en comodato a su Fundación, que eran del Ejército e iban a utilizarse para la construcción de viviendas, no pueden utilizarse con ese fin».