La Pampa  Acueducto del Río Colorado Anulado

Verna anula licitación del tramo del Acueducto de General Pico. Informe legal habla de «graves irregularidades» que determinan «nulidad absoluta»

El gobernador Carlos Verna decidió revocar el decreto de su antecesor, referido a la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado, esgrimiendo “razones de ilegitimidad”, y la obra quedó en un impasse que habrá que ver cómo se resuelve. En tanto, y en razón de un acto que implica consecuencias importantes para el futuro de una obra trascendental, resulta altamente probable que las actuaciones puedan ser giradas en principio a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, para que determine si el ex gobernador Oscar Mario Jorge, y algunos de sus más inmediatos colaboradores durante su gestión, incurrieron en el delito de “incumplimiento de los deberes del funcionario público. Aunque el decreto consta de sólo tres artículos -dos de ellos de forma-, sus considerandos se extienden en más de 30 carillas, fundamentando la decisión que deja sin efecto el decreto 34 de fecha 13 de febrero de 2013. 

Viciado de irregularidades graves

Concretamente el decreto que firman el gobernador Verna y su ministro de Obras Públicas, Julio Bargero, señala que el nº 34/13 firmado por Oscar Mario Jorge “se encuentra viciado de irregularidades graves determinantes de nulidad absoluta, por ello, corresponde su revocación por razones de ilegitimidad, de conformidad con lo normado en el artículo 82 de la NJF 951/79”, que no es otra cosa que la Ley de Procedimientos Administrativos. La decisión del gobernador Verna significa un duro revés para la administración de su antecesor, porque se desacredita lo actuado en torno a una obra que se consideraba fundamental para dotar de agua potable a las localidades de Winifreda, Eduardo Castex, Monte Nievas, Metileo y General Pico.

Cabe señalar que el contrato de la obra se encuentra paralizado y suspendido sus plazos desde el 22 de septiembre de 2015, después que la Legislatura provincial rechazara un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo referido a “demasías y economías contractuales”. Esa situación motivó que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos requiriera de Asesoría Letrada de Gobierno consideración y análisis de los actuado, y esa dependencia oficial realizó un análisis desde su origen “a fin de contextualizar las posibles soluciones legales que se estimen procedentes”.

 

Vicios notorios

En una muy dura consideración el Poder Ejecutivo provincial menciona que “el acto administrativo (vinculado al segundo tramo del acueducto) adolece de vicios manifiestos ostensibles, que no requieren de una investigación de hecho para detectarlos. Se trata de vicios que le provocan una nulidad igualmente manifiesta, y así se la debe declarar a fin de cumplir con la función esencial referida al mantenimiento del principio de legalidad y juridicidad. Se advierten vicios notorios que condicionan su presunción de legitimidad, circunstancia determinante para que se disponga su revocación por nulidad absoluta”.

Uno de los puntos esenciales de las observaciones que se realizan en torno a la obra es que se entiende que “se modificó en forma grave y manifiesta el Pliego de Bases y Condiciones que rige la obra, al dejar sin efecto uno de los objetos del contrato y modificar la forma de pago”. El expediente de la obra había comenzado en 2008, y avanzó hasta la adjudicación a las empresas Supercemento SA y OAS Constructora y el costo se había evaluado en 376,53 millones de pesos; hasta que una redeterminación de precios el año pasado elevó el presupuesto a 1.365 millones.

 

¿No termina aquí?

Alguien que conoce muy bien los entresijos de la administración pública sostiene que la cuestión no se termina con la nulidad del decreto del ex gobernador Jorge, y que un acto de ese tipo -la revocación- tiene obvias consecuencias: se entiende desde el Ejecutivo provincial que no se actuó debidamente. ¿Habría entonces margen para considerar que hubo una actuación dolosa; que se debe investigar, por ejemplo, si hubo incumplimiento de los deberes del funcionario público?. Parece ser una posibilidad concreta, y habrá que esperarse para conocer si las actuaciones son giradas a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

 

Indolencia o dejadez

“Las partes no cumplieron sus obligaciones”, y “no hay explicación al desinterés, o si se quiere desidia, indolencia o dejadez”, dice el decreto de Verna. Agrega que “se violenta el pliego porque las multas a la contratista no podrán superar el 5% del total del contrato”; tampoco se iniciaron los trabajos dentro de los 5 días del Acta de Replanteo, y la contratista podría haber incurrido en causales de rescisión por la Ley nº 38. También la Administración incumplió el pago del anticipo financiero del 10% del monto contractual, que debe abonarse dentro de los 30 días de la firma del contrato.

 

Lo que pretendía Oscar Jorge

En su momento el gobierno provincial elevó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley solicitando autorización para poder disponer de una importante suma -estimada en unos 20 millones de dólares- resultante de “las ‘economías’ emergentes del contrato” del segundo tramo del acueducto. La intención del gobierno jorgista era aplicar ese monto a obras adicionales vinculadas al emprendimiento. Además se argüía desde el gobierno provincial que, de no otorgarse la autorización legislativa, podría perderse la financiación para el acueducto hasta General Pico.

Marcos Paz, el abogado que había asumido como ministro de Gobierno de Jorge, en sus últimos meses de gestión, explicaba en aquel momento que “la obra se adjudicó en 2011 y la empresa que ganó la licitación estaba obligada a conseguir un crédito de Brasil por 38 millones de dólares.

 

Más explicaciones.

Desde el Ejecutivo se indicaba que se trataba de “una obra interjurisdiccional, cuyo proceso licitatorio se realiza en La Pampa pero es pagada por la Nación”. También se señalaba que la empresa debía conseguir aquel crédito y hasta que eso no sucediera “no se daba por iniciada la obra. La empresa consiguió el crédito este año, pero cuando lo informó Nación decidió que iba a pagar el acueducto con fondos propios. Es decir que la empresa cumplió con su parte pero cambiaron algunas circunstancias y ocurrió que Nación de esos 38 millones de dólares que se iban a afectar tiene la posibilidad de ahorrarse casi la mitad”, dijo Marcos Paz.

 

Economías y demasías

El gobierno, al enviar su proyecto a la Cámara de Diputados, trataba de explicar que los caños para la obra que se iban a comprar en Brasil finalmente se fabricarían en nuestro país, lo que significaba un ahorro importante; y que por eso se iba a producir una situación más ventajosa económicamente para la empresa. “Cuando se producen ‘economías’ y ‘demasías’ (un tecnicismo) en función de eso se hacen las determinaciones. En este caso con esa ‘economía’ (ahorro), ese beneficio fue otorgado igualmente a nuestra provincia, indicó el ministro.

Esas consideraciones se hicieron cuando se envió el proyecto de ley a la Legislatura, y se señalaba además que con aquel ahorro que se pensaba obtener se harían otras obras vinculadas al acueducto, como por ejemplo dos cisternas de reserva, una en Santa Rosa y otra en General Pico. Los diputados no aprobaron esa solicitud, y sobrevino la paralización contractual.